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El incumplimiento de protocolos internacionales en la materia y cambios constantes en sus estructuras delictivas, refiere el documento, permiten que las redes de tratantes operen con relativa facilidad.
De acuerdo con su Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México, las ciudades con mayor incidencia de ese delito son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo.
También Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Esas zonas, señala el informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, están catalogadas como “clave” para entender el fenómeno en el ámbito nacional.
El estudio, dado a conocer con motivo del Día Mundial contra la Trata de personas, señala que “desafortunadamente”, los avances en materia de combata a la trata de personas deben ser matizados.
Señala que un análisis exhaustivo de la realidad jurídica que imperó durante la vigencia de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (LPSTP), abrogada el 14 de junio de 2012, cuando se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, muestra que sólo siete entidades –Baja California, Colima, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz– cumplen con la mayoría de los principios establecidos por el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de persona, del que México es parte desde 2003.
Otros 17 estados los atienden parcialmente y el resto atiende dichos principios “de manera limitada”.
Además, sólo cuatro estados –Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sonora– cuentan con reformas integrales que eviten contradicciones, duplicidad o problemas operativos en el combate a la trata de personas como la existencia de tipos penales relacionados.
La mayoría de las entidades federativas de México –22—cuenta con una vinculación “limitada”, refiere el estudio.
Según el documento de la ONU, el limitado impacto de la LPSTP y de las distintas leyes y reformas en el ámbito estatal se pueden explicar por los siguientes factores: descripción típica compleja desapegada a los elementos establecidos por el Protocolo de Palermo; ausencia de reformas integrales en los estados; persistente confusión entre la trata de personas y la explotación.
También falta de homologación del concepto de trata de personas; falta de homologación del tipo penal en los estados; insuficiencia de conocimiento y sensibilidad de los operadores de la norma en torno a este fenómeno delictivo; corrupción y negligencia; y recursos humanos y presupuestales limitados, sobre todo en municipios alejados de áreas urbanas.
De acuerdo con el estudio, entre 2009 y 2011 se iniciaron 629 averiguaciones previas por el delito de trata de personas en el fuero común y en el fuero federal.
El 32% correspondieron a actuaciones del gobierno federal ocho estados: Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo y el Distrito Federal concentraron el 81% del total de averiguaciones sobre trata de personas del fuero común.
En el fuero federal se registró mayor dispersión, aunque sobresalen los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.
Respecto de la nacionalidad de las víctimas, el estudio señala que 80% son mexicanos y 20% extranjeros, la mayoría de estos provenientes del Triángulo Norte Centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque hay indicadores claros que sugieren la posibilidad de víctimas provenientes de La India, China, Bangladesh y algunas naciones en África.
Otra modalidad de la trata de personas considerado preocupante en el caso de México es la venta de niños y niñas, sobre todo en áreas rurales. En particular, en aquellas con una fuerte concentración de población indígena.
Y aunque no se ha reconocido internacionalmente como una modalidad de trata de personas, el estudio identifica el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada y la posibilidad de otros perfiles con base en la incidencia de nuevas herramientas que pueden ser usadas por los tratantes, como el Internet.
El estudio identifica 363 municipios donde la población, en especial las mujeres, viven en condiciones de alta vulnerabilidad a la trata de personas y 464 municipios donde ésta es media.
La población de la región sur-sureste es la que muestra la mayor concentración de factores de vulnerabilidad (altos niveles de analfabetismo, menores niveles de empleo, condiciones laborales precarias, altos índices de marginación y pobreza, flujos migratorios constantes y elevados).
Además, hay dos zonas que se han localizado como puntos rojos: la zona fronteriza de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y la zona, también fronteriza, de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.
Sobre las rutas utilizadas por los tratantes, el estudio identifica ciertos patrones geográficos que deberán estudiarse con mayor detenimiento. Sin embargo, la principal aportación del diagnóstico sobre el tema es que las rutas son insuficientes para entender la dinámica de la trata de personas, por tres razones:
La primera se refiere a la desvinculación de la víctima de sus redes sociales y familiares, un elemento “fundamental” de la estrategia que los tratantes utilizan para someterla.
La segunda es que la idea de orígenes y destinos bien definidos pierde fuerza, sobre todo en el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, puesto que los tratantes deben variar su oferta de “mercancía” para satisfacer la demanda cambiante en distintos mercados.
El tercer problema es que resulta inevitable que los tratantes cambien sus rutas constantemente para evadir la persecución del delito.
El estudio refiere que hay lugares donde la tolerancia a este delito es tal que se caracterizan por ser origen, destino y punto intermedios de traslado, los tres elementos al mismo tiempo.
Respecto al modus operandi de los tratantes, los expertos han identificado patrones recurrentes, como el enganche por engaño, para explotación sexual y/o laboral, o por enamoramiento. En este caso la mayoría de las veces con fines de explotación sexual.
A ello se suma que los grupos y redes criminales que se dedican al delito de trata de personas “presentan cambios constantes en sus estructuras delictivas, los cuales aprenden, innovan y adaptan” y e Internet potencia el modus operandi de los tratantes y facilita el reclutamiento de las víctimas, subraya el estudio.
“Debido al carácter dinámico y elusivo que utilizan los tratantes, resulta pertinente preguntarse cuáles son los factores que explican esta constante renovación y expansión, a pesar de los esfuerzos y de las políticas punitivas aplicadas hasta el momento”, plantea el documento.
Enfoque desde los derechos humanos
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que más que combatir y reprimir el delito de trata de personas con toda la fuerza del Estado, se deben combatir la oferta y la demanda, y modificar patrones culturales abusivos y misóginos.
Así lo planteó durante su intervención en la inauguración de Encuentro Regional Contra la Trata de Personas: Retos y Avances, que se realiza este jueves y viernes en el auditorio Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el marco del Día Mundial contra la trata de personas.
El organismo, aclaró, comparte la perspectiva garantista de la política de combate de la trata de personas, pues permite reconocer, sin dejar de perseguir el delito, que esa forma de transgresión a la humanidad se encuentra ligada directamente a la discriminación y a la inequidad.
“El perfil de las víctimas identificadas tanto en México como en otros países confirma que las mujeres, particularmente las niñas y las adolescentes, son las más susceptibles a ser víctimas de este delito”, aseguró.
Sin embargo consideró que la mayor aportación que México puede hacer en la materia es prevenir la trata de personas desde sus orígenes.
“Especialmente apostamos a la implementación de estrategias dirigidas a combatir la oferta y la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos; esto, a través de estrategias de intervención sociológica y educativa para la construcción de identidad de género, basada en valores de respeto e igualdad esencial de las personas para disminuir relaciones asimétricas entre géneros”, subrayó.
La CNDH, dijo, dará continuidad y apoyo a las acciones de sensibilización con la sociedad, en particular con niñas, niños, adolescentes e integrantes de comunidades indígenas, para fomentar el autocuidado y una cultura de información y denuncia.
También seguirá promoviendo la capacitación especializada para servidores públicos, con especial énfasis en la detección e identificación de víctimas, así como en estrategias para evitar su criminalización y la violación a derechos humanos por parte de las instituciones de persecución del delito, puntualizó el ombudsman nacional.
Además, se brindará “especial atención” a las víctimas y se fortalecerá la elaboración de informes especiales, diagnósticos y herramientas teórico prácticas que puedan aportar a la labor de los servidores públicos, y la emisión, en su caso, de medidas cautelares y recomendaciones, señaló.
Vía: Proceso.
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