Cárceles: bomba de tiempo

México en el Centro | Alejandro Toral

La criminalización de la pobreza.

América Latina es la región con menor violencia entre Estados, pero una de las más peligrosas por sus altos niveles de criminalidad que surgieron gracias al subdesarrollo y el desapego de la clase política hacia la gente en la transición a la democracia, durante los años 80 y 90. La militarización, la imposición de leyes aún más duras y la criminalización excesiva de diversos delitos han logrado que el sistema penitenciario sea una bomba de tiempo en todos los países latinoamericanos.

En la región existen dos teorías por las que se manejan los sistemas penitenciarios: La “Institución Total” de Erving Goffman y el “Control Panóptico” de Michel Foucault. La primera se basa en un gran aparato burocrático que administra y mantiene la vida de los presos por encierros demasiado prolongados; la segunda es el afán de clasificar y organizar a las poblaciones a través de la invención de ilegalidades. Ambas teorías desencadenan lo que se conoce “la criminalización de la pobreza” de donde a la vez emanan un gran número de problemas.

Los problemas que se viven en las cárceles de la región son la sobrepoblación, debido al aumento de índices delictivos y un gran déficit en las políticas de reinserción de los presos a la sociedad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina el promedio de sobrepoblación carcelaria era de 140% para 2000 donde el 80% era de escasos recursos o desempleados, quienes no gozaron de una defensa eficiente en su caso y cumplen una condena indefinida.

El desempeño de las instituciones administradoras y el nivel de corrupción son el segundo gran problema. La investigación o no de los casos, además de la compra-venta de alcohol, drogas, comida o celdas que no estén en sobrecapacidad o con mayores lujos son sus variables. Además la manera de cómo fueron arrestadas las personas ya que muchas denuncian violaciones de sus garantías por parte de los judiciales al no proporcionarles defensa inmediata o forzarlos mediante torturas a declarar sobre el presunto delito.

Toda esta problemática, llevada a la práctica desata las últimas dos catástrofes en cárceles que se han visto en esta semana. La primera, el miércoles 15 de febrero en una prisión de Honduras, Comayagua, donde murieron más de 350 reos en un incendio supuestamente provocado por un corto circuito o por un preso en estado de ebriedad incendiando un colchón. La segunda, este domingo en el penal de Apodaca, Nuevo León, México donde hubo una riña entre presos del cártel de El Golfo y los Zetas; 44 muertos y 30 prófugos fue el saldo, además de un enfrentamiento entre familiares y policías en las afueras de la prisión.

La sobrepoblación debido a la falta de una política de investigación en los casos: en Apodaca es de 60% mientras en Comayagua es de más del 300%; la corrupción que existe en los penales y las instituciones administradoras de justicia donde encierran a la gente en prisiones sin darles una sentencia, una defensa o posibilidades de reinsertarse en la sociedad productivamente, convirtiendo estos lugares en una verdadera escuela para el crimen. Son causas que han provocado la violencia y motines en las cárceles de todos los países latinoamericanos.

Al igual se puede observar que a pesar de la sobrepoblación de las cárceles, el crimen y la violencia no cesan en la región. Esto trae a la conclusión que el “control panóptico” y el endurecimiento de las leyes no es la solución ante el clima de violencia que vivimos actualmente. Sino reales políticas de poder blando en las comunidades olvidadas, donde no existe educación, empleo ni oportunidades reales de sobrevivir en este entorno de crisis económica y escasez. Como es el caso de Chalco, Estado de México, donde la gente no confía en las autoridades y prefiere hacer justicia por su propia mano. El gobierno PRIísta de Eruviel Ávila erróneamente solo encarceló a los culpables y no hará nada por cerrar esa brecha enorme entre gobierno y población.

En este contexto de Campañas Presidenciales y cuestionamiento de la política de seguridad de Felipe Calderón, uno de los puntos esenciales que se deben tratar es el problema de las cárceles y la reinserción social de los reos; además del necesario y urgente acercamiento del gobierno con la población por medio de políticas sociales, no de más policías ni de ejército en las calles ni endurecimiento de las leyes existentes.

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