Hace tiempo anticipamos que la baja en los precios del petróleo no era un asunto coyuntural, sino un efecto estructural que tardaría años para regresar a la situación de elevados precios que caracterizó a las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón. En aquella oportunidad, la observación fue para razonar sobre la necesidad de un reacomodo económico, una reforma fiscal, para incrementar los ingresos no petroleros y reducir el gasto. Los resultados hasta hoy son alentadores, aunque hay un magro crecimiento económico (nada despreciable si se considera lo que sucede en la región de Iberoamérica y muchos otros países), hay estabilidad macroeconómica y un comportamiento positivo de variables importantes como empleo, inversión privada, ingresos no petroleros e indicadores récord en agricultura y turismo. Evidencias todas de que México se ha ido adaptando con éxito y visión a los nuevos tiempos.
Sin perspectiva y con poco éxito, el PAN pretendió ganar capital electoral con su oposición a la reforma fiscal. Sin embargo, de no ser por ella, el desplome en los precios del petróleo hubiera devastado la economía nacional y no habría sido posible el cambio en las finanzas públicas que hoy convalidan los datos sobre recaudación e ingresos no petroleros. El blindaje financiero y económico evitó que el deterioro del tipo de cambio disparara la inflación y también impidió el retorno a los tiempos de inestabilidad y crisis económicas, que al parecer ya han sido olvidados.
El hubiera no existe y tampoco el público tiene por qué entender lo que pudo ocurrir sin las reformas aprobadas por la pluralidad. La responsabilidad en el ejercicio del poder es lo que importa, el reconocimiento es lo de menos. El país navega con claridad de rumbo en momentos en que las aguas son agitadas para todas las naciones, sobre todo para las que no previeron o se negaron al cambio. Las reformas pueden ser apreciadas, ignoradas y hasta rechazadas, pero lo que vale es que den resultado, que ofrezcan fortaleza al país y bienestar a las familias aunque el proceso lleve tiempo.
Los nuevos escenarios exigen de todos un esfuerzo de adaptación, lo mismo al gobierno que a la política o a las empresas. El cambio es constante, acelerado e incontenible, y se impone de una u otra forma. Es larga la lista de pendientes y no todo corre por la formalidad de los procesos institucionales. Por lo pronto se puede decir que el tránsito a la modernidad demanda una cultura de legalidad y, consecuentemente, un combate frontal a la impunidad. Sobre los pilares de la ley y el crecimiento económico es posible superar problemas de origen como la desigualdad o la corrupción, además de otros que acompañan a la reciente transformación, en especial la violencia y la pérdida de esperanza de amplios sectores de la población.
La agenda del cambio toca las puertas de la política. Se equivocan quienes piensan que todo se reduce a instituciones electorales que den confianza al ciudadano, credibilidad al voto y certeza a los resultados. Eso pertenece al pasado. Lo de hoy es lograr una mejor vinculación de la sociedad con las instituciones de representación política, particularmente los partidos y los órganos legislativos. No se advierte conciencia de la gravedad del desencuentro entre política y sociedad; quizá por ello no existe siquiera una propuesta que tenga sentido para el ciudadano, que ofrezca algo más que la subordinación a los intereses partidistas-electorales en competencia, como la segunda vuelta o la reducción de los órganos legislativos. Así, por ejemplo, muy pronto veremos la justa dimensión de la reelección consecutiva, a la que muchos concedieron excesivas expectativas.
Lo importante es que la democracia está vigente a pesar del desencanto popular. También habría que valorar que el régimen de libertades es una realidad, con todo y los problemas que suponen las circunstancias inciertas y a veces adversas en las que son ejercidas. Los medios tradicionales ahora coexisten con las opciones digitales y el intenso, dinámico y desafiante mundo de las redes sociales. La televisión no morirá, tampoco los diarios, pero tendrán que aprender a convivir con el nuevo patrón de consumo de información y entretenimiento asociado a la revolución digital.
En los nuevos tiempos no hay lugar para quienes buscan hacer lo mismo de manera diferente. El cambio es profundo y, en materia política, la comunicación se transforma. El mensaje no es el contenido y, con perdón de McLuhan, tampoco es el medio. Ahora es el emisor el que, en buena parte, domina el proceso. Contenido y forma siempre serán relevantes; sin embargo, el impacto más significativo en la percepción dependerá de quién emite y de cómo lo hace. Este efecto adquiere mayor relevancia a la luz de los hábitos sociales y las perspectivas de poder de la llamada generación de los millennials, esto es los jóvenes de 18 a 29 años, que actualmente representan 30 por ciento de la población y que para 2018 serán más de la tercera parte.
Las diferencias generacionales son profundas. Van más allá de los sucesos de los años 60 y 70, que en muchos países se tradujo en una amplia apertura a las libertades, impulso al proceso democrático y creación y transformación de muchas instituciones sociales y políticas. Desde varias perspectivas, la generación de jóvenes millennials es diametralmente diferente al grupo demográfico mayor de 50 años, que también representa un tercio de la población, con valores y actitudes dominantes aunque en un acelerado proceso de pérdida de vigencia e influencia.
El acumulado de eventos, el humor social, el deterioro del sistema político de representación, la revolución de las telecomunicaciones, la irrupción de una generación muy vinculada al mundo digital, la desconfianza y la pérdida de esperanza, así como la recurrencia de los asuntos de debate público —violencia, criminalidad, corrupción, deterioro ambiental, desigualdad e inequidad— crean un escenario singular para la renovación democrática de los poderes públicos en 2018. Lo que ocurre y lo que confluye anticipa un gran acontecimiento donde mucho será transformado y casi todo cuestionado.
Por todo ello es fundamental enfrentar el desafío de los nuevos tiempos con un consenso básico acerca de lo deseable y lo indeseable. Así podremos lograr un cambio virtuoso y no una vuelta en círculo como ocurrió con la primera alternancia en la Presidencia de la República.
http://twitter.com/liebano
Sin perspectiva y con poco éxito, el PAN pretendió ganar capital electoral con su oposición a la reforma fiscal. Sin embargo, de no ser por ella, el desplome en los precios del petróleo hubiera devastado la economía nacional y no habría sido posible el cambio en las finanzas públicas que hoy convalidan los datos sobre recaudación e ingresos no petroleros. El blindaje financiero y económico evitó que el deterioro del tipo de cambio disparara la inflación y también impidió el retorno a los tiempos de inestabilidad y crisis económicas, que al parecer ya han sido olvidados.
El hubiera no existe y tampoco el público tiene por qué entender lo que pudo ocurrir sin las reformas aprobadas por la pluralidad. La responsabilidad en el ejercicio del poder es lo que importa, el reconocimiento es lo de menos. El país navega con claridad de rumbo en momentos en que las aguas son agitadas para todas las naciones, sobre todo para las que no previeron o se negaron al cambio. Las reformas pueden ser apreciadas, ignoradas y hasta rechazadas, pero lo que vale es que den resultado, que ofrezcan fortaleza al país y bienestar a las familias aunque el proceso lleve tiempo.
Los nuevos escenarios exigen de todos un esfuerzo de adaptación, lo mismo al gobierno que a la política o a las empresas. El cambio es constante, acelerado e incontenible, y se impone de una u otra forma. Es larga la lista de pendientes y no todo corre por la formalidad de los procesos institucionales. Por lo pronto se puede decir que el tránsito a la modernidad demanda una cultura de legalidad y, consecuentemente, un combate frontal a la impunidad. Sobre los pilares de la ley y el crecimiento económico es posible superar problemas de origen como la desigualdad o la corrupción, además de otros que acompañan a la reciente transformación, en especial la violencia y la pérdida de esperanza de amplios sectores de la población.
La agenda del cambio toca las puertas de la política. Se equivocan quienes piensan que todo se reduce a instituciones electorales que den confianza al ciudadano, credibilidad al voto y certeza a los resultados. Eso pertenece al pasado. Lo de hoy es lograr una mejor vinculación de la sociedad con las instituciones de representación política, particularmente los partidos y los órganos legislativos. No se advierte conciencia de la gravedad del desencuentro entre política y sociedad; quizá por ello no existe siquiera una propuesta que tenga sentido para el ciudadano, que ofrezca algo más que la subordinación a los intereses partidistas-electorales en competencia, como la segunda vuelta o la reducción de los órganos legislativos. Así, por ejemplo, muy pronto veremos la justa dimensión de la reelección consecutiva, a la que muchos concedieron excesivas expectativas.
Lo importante es que la democracia está vigente a pesar del desencanto popular. También habría que valorar que el régimen de libertades es una realidad, con todo y los problemas que suponen las circunstancias inciertas y a veces adversas en las que son ejercidas. Los medios tradicionales ahora coexisten con las opciones digitales y el intenso, dinámico y desafiante mundo de las redes sociales. La televisión no morirá, tampoco los diarios, pero tendrán que aprender a convivir con el nuevo patrón de consumo de información y entretenimiento asociado a la revolución digital.
En los nuevos tiempos no hay lugar para quienes buscan hacer lo mismo de manera diferente. El cambio es profundo y, en materia política, la comunicación se transforma. El mensaje no es el contenido y, con perdón de McLuhan, tampoco es el medio. Ahora es el emisor el que, en buena parte, domina el proceso. Contenido y forma siempre serán relevantes; sin embargo, el impacto más significativo en la percepción dependerá de quién emite y de cómo lo hace. Este efecto adquiere mayor relevancia a la luz de los hábitos sociales y las perspectivas de poder de la llamada generación de los millennials, esto es los jóvenes de 18 a 29 años, que actualmente representan 30 por ciento de la población y que para 2018 serán más de la tercera parte.
Las diferencias generacionales son profundas. Van más allá de los sucesos de los años 60 y 70, que en muchos países se tradujo en una amplia apertura a las libertades, impulso al proceso democrático y creación y transformación de muchas instituciones sociales y políticas. Desde varias perspectivas, la generación de jóvenes millennials es diametralmente diferente al grupo demográfico mayor de 50 años, que también representa un tercio de la población, con valores y actitudes dominantes aunque en un acelerado proceso de pérdida de vigencia e influencia.
El acumulado de eventos, el humor social, el deterioro del sistema político de representación, la revolución de las telecomunicaciones, la irrupción de una generación muy vinculada al mundo digital, la desconfianza y la pérdida de esperanza, así como la recurrencia de los asuntos de debate público —violencia, criminalidad, corrupción, deterioro ambiental, desigualdad e inequidad— crean un escenario singular para la renovación democrática de los poderes públicos en 2018. Lo que ocurre y lo que confluye anticipa un gran acontecimiento donde mucho será transformado y casi todo cuestionado.
Por todo ello es fundamental enfrentar el desafío de los nuevos tiempos con un consenso básico acerca de lo deseable y lo indeseable. Así podremos lograr un cambio virtuoso y no una vuelta en círculo como ocurrió con la primera alternancia en la Presidencia de la República.
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Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
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