Pareciera que en México encontrar restos humanos en cualquier sitio se está convirtiendo en una costumbre terrorífica.
El último hallazgo es el caso de Huehuetoca, Estado de México, que en una vieja estación de tren, empleados encontraron en un pozo de 30 metros lo que después se confirmó como las partes de 12 cuerpos de personas que fueron arrojadas a esta “lumbrera”, como lo denominan las autoridades locales.
Pero como ha sucedido en muchos de los sitios –y vaya que son bastantes-, en donde se han encontrado fosas clandestinas, el papel de las autoridades estatales para resguardar el sitio y las evidencias ha sido ineficiente y hasta inverosímil.
Según algunos familiares de personas desaparecidas que han estado atentas a los trabajos de investigación en Huehutoca, y a pesar de las evidencias de que en la zona había restos humanos, las autoridades permitieron que empelados del ayuntamiento siguieran con sus labores de limpieza, removieran los escombros y los juntaran con basura.
Luego de los reclamos, las autoridades cercaron la zona y continuaron con su labor de investigación. Ahora la Procuraduría del Estado de México dice que la evidencia recabada demuestra que al menos son 12 personas las que fueron enterradas en ese pozo.
Pero esto reafirma en hecho de que en México hay una crisis humanitaria de dimensiones inimaginables.
Con el trato que le dan las autoridades a estos hallazgos, pareciera entonces que no funciona la política oficial para tratar estos casos, que no se respeta la cadena de custodia de las pruebas y que es la sociedad civil la que en verdad realiza el trabajo de investigación; mientras se acumulan casos como este de forma alarmante en muchos estados del país.
Con la creación de la a Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, una organización conformada por la sociedad civil, se ha dado un poco de forma a la tan desfigurada escena de los desaparecidos, ya que han logrado de cierta manera estructurar las búsquedas al menos con un orden establecido.
Según esta Brigada, en un reporte del mes de abril y tan solo del estado de Guerrero, encontraron 145 cuerpos en Iguala, Guerrero, mientras que localizaron 48 fosas clandestinas y alrededor de 30 tambos metálicos con un número no determinado de cuerpos en su interior.
Pero el problema es que no solamente se trata de casos atribuibles al crimen organizado, ya que el caso de Tetelcingo, Morelos, dejó entre abierta la rendija por donde se asoma la sospecha de que también las autoridades, secuestran, desaparecen y matan a personas de forma ilegal.
Según el último reporte oficial, de los 117 cadáveres que la Fiscalía del estado de Morelos enterró ilegalmente en una fosa común en el panteón de la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, un total de 84 cuerpos presentó huellas visibles de violencia física.
Además, 34 de los 117 cuerpos inhumados por la Fiscalía del estado no estaban vinculados a ninguna investigación penal. “Es decir, que fueron enterrados sin que la autoridad realizara ninguna indagatoria sobre el motivo de la muerte”, señaló el informe Fosas Clandestinas de Tetelcingo: Interpretaciones preliminares los peritos de la UAEM.
Antes el caso del penal de Piedras Negras, Coahuila, en donde al menos 150 personas fueron secuestradas fueron y asesinadas en el interior del penal, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila.
Esto gracias a que un grupo de reos tenía el control total del penal, operaban desde la cárcel con un método simple: personal del propio sistema penitenciario permitía la salida y el acceso de los sicarios, secuestraban personas y luego las asesinaban y desaparecían en las mismas instalaciones oficiales.
Y mientras tanto, de enero a julio de este año, se registraron casi 9 mil 500 averiguaciones por homicidio doloso con un saldo de más de 10 mil personas asesinadas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien confirmó un incremento superior al 15% de este delito.
Si estos pocos ejemplos no son representativos de la alarmante situación que vive el país en materia de seguridad y justicia, entonces estamos perdidos en el lodazal de la indolencia y la indiferencia hacia el sufrimiento que viven miles de familias.
El último hallazgo es el caso de Huehuetoca, Estado de México, que en una vieja estación de tren, empleados encontraron en un pozo de 30 metros lo que después se confirmó como las partes de 12 cuerpos de personas que fueron arrojadas a esta “lumbrera”, como lo denominan las autoridades locales.
Pero como ha sucedido en muchos de los sitios –y vaya que son bastantes-, en donde se han encontrado fosas clandestinas, el papel de las autoridades estatales para resguardar el sitio y las evidencias ha sido ineficiente y hasta inverosímil.
Según algunos familiares de personas desaparecidas que han estado atentas a los trabajos de investigación en Huehutoca, y a pesar de las evidencias de que en la zona había restos humanos, las autoridades permitieron que empelados del ayuntamiento siguieran con sus labores de limpieza, removieran los escombros y los juntaran con basura.
Luego de los reclamos, las autoridades cercaron la zona y continuaron con su labor de investigación. Ahora la Procuraduría del Estado de México dice que la evidencia recabada demuestra que al menos son 12 personas las que fueron enterradas en ese pozo.
Pero esto reafirma en hecho de que en México hay una crisis humanitaria de dimensiones inimaginables.
Con el trato que le dan las autoridades a estos hallazgos, pareciera entonces que no funciona la política oficial para tratar estos casos, que no se respeta la cadena de custodia de las pruebas y que es la sociedad civil la que en verdad realiza el trabajo de investigación; mientras se acumulan casos como este de forma alarmante en muchos estados del país.
Con la creación de la a Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, una organización conformada por la sociedad civil, se ha dado un poco de forma a la tan desfigurada escena de los desaparecidos, ya que han logrado de cierta manera estructurar las búsquedas al menos con un orden establecido.
Según esta Brigada, en un reporte del mes de abril y tan solo del estado de Guerrero, encontraron 145 cuerpos en Iguala, Guerrero, mientras que localizaron 48 fosas clandestinas y alrededor de 30 tambos metálicos con un número no determinado de cuerpos en su interior.
Pero el problema es que no solamente se trata de casos atribuibles al crimen organizado, ya que el caso de Tetelcingo, Morelos, dejó entre abierta la rendija por donde se asoma la sospecha de que también las autoridades, secuestran, desaparecen y matan a personas de forma ilegal.
Según el último reporte oficial, de los 117 cadáveres que la Fiscalía del estado de Morelos enterró ilegalmente en una fosa común en el panteón de la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, un total de 84 cuerpos presentó huellas visibles de violencia física.
Además, 34 de los 117 cuerpos inhumados por la Fiscalía del estado no estaban vinculados a ninguna investigación penal. “Es decir, que fueron enterrados sin que la autoridad realizara ninguna indagatoria sobre el motivo de la muerte”, señaló el informe Fosas Clandestinas de Tetelcingo: Interpretaciones preliminares los peritos de la UAEM.
Antes el caso del penal de Piedras Negras, Coahuila, en donde al menos 150 personas fueron secuestradas fueron y asesinadas en el interior del penal, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila.
Esto gracias a que un grupo de reos tenía el control total del penal, operaban desde la cárcel con un método simple: personal del propio sistema penitenciario permitía la salida y el acceso de los sicarios, secuestraban personas y luego las asesinaban y desaparecían en las mismas instalaciones oficiales.
Y mientras tanto, de enero a julio de este año, se registraron casi 9 mil 500 averiguaciones por homicidio doloso con un saldo de más de 10 mil personas asesinadas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien confirmó un incremento superior al 15% de este delito.
Si estos pocos ejemplos no son representativos de la alarmante situación que vive el país en materia de seguridad y justicia, entonces estamos perdidos en el lodazal de la indolencia y la indiferencia hacia el sufrimiento que viven miles de familias.
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