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Con base en el Quinto y Sexto Informe Consolidado de México sobre el Cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, elaborados por el gobierno federal mexicano, y reportes que presentarán paralelamente las organizaciones de defensa de derechos humanos, los expertos que conforman el CAT emitirán sus observaciones y recomendaciones sobre la tortura en México.
Al ser parte desde 1986 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, México ha sido evaluado desde 1988 cada cuatro años. Si bien la última evaluación se realizó en 2007, es hasta ahora que el CAT revisará el informe oficial que el gobierno mexicano envió en septiembre de 2011.
En la evaluación de 2007, el CAT alertó sobre la necesidad de tipificar el delito de tortura y sugirió concluir lo antes posible la reforma del sistema integral de justicia para que se respetara la presunción de inocencia y el debido proceso en la valoración de las pruebas.
También recomendó la necesidad de adoptar medidas para evitar formas de detención que pudieran propiciar la tortura, evitar las aprehensiones arbitrarias y determinar sanciones a los responsables de torturar.
En las conclusiones, el CAT enfatizó que se debían evitar las violaciones de derechos humanos y tortura a mano de elementos militares y que el uso de la fuerza no fuera la primera opción para obtener confesiones de los presuntos culpables de un delito.
En los actuales informes, el Estado mexicano asegura que ha realizado esfuerzos para erradicar la práctica de la tortura, por ejemplo, a través de leyes y políticas públicas que buscan establecer mecanismos que hagan efectivo el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República el 30 de octubre, las dependencias explicaron que los representantes del gobierno mexicano presentarán los avances en materia legislativa, institucional y de políticas públicas.
Además, informaron que durante la sustentación también participarán autoridades estatales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca y Puebla que proporcionarán información sobre las medidas adoptadas en el país en los últimos años para hacer efectivas las disposiciones internacionales.
Organizaciones civiles ofrecen su perspectiva
En el análisis, organizaciones de la sociedad civil mexicanas también tendrán la oportunidad de presentar sus puntos de vista y los casos más emblemáticos de tortura.
Una de ellas, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), expresará su rechazo a la figura del arraigo y presentará el caso de 25 policías detenidos arbitrariamente en Tijuana, Baja California, como uno de los más representativos de tortura cometida por militares.
Los 25 policías fueron liberados por falta de pruebas y los militares que los torturaron no han sido juzgados por ninguna autoridad, según la organización.
La organización asegura que figuras como el arraigo han dado pie a aumentar los casos de tortura para obtener confesiones.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) por su parte presentará el caso de Israel Arzate, un hombre de 26 años que fue detenido por militares en Ciudad Juárez, Chihuahua, por presuntamente haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar ocurrida en 2010.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU documentaron las secuelas de la tortura a la que fue sometida Arzate y el 24 de octubre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció la atracción del caso por las irregularidades en la detención y procesamiento de Arzate.
La organización Tlachinollan, de la región de la Montaña de Guerrero, también envió un informe sobre los casos de tortura en el estado, entre los que destaca la detención arbitraria de un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que presuntamente fue torturado y obligado a disparar un arma por haber participado en una manifestación en la que perdieron la vida dos estudiantes en 2011.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó que en 2011 las denuncias por tortura aumentaron un 950% al atender 42 quejas ese año, a comparación de 2007, cuando solo se presentaron cuatro denuncias.
Según cifras del órgano descentralizado, de 2007 al 2011, recibió 110 denuncias por tortura y 4,732 por casos de maltrato a mano de funcionarios de dependencias federales.
Respecto a las quejas por tortura a manos de la Policía Federal (PF) y el Ejército, el organismo autónomo recibió 89 quejas entre 2006 y el 31 de mayo de 2012.... CNN...
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