El acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano de este 24 no finalizó el conflicto sino fue la primera escaramuza de una larga y difícil batalla: lograr una verdadera paz para Colombia.
Aunque demorado por “diferencias de fondo” del deadline del 23 de marzo, el acuerdo llega cargado tanto de esperanzas como de dudas que estarán presentes en el plebiscito del 2 de octubre. El resultado que ese día se obtenga no será tan taxativo como el mantra que repite el expresidente Gaviria —responsable por el Sí— de que el No significará la guerra: ya las FARC han anunciado que, de ser mayoritario el rechazo, seguirán negociando la paz. Paz muy necesaria para todos los colombianos —no sólo las víctimas de la violencia y sus familias, los desplazados y los afectados por el narcotráfico— pero que la guerrilla necesita con especial denuedo porque estratégicamente está muy golpeada y en práctico retroceso; tácticamente también la necesita para ocupar un espacio civil que de otra forma ya nunca alcanzaría —y, a la vez, conservar lo conseguido del narcotráfico y la extorsión, en la antípoda del idealismo marxista que en 1964, como brazo armado del Partido Comunista, heredara de las Ligas Campesinas existentes desde 1949. También lo es para el presidente Santos —que sólo remontó recién su popularidad a 32% luego del 21% en mayo—, para quien la paz es su gran meta y su legado histórico.
Cerrar 54 años del principal conflicto guerrillero —en un país en «guerra civil» casi permanentemente desde 1812— es un ansia común en Colombia pero la principal demanda es hacerlo definitivamente.
En poco más de un mes, adherentes y detractores deberán convencer a los ciudadanos que lo incluido en las 294 páginas —297 con firmas— del acuerdo satisface o no todas sus expectativas.
Aunque demorado por “diferencias de fondo” del deadline del 23 de marzo, el acuerdo llega cargado tanto de esperanzas como de dudas que estarán presentes en el plebiscito del 2 de octubre. El resultado que ese día se obtenga no será tan taxativo como el mantra que repite el expresidente Gaviria —responsable por el Sí— de que el No significará la guerra: ya las FARC han anunciado que, de ser mayoritario el rechazo, seguirán negociando la paz. Paz muy necesaria para todos los colombianos —no sólo las víctimas de la violencia y sus familias, los desplazados y los afectados por el narcotráfico— pero que la guerrilla necesita con especial denuedo porque estratégicamente está muy golpeada y en práctico retroceso; tácticamente también la necesita para ocupar un espacio civil que de otra forma ya nunca alcanzaría —y, a la vez, conservar lo conseguido del narcotráfico y la extorsión, en la antípoda del idealismo marxista que en 1964, como brazo armado del Partido Comunista, heredara de las Ligas Campesinas existentes desde 1949. También lo es para el presidente Santos —que sólo remontó recién su popularidad a 32% luego del 21% en mayo—, para quien la paz es su gran meta y su legado histórico.
Cerrar 54 años del principal conflicto guerrillero —en un país en «guerra civil» casi permanentemente desde 1812— es un ansia común en Colombia pero la principal demanda es hacerlo definitivamente.
En poco más de un mes, adherentes y detractores deberán convencer a los ciudadanos que lo incluido en las 294 páginas —297 con firmas— del acuerdo satisface o no todas sus expectativas.
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