Si se llega a aprobar en el Senado, la reforma tendría que entrar en vigor a partir de 2024.
Las reformas constitucionales no son retroactivas, como no lo fueron las relativas a la reelección de diputados y presidentes municipales.
El presidente López Obrador no puede someterse a una consulta de revocación de mandato en julio de 2021 porque él fue electo hasta 2024.
Tampoco podría extender su periodo presidencial, por esa misma razón.
Y sin embargo la preocupación persiste. ¿Por qué?
Porque algunos piensan que con una interpretación a modo de la Suprema Corte, sí puede someterse a revocación de mandato dentro de dos años tres meses, lo que violentaría el orden constitucional.
Si se violenta el orden constitucional para someter a consulta acortar el periodo del presidente en funciones, también puede violentarse para extender el mandato presidencial.
Soy de los que piensan que AMLO no tiene en mente reelegirse, aunque puede cambiar de opinión. O el siguiente presidente.
Por donde se vea, estamos hablando de palabras mayores.
El punto está en que la consulta de revocación rompe todas las reglas de la equidad electoral.
En un país presidencialista como México, se ha tratado de castigar cualquier participación del jefe del Ejecutivo en las elecciones.
Todavía hoy le cobran a Vicente Fox –y hasta lo quieren llevar a juicio por ello– haber alertado contra el populismo en diversos eventos previos a los comicios de 2006.
Los que acusaban de intervencionismo electoral a Fox hoy plantean que el Presidente no sólo intervenga, sino que esté en la boleta en 2021.
No es lo mismo que en la papeleta electoral de 2021 estén los candidatos de Morena con sus impresentables sabandijas –según su líder Yeidckol Polevnsky–, a que en ella aparezca el Presidente de la República.
A los gobiernos anteriores se les tenía vedado aparecer en eventos públicos e inauguración de obras porque, a juicio de la oposición que hoy está en el gobierno, rompía la equidad de la contienda.
Ahora van a hacer exactamente lo contrario y ahí está el riesgo mayor: impulsar a toda costa que Morena tenga mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, lo que ahora sucede a trompicones y a un costo –me imagino– muy elevado.
Si la Cámara de Senadores no frena ahora esta reforma constitucional de revocación de mandato, le estará dando al gobierno lo que no le dieron las urnas en los pasados comicios: la facultad de modificar la Carta Magna a modo para instaurar un modelo de gobierno y de país que no cuenta con el respaldo de los dos tercios de la población.
Morena, con López Obrador en la boleta, tuvo el 53 por ciento de los votos, lo que fue una mayoría clara pero los votantes no le otorgaron a su partido los sufragios necesarios para cambiar por sí solo la Constitución ni para echar abajo un modelo de desarrollo.
Para eso necesitaba 66 por ciento y estuvo lejos de ello.
Ahora, con el Presidente en la boleta, las cosas cambian.
Se rompe la equidad electoral.
Tendremos a un Presidente en campaña en las elecciones intermedias con la finalidad de darle a su partido, Morena, los dos tercios de la votación que necesita para hacer todas las reformas que desee y regresar al pasado estatista.
Salvo que se respete la Constitución y la revocación de mandato entre en vigor hasta el siguiente sexenio.
Aun así sería caótico para el país: a partir del siguiente sexenio tendríamos a una oposición trabajando todos los días para tirar al gobierno.
Y a un gobierno tratando de congraciarse con los votantes para no caer antes tiempo, sin tomar medidas que tienen un costo político pero que son indispensables si queremos sortear crisis y salir del subdesarrollo.
Va a ganar y mantenerse en el poder el que reparta más dinero… y lleve al país a la quiebra.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.
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