Luis Alberto Ramos Rivera, apenas llegó a la dirigencia nacional del sindicato en el verano pasado, desde su primer día al frente del gremio independiente su lema ha sido "¡pónganse a trabajar cabrones!”, aunque suena fuerte y poco ortodoxo, nadie puede negar que es una imperante necesidad la que tiene el país, en la que cada ciudadano debe ser más responsable y productivo. Bajo ese esquema de trabajo es como se dirige el doctor Luis Alberto, y por eso mismo, como un auténtico cadillo envió desde diciembre de 2017 un sinnúmero de documentos al presidente Peña, para que atendiera la necesidad de ofrecerle garantías laborales a más de 24 mil personas, entre intendentes, médicos generales, de especialidad, dentistas, camilleros, psicólogos y demás; para fortuna de algunos, desde distintas entidades de México, ya mandaron llamar al líder sindical para instalar mesas de diálogo y definir a los próximos beneficiados.
De acuerdo a las primeras necesidades y peticiones externadas al presidente Peña por parte de Ramos Rivera, se pretende basificar a 400 trabajadores por cada estado, sin embargo, en entidades federativas como Jalisco y Tamaulipas, los titulares de la Secretaría de Salud, han manifestado la intención de apoyar a 200 y 300 eventuales respectivamente; con los gobernantes de Chiapas y Oaxaca también se ha establecido comunicación para buscar cómo ayudar a sus gobiernos para agilizar la basificación y garantizarla para que esto no sea solo un trámite político apegado a las voluntades de los mandatarios en turno.
Dada la buena noticia del Gobierno de la República a través de los Secretarios de Salud de los Estados que se han reportado con Ramos Rivera, quien pretende ir más allá de conseguir 400 bases labores por entidad, además busca afinar un plan de basificación constante que brinde certidumbre laboral a sus agremiados con la creación de un vehículo económico apegado a derecho, que garantice al trabajador obtener su base sindical a cierto tiempo de haber iniciado sus labores en el servicio de salud pública; el secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINT), habla de un modelo económico que obligue al sindicalista hacerse responsable de sus prestaciones y transparencia con aportaciones que podrían ser canalizadas para su bienestar a través de un fideicomiso.
El tema está en gestación, muy prematuro aún, pero se reconoce la voluntad del gobierno peñanietista.
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