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"Pierden escuela, afecta su salud y pierden tiempo lúdico y de recreación. Por ello es importante que el Estado tenga políticas que desalienten el trabajo infantil", dijo el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2. 48 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan.
Para la Redim, esto se relaciona directamente con la pobreza, que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afectaba al 43.6 % a la población en 2016.
Un 7.6 % de estos viven en pobreza extrema, el equivalente a 9.4 millones de personas.
En este contexto, ocho de cada diez menores trabajadores viven en comunidades, ya que los niños indígenas tienen hasta un 80 % de probabilidades más de caer en la pobreza, apuntó Martín.
"El problema de fondo son las condiciones de trabajo", agregó el experto.
Muchos menores trabajan para la familia, en pequeños talleres, trabajos agrícolas o servicios. Normalmente lo hacen sin cobrar nada, pero bajo la tutela de los padres.
Pero "cuando niños y niñas trabajan para otros empezamos a tener problemas, porque no se respetan los horarios, y se les expone a actividades que pueden tener riesgo", apuntó el representante de la Redim.
Según el Inegi, más de 900 mil no asisten a la escuela por trabajo (36.9 %); 2.2 millones trabajan en ocupaciones no permitidas (89.5 %), de los que 887.041 no cumplen con la edad mínima permitida (39.9 %), y 1.3 millones realizan una actividad peligrosa (60 %).
En México, la edad legal para trabajar son los 15 años, pero hasta los 18 años tienen la obligación de acudir a la escuela y tiene un horario limitado.
La ley también les deja en un "limbo jurídico" porque no tienen "derechos plenos" al no poder sindicalizarse, agregó Pérez.
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, que según la Unión Mundial de Mercados Mayoristas es el centro mayorista más grande del mundo, se ven muchos adolescentes trabajando o haciendo todo tipo de recados y tareas.
José Luis Gutiérrez, director del Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de Abasto, contó que en 2017 atendieron alrededor de 600 niños.
Aunque el flujo de menores trabajadores en esta ciudad comercial ha disminuido, muchos son hijos de padres trabajadores que llegan de diferentes estados.
Y en ese espacio encuentran un oasis en el que reciben clases, pueden jugar, practicar deporte y bañarse.
"Estos muchachos vienen con un gran rezago educativo, algunos analfabetos, y la ideal del proyecto es rescatarlos para que estudien", dijo el director del centro.
El perfil del menor trabajador que acude a este enorme mercado de la capital es de un indígena de los estados de Puebla, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Estado de México.
Viajan en grupo, unos 60 o 70 -relató- y generalmente se mueven y viven juntos, cuidándose unos a otros y con algunos de ellos mayores de 18 años.
Desde que subieron a 15 años la edad para trabajar, en 2014, muchos menores que llegan a la Central de Abasto, no consiguen empleo.
"Había más (niños) antes que ahora, hoy nos cuesta más localizarlos. También han encontrado otras posibilidades hacia las zonas fronterizas, en el campo o en las construcciones", indicó el experto, y remarcó que no se ha erradicado el trabajo infantil, sino que ha cambiado de sectores o espacios.
Para el director de la Redim, la no eliminación del trabajo infantil es culpa, en buena parte, del Estado, incapaz de aumentar el ingreso medio de las familias, y de atender los casos más urgentes pese a haber firmado convenios internacionales en la materia.
Por el contrario, denunció Pérez, "se victimiza y amplía la violación de derechos" contra los más pobres.
Porque cuando se identifica a menores trabajando, a menudo se responsabiliza a los padres, incluso llegando a separar a los menores de sus familias.
Es por ello, que Redim organizará un acto con los candidatos a la Presidencia de México para debatir esta situación.
"Se considera que los niños son responsabilidad de la familia, y el Estado solamente interviene cuando hay un niño víctima, o el adolescente se convirtió en victimario. No se los reconoce como ciudadanos de pleno derecho", concluyó.
Vía: MVS.
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