Legalidad y civilidad

A la memoria de nuestra Leonor Ortiz Monasterio, vital hasta el último suspiro

Los mexicanos sabemos a ciencia cierta que las expectativas de un mejor gobierno no siempre son realizables, en parte, por una economía que no ofrece oportunidades y que genera desigualdad, y también por la corrupción. Así ha sido la historia reciente. Pero ahora, debemos sumar la violencia y la presencia del crimen organizado, así como la debilidad institucional para hacerles frente y ganarles la batalla a esos fenómenos que son causa de la crisis profunda de nuestra democracia.

Si un común denominador tuviéramos para definir los principales problemas actuales, éste se llama impunidad. La corrupción es uno de sus efectos y mucho daña a las instituciones en su capacidad de actuar y en su ascendiente ante la población. La democracia se ha debilitado porque sus instituciones se han visto afectadas por la corrupción. Por eso el reclamo del 1 de julio es claro: abatir la impunidad en todos sus ámbitos y expresiones.

Esta tarea debiera ser objetivo común. No es propósito de un partido, de un gobierno o de un funcionario acabar con la impunidad. La mejor y más eficaz manera de avanzar en ello es que sea parte de una voluntad compartida en la que participe la pluralidad, la diversidad de instituciones públicas y privadas y especialmente el ciudadano de a pie. No es fácil y llevaría tiempo, pero hoy día se cuenta con un activo preciado: la confianza que muchos mexicanos tienen en la determinación del Presidente en esta materia.

Abatir la impunidad, génesis de la corrupción y de la ola delictiva, tiene que ver con la aplicación rigurosa de la ley. La legalidad requiere cumplir de manera ejemplar con la norma por parte de todos, especialmente por el gobierno y las instancias de investigación y de justicia. Lo ocurrido con la denuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, al hacer de manera pública imputaciones delictivas a particulares sin respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, la secrecía de operaciones financieras y la competencia del Ministerio Público es una flagrante violación a la ley que pone en entredicho a una de las instituciones fundamentales en la lucha contra la impunidad.

Valga de paso señalar que la impunidad no se acaba con la denuncia, sino con la sanción ejemplar, la que viene no del gobierno, sino de las instancias de justicia y previo cumplimiento estricto del debido proceso, que es una garantía constitucional.

La embestida contra la ilegalidad, la impunidad o la corrupción no puede ser impuesta de manera discrecional y violentando las garantías individuales y los principios básicos del debido proceso. No existe derecho contra el derecho. Cierto es que la sociedad demanda transparencia, pero también es válido que esta tarea debe emprenderse con apego a la ley y el respeto a los derechos de particulares. Transparencia y legalidad van de la mano, pero para ello se debe transitar al proceso judicial y no anticipar sentencias; incurrir en ello hace nugatoria la acción de justicia por afectar el debido proceso y hace que responsables eludan la acción de la justicia.

Es aconsejable que en los temas fundamentales, la mayoría legislativa abra espacio a un sentido amplio de pluralidad. Ocurrió con acierto en la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Es explicable que, en ciertos asuntos, como la revocación del mandato, sea imposible tener el consenso de todas las fuerzas políticas; sin embargo, una acción contra la impunidad, con reglas claras, con garantías de que no se incurrirá en el abuso, con apego riguroso a la ley, obtendría el apoyo de todos y el necesario compromiso amplio para cumplir con el objetivo planteado por los ciudadanos en las urnas y que compromete a todos, no solo a la autoridad elegida.

Los cuatro pilares de la llamada cuarta transformación son el respaldo popular, acabar con la corrupción, abatir la criminalidad y lograr una mayor equidad social. Para ello son indispensables la legalidad y una economía en crecimiento. Estos dos aspectos son los que han quedado comprometidos en los primeros meses de la nueva administración. Cierto es que no se pueden pedir resultados inmediatos, sobre todo por las inercias y el acumulado negativo del pasado, pero sí es necesario y posible exigir que el nuevo gobierno se desempeñe con estricto apego a la ley, con cuidado riguroso al patrimonio nacional y generando las condiciones que propicien la inversión privada, elemento indispensable para un robusto, sano y duradero crecimiento económico.

Sin legalidad ni crecimiento económico, colapsa cualquier modelo de transición, no importa que el apoyo ciudadano al Presidente y a sus decisiones sea arrollador. Como ya se ha dicho, en un propósito de trascender, la popularidad es un medio, no un fin. Es un recurso valioso para emprender las transformaciones que el país requiere y ninguna de esas transformaciones es tan trascendente y tiene tanto carácter de urgente como la de abatir la impunidad, origen de nuestros mayores males.

@liebano
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.