Los avances fueron significativos, pero hay tres temas que muestran rezago y que afectan la funcionalidad de la transición democrática: la impunidad legal y social, la partidocracia y el déficit de ciudadanía. México tiene democracia sin demócratas, y la ciudadanía plena tampoco existe. La ineficacia del sistema de justicia abre la puerta a las coartadas que de muchas maneras se practican para prescindir de las complicaciones que en algunos grupos y sectores genera la observancia de la ley.
Han pasado 22 años del arribo de la normalidad democrática. Su primer fruto fue el gobierno dividido, esto es, cuando el partido del presidente pierde mayoría en la Cámara de Diputados en 1997; el segundo fue la alternancia en la Presidencia, precedida del avance opositor en varias gubernaturas del país. El INE se ha consolidado y las elecciones son la vía regular para definir autoridades, pero los procesos electorales no tienen capacidad legitimadora absoluta ni cierran el capítulo de la lucha por el poder, precisamente por la ausencia de demócratas. Constantemente malos perdedores hacen de la derrota argumento para regatear la necesaria reconciliación que deviene al término de la competencia electoral.
La elección de 2000, a pesar de lo que representa como parteaguas fundamental en la construcción de la democracia, es el único proceso sucesorio presidencial en toda la historia del país que ha tenido lugar en condiciones de normalidad. La primera alternancia contó con la imparcialidad del órgano electoral. Pero también tuvo, y eso es lo que ahora se pone en duda, la disposición de los candidatos presidenciales derrotados, de reconocer con oportunidad al ganador. Es lamentable que lo bien aprendido de aquel entonces se haya malogrado en las dos elecciones posteriores al 2000. De hecho, las elecciones de 2006 y 2012 han sido sucedidas por intensas campañas contra el sentido del voto mayoritario, con el desgaste del conjunto del sistema y de la institucionalidad electoral.
Desde luego que quien no es favorecido por el voto está en su derecho de impugnar a través de las formas y procedimientos que define la ley, cuando existan motivos; pero esta situación es muy diferente al permanente regateo del resultado y su cuestionamiento político y mediático, simplemente porque la elección no me favoreció. Una elección deja de ser virtuosa si quienes compiten no interiorizan el código básico de la civilidad democrática que es el reconocimiento del resultado.
Las campañas anticipan ser una competencia intensa y vehemente por el poder. Sin embargo, esto por sí mismo no es virtud si no se acompaña de un voto informado a partir del contraste y confrontación de ideas que se da en la actividad de proselitismo y la comunicación de los partidos y sus candidatos, así como el escrutinio de la sociedad, especialmente a través de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales y civiles.
Como tal, debe quedar claro que los actores centrales del teatro democrático son los ciudadanos, no los partidos ni tampoco los candidatos. Precisamente por ello, es necesario que la competencia genere las condiciones necesarias para un voto informado.
Como en 2000, la imparcialidad de las autoridades electorales está garantizada. Sin embargo, la concurrencia de elecciones vuelve sumamente compleja la organización de los comicios y las reglas para el cómputo de múltiples elecciones hacen difícil la tarea de escrutinio en casillas. Es un avance el empleo de la casilla única para los comicios próximos, pero, como lo ha señalado el consejero Murayama, no se ha resuelto un esquema de agilidad en el escrutinio y cómputo de votos. De esta forma la contabilidad de la elección presidencial se hace después del escrutinio de las otras elecciones, lo que significa que los conteos rápidos retrasarán sus reportes y que el PREP tenga una mora en la integración de los resultados, posiblemente hasta después de la medianoche.
Es preciso destacar que la información oportuna y precisa de la elección ha sido fundamental para la confianza electoral y la certeza de los resultados. El INE así lo previó, pero la resolución del Tribunal Electoral lo revirtió seguramente por razones estrictamente de legalidad. Las encuestas de salida no son concluyentes, más aún con el precedente de 2016, cuando se presentaron errores generalizados.
En las condiciones actuales, las encuestas de intención de voto pueden jugar un papel nocivo para la certeza electoral. La inseguridad y la desconfianza presentan circunstancias complicadas para esos ejercicios de aproximación. Las empresas y los medios deben ser más claros sobre las dificultades para medir con razonable precisión el perfil del probable resultado. En 2012 muchas fueron las que se equivocaron, no en dar ganador, sino en la distancia entre primero y segundo. Una elección cerrada plantea un gran desafío, más con la polarización que desde ahora se advierte en la sociedad.
Estos son los retos que enfrentamos. La transición democrática inició y se desarrolló en circunstancias de distribución del poder ante diversas fuerzas políticas. Ha sido un proceso complicado, pero las reformas alcanzadas en la historia moderna y los acuerdos surgidos en el marco del Pacto por México han convalidado la idea de que la pluralidad en la representación y un gobierno dividido no son impedimento para la gobernabilidad si somos capaces de alcanzar acuerdos en lo fundamental.
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Francisco Labastida contó, como ningún otro candidato, con el respeto total y absoluto del presidente en funciones en una elección que dio lugar a una alternancia históricamente ejemplar. Una pena que pasados casi 18 años el ex candidato del PRI no pueda asumir su responsabilidad por lo que fue el primer revés del tricolor en elección presidencial; derrota que no se asume, se vuelve fardo de por vida.
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Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
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