La sociedad mexicana está partida en sus opiniones sobre el Presidente. Para algunos es heraldo llegado del paraíso; para otros, mensajero del averno. La ambivalencia fue evidente en la guerra de adjetivos librada el 1 de diciembre en las redes sociales. Para una dama, todo era “un sueño”; para un caballero, apestaba “a dictadura”. Un día más en la vida de agresiones entre “chairos” y “fifís”.
La polarización es negativa para la vida pública. La confrontación de las ideas se ha sustituido por la descalificación del diferente, lo cual es un prerrequisito para desmontar las barreras psicológicas que inhiben el uso de la fuerza. De hecho, a los profesionales de la violencia —militares o sicarios— se les entrena para transformar al adversario en alimaña digna de exterminio.
La antítesis es la empatía; es ponerse en el lugar del otro, es la esencia del movimiento de derechos humanos. Hay estudios demostrando que la mayoría de los humanos tenemos un rechazo natural a la violencia y respetamos los sentimientos y experiencias del diferente. La agresividad sería, entonces, un agregado que nos llega del entorno familiar y social.
En el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México que coordino, tenemos tres años estudiando los mecanismos que desencadenan o inhiben la empatía. Como parte de este proyecto, respaldado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cada año se realizan dos cursos-taller en los que funcionarios, víctimas y organismos civiles conviven durante 20 sesiones, en las cuales, además de transmitir conocimiento, se les alienta a la comunicación emocional, a entender al que está en la silla de enfrente.
Hemos observado la enormidad de las fracturas entre víctimas y Estado. Es frecuente que las personas afectadas por la violencia carguen un profundo resentimiento por el abandono y el maltrato al que han sido sometidas por funcionarios indolentes, incapaces o cómplices de criminales. Por su parte, hay funcionarios públicos que llegan con una autoimagen devaluada por el maltrato de sus superiores, por el desprecio que les transmiten las víctimas y/o por la manera como algunas de éstas les exigen soluciones. Dicho esto, gradualmente son capaces de comunicarse y de plantearse formas concretas para enfrentar la crisis humanitaria.
En este marco, ubiquemos el decreto presidencial que acaba de crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Se justifica totalmente. Bien por el presidente AMLO. Desconcertó, sin embargo, su silencio sobre las otras víctimas, porque en México, recordémoslo, hay más de 37 mil desaparecidos. Una omisión que mete ruido al diálogo en curso entre las víctimas organizadas y la subsecretaría de Gobernación que encabeza Alejandro Encinas. Se trata, seguramente, de un descuido que será subsanado en los próximos días. Tampoco está bien que el presidente omitiera referirse a los organismos públicos que atienden a las víctimas. Tienen experiencia, conocimientos y presupuesto.
A todas
Hay una guerra con el crimen organizado y hay una tragedia humanitaria. Ambas trascienden ideologías y requieren de la mayor unidad posible, porque la estrategia en curso incluye una vertiente militar y otra orientada a prevenir la violencia y reconstruir el tejido social. Las bandas criminales reaccionarán con violencia para defender sus plazas y preservar sus bases sociales. En ese marco, es necesario que concedamos atención y prioridad a las víctimas de la violencia. A todas.
El choque entre “chairos” y “fifís” tiene un potencial disruptor. Sería absurdo pedir decretos prohibiendo las malas palabras y ordenando la fraternidad. ¡Hay libertad de expresión! Sin embargo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) podría intervenir para recordar públicamente, a quienes ocupan cargos públicos —presidente incluido— que hay expresiones discriminatorias. Los medios también podrían contribuir a limitar expresiones que rompan ligaduras de convivencia elemental. En síntesis, combatamos las polarizaciones.— Boston.
@sergioaguayo
Investigador y analista político.
Colaboró Gerardo Arroyo Beristain
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