De acuerdo con el Índice Global de Corrupción 2017, elaborado por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 naciones en relación a los temas de la percepción de la corrupción, registrando una caída respecto al estudio de 2016 que lo ubicó en el sitio 123.
Y hasta cierto punto es normal, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos gobiernos han sido acusados –en general- de ser opacos en la forma en que manejaban el presupuesto, de recibir beneficios por parte de empresas –Odebrecht, por ejemplo- y en el caso particular de este sexenio, el propio presidente Peña Nieto y su séquito encabezado por Luis Videgaray fueron acusados de casos de corrupción por inmuebles millonarios de los que nunca explicaron su verdadero origen.
Además, están las redes para transferir fondos vía universidades públicas, una situación que nadie aclaró y que, para la cúpula del poder, pareció que ni les importó su publicación.
También los fondos para la reconstrucción del sismo de septiembre pasado, donde nadie sabe en dónde están los miles de millones de pesos que se acumularon por las donaciones de la sociedad.
Y a nivel justicia, las cosas son peores. No hay fiscal anticorrupción, los legisladores y el propio gobierno federal ya abandonaron el tema y plenas campañas presidenciales, todos se dan baños de pureza.
Estos son solo algunos casos de ese enorme iceberg con que choca el país a cada rato y que golpea la confianza de la sociedad a niveles enfermizos. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la corrupción costó a México 7 mil 218 millones de pesos durante el año pasado, equivalente a 2 mil 273 pesos por cada mexicano.
¿Y en quién desconfía más la sociedad? En las instituciones y los órganos ligados al poder. En orden de aparición, los que menos confianza generan son partidos políticos con apenas 17.8 por ciento; seguido por las cámaras de Diputados y Senadores (20.6 por ciento); gobierno federal (25.5 por ciento); Ministerio Público (29 por ciento) y policías (30.2 por ciento).
Estos datos son interesantes, ya que, si bien a los órganos policiacos se les ha visto por antonomasia como entes corruptos, el hecho de que ahora se desconfíe mucho más de los partidos políticos nos habla de lo desgastado que está el sistema y su escenificación de la democracia electoral vía estas instituciones.
Como ya lo habíamos dicho en textos anteriores, la combinación de inseguridad y corrupción hacen de México una bomba molotov que pone en peligro la estabilidad de las instituciones, de los gobiernos locales, de los órganos legislativos y de justicia; además de los proyectos económicos y de desarrollo regional.
Y para cuando los gobernantes dicen que la corrupción no es parte de la cultura mexicana, entonces ¿quiénes son los que hacen que México se ubique en los peores lugares en estos temas a nivel mundial?
Pues para desgracia de todos, somos nosotros mismos los que boicoteamos cualquier aplicación de la ley, no respetamos nada que tenga que ver con la autoridad y con justa razón, ya que ellos se han empeñado a demostrarnos que son corruptos y al parecer, intocables para la justicia.
En plenas campañas presidenciales y de luchas entre candidatos y partidos, qué casualidad que a Anaya lo acusan de lavado de dinero; que a Alejandra Barrales la relacionen con una fortuna millonaria o que se cuestione que Margarita Zavala pueda costear una campaña presidencial ella sola… ¡Seguro son guerras sucias en su contra, solo acusaciones sin fundamentos!
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