Las dos investigaciones desnudaron cómo el perverso maridaje entre corruptos —gobiernos y empresarios—promovió estructuras delincuenciales enquistadas en sus Estados. Los procesos remecieron a la clase política de ambos países —el desenfreno de corrupción no importó su signo ideológico, dispar entre ambos— y a buena parte del gran empresariado, sobre todo en Brasil: En Guatemala llevó a la cárcel a su presidente Otto Pérez Molina y a su vice Roxana Baldetti y en Brasil —indirectamente pero muy influenciante— a la destitución de su presidente Dilma Rousseff, además muchos otros encarcelados; por lo mismo, los últimos presidentes elegidos en Perú están acusados o, al menos, investigados.
La crispación ciudadana contra los corruptos creció en toda Latinoamérica y pasó factura a los políticos que engañaban con falsas esperanzas y dádivas mientras robaban con creces. Así pueden entenderse las victorias recientes de Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, Cambiemos resistiendo la crisis y Lenín Moreno potenciado, entre otros. (También explica, junto con la ineficiencia en 36 años gobernando, la debacle del PSOE en Andalucía, prolegómeno de lo podría ser una mayor caída nacional.)
En Ecuador, Moreno pareció más de lo mismo, pero en poco tiempo el nuevo presidente se encargó de destapar la corrupción “oficial” y la ineficiencia del período de su antecesor. Si inició apartando por el caso Odebrecht a Jorge Glas —vicepresidente elegido, para muchos el “candado” de Correa a Moreno, luego destituido y condenado a cárcel—, ahora lo ha hecho con su sucesora María Alejandra Vicuña por concusión y tráfico de influencias.
Vicuña y María Fernanda Espinosa —hoy presidente de la Asamblea de la ONU e investigada por el asesinato del general Jorge Gabela en 2012— eran las dos figuras de más alto rango provenientes del correísmo que quedaban en el actual gobierno.
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