¿Desafío, bravuconada o libreto obligado?

Hoy Nicolás Maduro Moros será “investido” presidente por el Tribunal Supremo de Justicia. Lo entrecomillo porque ni las elecciones cumplieron requisitos democráticos —altísima abstención (54% según el gobierno, 74% según la oposición), boicot de la oposición y posibilidades de fraude por uso de diferentes documentos, como el polémico “carné de la patria”— ni se juramentará, como establece la constitución de Chávez de 1999, frente a la Asamblea Nacional —de mayoría opositora— porque el mismo TSJ la declaró “en desacato”, además del incierto panorama interno —incluido el descalabro económico (el PIB cayó en 53% durante la gestión de Maduro) y la permanente represión.

En esta investidura serán muy pocos los gobernantes presentes: sus aliados bolivarianos Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador, junto con delegados de Turquía, China, Uruguay y México (y posibles de Rusia, Vietnam y Corea del Norte). Al rechazo de la Asamblea Nacional a reconocer su legitimidad, se une el de 13 países del Grupo de Lima (excepto México, que reinstauró la Doctrina Estrada del priismo) —a los que el madurismo amenazó con tomar “las más urgentes y crudas medidas diplomáticas”—, EEUU, Canadá y la Unión Europea; también el grupo IDEA de expresidentes hispanoamericanos y la Conferencia Episcopal Venezolana.

Con un gobierno cada vez más debilitado, apoyado en unas fuerzas armadas poco comprometidas, dependiendo del soporte externo —Cuba y Rusia—, con su base social en franco deterioro —más allá del prebendalismo— y ahora con mayoritario rechazo internacional, la interrogante —para el mismo madurismo— es ¿cuánto más aguantará?