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Sin embargo, hasta el momento ninguna fuente oficial ha confirmado que exista una orden de aprehensión en contra del político panista.
Ante la probable detención del ex mandatario que protagonizó decenas de escándalos de corrupción, un Juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión que pudiera existir contra Guillermo Padrés, siempre y cuando no se trate de una acusación por delitos graves o que ameriten prisión preventiva.
Según el juicio de amparo con número de expediente 873/2016, Rosa María Cervantes Mejía, juez Décimo Segundo de Distrito en Amparo, suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión o ejercicio de acción penal en contra del ex gobernador de Sonora, pero le impone el pago de una garantía por 72 mil 500 pesos, para que surta efecto la protección contra cualquier orden de aprehensión, localización y presentación.
Al conceder la suspensión provisional, el Magistrado del Primer Circuito solicita a las autoridades judiciales y ministeriales que rindan un informe justificando el ejercicio de acción para determinar si concede o no la suspensión definitiva, además establece el próximo 20 de octubre como fecha para celebrar una audiencia constitucional del juicio de amparo.
Entrevistado recientemente, Darío Figueroa Navarro, delegado de la PGR en Sonora, confirmó que un Ministerio Público Federal Especializado está integrando una averiguación previa en contra del exmandatario panista Guillermo Padrés, acusado de ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.
De ser encontrado culpable, el exgobernador de Sonora podría ser sentenciado a una condena de hasta 29 años de prisión, sin derecho a fianza, e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ese mismo periodo de tiempo.
Las auditorías de la Contraloría General del Estado de Sonora, establecen que durante el sexenio de Guillermo Padrés existió un desfalco al erario público superior a 30 mil millones de pesos.
Según el Código Penal Federal el delito de ejercicio indebido del servicio público (artículo 214), se castiga con hasta siete años de prisión y siete años de inhabilitación; ejercicio indebido de funciones (artículo 220) con 12 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación; mientras que los delitos contra la administración de la justicia (artículo 225) alcanzan una pena de 10 años de prisión y 12 años de inhabilitación.
Actualmente al ex gobernador Padrés también lo investiga la Fiscalía Anticorrupción de Sonora por el delito de enriquecimiento ilícito, esta procuraduría lo citó a declarar y nunca se presentó.
Vía: Excélsior.
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