El “huachicol” se impuso por méritos propios en la agenda nacional. En abril de 2018, el ahora secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, presentó en El Colegio de México su proyecto en seguridad y ni una sola vez mencionó el robo de hidrocarburos. El viernes pasado, él mismo presentó al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; un documento de lectura indispensable donde el “huachicol” es uno de los protagonistas.
Es irrelevante para la argumentación que sigue, por qué decidió el nuevo gobierno lanzarse contra el “huachicol”. Lo trascendental es que al abrir los ventanales y portones empezó a brotar la evidencia sobre la rapiña metódica y cínica de una empresa expropiada a extranjeros arrogantes y abusivos en 1938. ¿Sería posible trazar la curva de la degradación de la Revolución mexicana con la evolución de un sindicato heroico en 1938 y rapaz en 2018?
La prioridad dada al “huachicol” altera el orden de los principales enemigos de la nación. Hasta hace unos meses sabíamos que había un Estado criminal paralelo; ahora podemos hablar sobre un posible Estado “huachicol”. Hay diferencias entre ambos. Al primero, lo encabezan delincuentes profesionales que operan desde la clandestinidad, pero están fuera de las instituciones; el segundo, está formado por redes de funcionarios, políticos, empresarios y comunidades coordinadas desde el interior del Estado.
El reajuste en las prioridades se va haciendo evidente en el discurso. El Presidente anuncia que terminó la guerra contra los capos del narco y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública lo confirman y aseguran que contra el “huachicol” han lanzado “todas las capacidades institucionales del Estado”. Con este reajuste, construyen un enemigo más fácilmente identificable y atacable jurídicamente porque hay pistas documentales que permiten su identificación y desmantelamiento. Es un enemigo que facilita tocar a rebato pidiendo la unidad en torno al régimen.
La estrategia tiene altos niveles de consentimiento pese a la improvisación y los errores de los primeros días. Influye que el gobierno lopezobradorista mejoró muchísimo su capacidad operativa y fue capaz de resolver el desabasto y hacerse del control estratégico, táctico y mediático de la ofensiva.
El desconcierto en las filas del Estado “huachicol” se evidencia en el silencio del sindicato petrolero y en que la reacción más estridente haya sido una camioneta con explosivos y una manta con amenazas al Presidente firmada por un grupo criminal de tamaño medio, el Cartel de Santa Rosa de Lima. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
Mucho dependerá de que el gobierno quiera y pueda mantener la iniciativa en la guerra contra el Estado “huachicol”. Por el momento han encarcelado a cuadros bajos e intermedios, ¿llegarán hasta la cúspide y harán una limpieza a profundidad o terminarán negociando alguna amnistía o punto final? Imposible pronosticarlo porque nos falta muchísima evidencia sobre la consistencia y capacidad de reacción del Estado “huachicol”, así como de sus posibles alianzas con el crimen organizado. Por ejemplo, ¿qué hará la parte corrupta del todavía poderoso sindicato petrolero?
Otra consecuencia de la “guerra contra el ‘huachicol’” es que ha servido para justificar la pasividad y el inmovilismo hacia el factor externo que, pese a su importancia, ha sido relegado a un segundo plano. El gran ausente en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de Durazo es el papel que juegan y deberían jugar los Estados Unidos. Se entiende el deseo del régimen de no provocar al presidente Donald Trump y a sus conservadores, pero el éxito de la guerra está condicionado por su capacidad para bloquear las arterias que alimentan a los dos estados paralelos (el criminal y el “huachicol”) desde el Norte.
En el primer bimestre del sexenio ha habido cambios mayores en la estrategia contra el crimen y la corrupción. La prioridad está en enfrentar y desmantelar al Estado “huachicol”, a esas redes de la cleptocracia que han saqueado impunemente a México. Asumamos que se trata de una guerra justa, legítima y necesaria.— Boston
@sergioaguayo Investigador y analista.
Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer
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