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“Cuando referimos a la justicia cotidiana estamos hablando de ámbitos de justicia diferentes al penal, pero igual de importantes como el civil, el laboral, el mercantil, el administrativo.
“Es la justicia que permite a un menor recibir la pensión alimenticia que por dicho le corresponde, es la justicia que demanda una trabajadora despedida por estar embarazada, es la justicia que merece el dueño de un negocio que no puede cobrar un cheque o que se ve acosado por inspectores abusivos que le impiden realizar su actividad productividad”, explicó.
Luego de recibir por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el Informe sobre Justicia cotidiana, que contiene 217 recomendaciones y 20 acciones que pueden ser de inmediata implementación, el mandatario afirmó que el gobierno de la República hace suyas las demandas ciudadanas y las compartirá con el Congreso de la Unión para trabajar en los cambios legales que se requieran a fin de resolver este problema añejo.
De los dos millones 100 mil casos que se dirimen en las instancias de justicia, sólo 13 por ciento se refiere a asuntos penales, el restante 87 por ciento son asuntos de justicia cotidiana en los ámbitos laboral, administrativo y mercantil.
“Cuando la justicia formal es inaccesible o poco útil se generan espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y abusos. Estos males han estado presentes en la vida de los mexicanos por varias décadas y se han visto agravados por el crecimiento de nuestras ciudades y su densidad demográfica”, comentó.
En el patio central del Museo Nacional de Antropología, Peña Nieto recordó que esta estrategia es el compromiso número siete del decálogo que dio a conocer el pasado 27 de noviembre en Palacio Nacional para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de derecho en México.
“Mejorar la justicia cotidiana implicará en el fondo renovar nuestro pacto social; un pacto en el que los ciudadanos reafirmen su confianza en la ley y en las instituciones y en el que las autoridades demuestren su compromiso de servicio a la sociedad”, señaló.
Peña Nieto dijo que dio indicaciones a Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo “a fin de que coordine los trabajos necesarios para hacer realidad las propuestas”.
Y añadió que por su trascendencia también habrán de compartir los resultados de estos foros que dieron origen al estudio del CIDE con los otros Poderes de la Unión y los distintos órdenes de gobierno.
Durante el acto, el primer mandatario entregó un reconocimiento al CIDE y a otras 17 instituciones académicas que participaron en la elaboración del informe.
Innovación
- Estrategia de comunicación para crear una cultura de derechos.
- Creación –entre INEGI y Cofemer– de un instrumento para medir la calidad regulatoria.
- Que la Secretaría de la Función Pública y la Consejería Jurídica encabecen medidas que faciliten la solución de conflictos con las administraciones.
- Que Profeco priorice un sistema nacional de protección al consumidor.
- Un plan que fomente la oralidad en materia mercantil (para emprendedores).
- Que se establezca una Defensoría del Emprendedor (Mipymes).
- Medidas que garanticen los derechos de las trabajadoras domésticas.
- Programas para garantizar la reinserción de los migrantes en sus comunidades.
- Crear un mecanismo de coordinación nacional para impartidores de justicia y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de justicia federal y estatales.
- Medidas para reducir la marginación jurídica (personas que carecen de documentación oficial).
- Ampliar mecanismos alternativos de solución de conflictos (mediación, conciliación y arbitraje).
- manuales de protocolos de actuación para las autoridades escolares
- Modelos de justicia para infracciones administrativas y jueces itinerantes para pequeñas comunidades.
- Incorporar el modelo de policía de proximidad, que resuelva conflictos sencillos e identifique riesgos, frente al modelo de mando único.
- Que el Ejecutivo federal convoque a una instancia de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe la política pública de acceso a la justicia.
- Crear centros de asistencia jurídica para quienes enfrentan un conflicto.
- Revisar los programas de formación de abogados y la regulación de su ejercicio.
- Revisar el modelo de operación de las juntas de conciliación y arbitraje.
- Revisión del modelo de justicia familiar, para que responda a oralidad e inmediatez.
- Las propuestas recopiladas son resultado de la realización de 15 foros temáticos y especializados, además de uno virtual, en los que participaron 425 especialistas.
- Una instancia que coordine temas de justicia en la administración pública.
Vía: Excélsior.
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