Justos estos dos municipios quedan en los extremos del país. Uno está en Guerrero el otro en Veracruz. Uno se acerca al Océano Pacífico y el otro al Golfo de México. Pero en ambos sitios, los jóvenes son el blanco perfecto para los grupos criminales que operan en esas regiones.
El pasado 11 de enero desaparecieron cinco jóvenes luego de un viaje al puerto de Veracruz, pero al pasar por Tierra Blanca, un grupo de policías municipales los detuvo, los secuestro y –según relatan en las declaraciones oficiales- los entregaron a un grupo del crimen organizado que los desapareció.
Han pasado más de 55 días de estos hechos y con esto, surge nuevamente el tema de los derechos humanos y los impresionantes niveles de corrupción con que operan las policías y los gobiernos locales, pero sobre todo, de la impunidad que hay en México.
El tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala puso en la agenda nacional e internacional la crisis de seguridad y violación a los derechos humanos que existe en México. Fue un hecho que literalmente conmocionó al mundo, a tal grado, que fue el motivo por el cual cayó ni más ni menos que Jesús Murillo Karam de la PGR.
Ahora, el problema real es que según los documentos oficiales de la PGR y los grupos que participan en las investigaciones de Ayotzinapan, aseguran que han prácticamente desmantelado las células que organizaron y aplicaron el operativo contra los estudiantes y a pesar de esto, aún no los encuentran y peor aún, las versiones de grupos internacionales que han participado en las pesquisas no concuerdan con lo dicho por el gobierno federal.
En Tierra Blanca, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, ha declarado que el caso de los cinco jóvenes desaparecidos tiene prácticamente el mismo modus operandi que el caso de Iguala, en donde los grupos criminales operan a través de las organizaciones de seguridad locales.
Y aquí radica el problema de fondo, dado que parece que las células criminales se han apoderado de los gobiernos locales. No importa si el que gobierna es el PRI, el PRD o el PAN; o si están en Guerrero o Veracruz; no influye en nada el origen político e ideológico de los gobernantes ni de su gabinete. Lo cierto es que nadie está blindado ante el poder del narco y sus sicarios.
“De valientes e inocentes está lleno el panteón” dice una frase popular y tristemente, ahora mejor que nunca se puede aplicar a la situación que vive actualmente México. Según Amnistía Internacional, hay más de 27 mil desaparecidos en el país, una cifra que aumenta y aumenta todos los días sin darnos cuenta.
“En Latinoamérica hay dos países que nos preocupan y que resaltamos, uno es México y el otro es Venezuela. También, a nivel mundial México es uno de ellos. Estaría en la lista de los 20 donde más atención se necesita”, dijo recientemente el director de Amnistía Internacional (AI) México, Perseo Quiroz Rendón.
En su informe anual de 2015, AI señaló que “en algunas partes de la república, las fronteras entre lo que son las fuerzas y el crimen organizado son muy borrosas. Una política como esta, de mano dura, lo que te genera son consecuencias de altos índices de tortura”.
Y que mejor muestra de esto que Tierra Blanca. La desaparición de estos cinco jóvenes es la muestra de que en Veracruz en general, las cosas no funcionan con legalidad y el operativo realizado en Guerrero para desmantelar a los “culpables” del caso Ayotzinapa, no causó el menor temor ni la mínima preocupación a los grupos criminales de Veracruz.
Ellos siguen operando bajo el resguardo y el respaldo de las instituciones locales de seguridad, ellos ponen a los mandos, los enfocan en los objetivos que beneficien a sus intereses y dejan expuestas y prácticamente en la intemperie a la sociedad, que sufre los abusos de unos policías criminales o lo que es lo mismo, unos criminales disfrazados de policías.
¿Y la seguridad y el estado de derecho? Está se puede medir de manera clara con los hallazgos realizados en el racho El Limón, también en Veracruz, en donde se han encontrado evidencias irrefutables de que ahí asesinaros y desaparecieron a un sin número de personas.
Es decir, a mayor número de este tipo de hallazgos, menor la credibilidad y confianza en la justicia mexicana y el estado de derecho. Es una relación directamente proporcional: suben los muertos y baja la seguridad de la sociedad.
El pasado 11 de enero desaparecieron cinco jóvenes luego de un viaje al puerto de Veracruz, pero al pasar por Tierra Blanca, un grupo de policías municipales los detuvo, los secuestro y –según relatan en las declaraciones oficiales- los entregaron a un grupo del crimen organizado que los desapareció.
Han pasado más de 55 días de estos hechos y con esto, surge nuevamente el tema de los derechos humanos y los impresionantes niveles de corrupción con que operan las policías y los gobiernos locales, pero sobre todo, de la impunidad que hay en México.
El tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala puso en la agenda nacional e internacional la crisis de seguridad y violación a los derechos humanos que existe en México. Fue un hecho que literalmente conmocionó al mundo, a tal grado, que fue el motivo por el cual cayó ni más ni menos que Jesús Murillo Karam de la PGR.
Ahora, el problema real es que según los documentos oficiales de la PGR y los grupos que participan en las investigaciones de Ayotzinapan, aseguran que han prácticamente desmantelado las células que organizaron y aplicaron el operativo contra los estudiantes y a pesar de esto, aún no los encuentran y peor aún, las versiones de grupos internacionales que han participado en las pesquisas no concuerdan con lo dicho por el gobierno federal.
En Tierra Blanca, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, ha declarado que el caso de los cinco jóvenes desaparecidos tiene prácticamente el mismo modus operandi que el caso de Iguala, en donde los grupos criminales operan a través de las organizaciones de seguridad locales.
Y aquí radica el problema de fondo, dado que parece que las células criminales se han apoderado de los gobiernos locales. No importa si el que gobierna es el PRI, el PRD o el PAN; o si están en Guerrero o Veracruz; no influye en nada el origen político e ideológico de los gobernantes ni de su gabinete. Lo cierto es que nadie está blindado ante el poder del narco y sus sicarios.
“De valientes e inocentes está lleno el panteón” dice una frase popular y tristemente, ahora mejor que nunca se puede aplicar a la situación que vive actualmente México. Según Amnistía Internacional, hay más de 27 mil desaparecidos en el país, una cifra que aumenta y aumenta todos los días sin darnos cuenta.
“En Latinoamérica hay dos países que nos preocupan y que resaltamos, uno es México y el otro es Venezuela. También, a nivel mundial México es uno de ellos. Estaría en la lista de los 20 donde más atención se necesita”, dijo recientemente el director de Amnistía Internacional (AI) México, Perseo Quiroz Rendón.
En su informe anual de 2015, AI señaló que “en algunas partes de la república, las fronteras entre lo que son las fuerzas y el crimen organizado son muy borrosas. Una política como esta, de mano dura, lo que te genera son consecuencias de altos índices de tortura”.
Y que mejor muestra de esto que Tierra Blanca. La desaparición de estos cinco jóvenes es la muestra de que en Veracruz en general, las cosas no funcionan con legalidad y el operativo realizado en Guerrero para desmantelar a los “culpables” del caso Ayotzinapa, no causó el menor temor ni la mínima preocupación a los grupos criminales de Veracruz.
Ellos siguen operando bajo el resguardo y el respaldo de las instituciones locales de seguridad, ellos ponen a los mandos, los enfocan en los objetivos que beneficien a sus intereses y dejan expuestas y prácticamente en la intemperie a la sociedad, que sufre los abusos de unos policías criminales o lo que es lo mismo, unos criminales disfrazados de policías.
¿Y la seguridad y el estado de derecho? Está se puede medir de manera clara con los hallazgos realizados en el racho El Limón, también en Veracruz, en donde se han encontrado evidencias irrefutables de que ahí asesinaros y desaparecieron a un sin número de personas.
Es decir, a mayor número de este tipo de hallazgos, menor la credibilidad y confianza en la justicia mexicana y el estado de derecho. Es una relación directamente proporcional: suben los muertos y baja la seguridad de la sociedad.
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