En cuestión política, López Obrador continúa en campaña, polarizando el país y produciendo ocurrencias todos los días. Es su principal vocero, a quien nadie puede contradecir. Por lo mismo, destruye cualquier posibilidad de construir políticas públicas. No existe un equipo, sino un conjunto de esclavos dedicados a cumplir la voluntad del líder. Ese conjunto, por cierto, sufre de los mismos males del jefe, de forma general: ignorancia del entorno actual y autoritarismo, a lo que suman la abyección necesaria para colaborar con su jefe. Es la palabra correcta.
En estos cien días, López Obrador ha trabajado en la concentración absoluta de poder en su persona. Por eso las características del equipo, porque no hay otra forma de tener un gobierno personalista. Pero no es sólo el equipo, es también la destrucción institucional (de la que hablaremos mañana), y la construcción de una red alterna a la estructura política legal.
Como usted sabe, López Obrador decidió desaparecer las delegaciones federales en los estados y concentrar todo en una sola oficina, que se ha dado en llamar superdelegación. En cada entidad federativa hay un superdelegado que tiene el control de la relación con la Federación. Después de la elección de julio, 21 entidades federativas quedaron en manos de Morena y sus aliados, sea porque ganaron la gubernatura, el Congreso local, o la casi totalidad de los legisladores federales. Los gobernadores en esas 21 entidades no tienen poder, y el superdelegado está dedicado a minar lo que quede. El coordinador de esos superdelegados es Gabriel García, uno de los poderosos de palacio.
Este mismo personaje es el responsable de la red de Servidores de la Nación, un grupo de personas (tal vez 20 mil) que ha llevado a cabo el censo de necesidades (creo que le llaman Censo de Bienestar), con base en el cual se aplicarán los programas sociales, que hoy son propiamente entrega de efectivo a diversos grupos de personas, que María Amparo Casar estima en 23 millones (cuando alcancen su objetivo). Esto es clientelismo puro, que además implica una acción del gobierno por fuera de la ley. Y, como sabe usted, el gobierno no puede hacer eso. No importa, así funciona la concentración de poder.
La esperanza de López Obrador es lograr que estos 23 millones estén dispuestos a votar por él en 2021, a través de su revocación de mandato, que también es ilegal, pero también hará. Con eso, más los fieles de toda la vida, espera no sólo ganar la revocación (y con eso abrir la puerta a futuras revocaciones, sin límite de tiempo), sino también ampliar la mayoría con que cuenta en el Congreso federal, además de asegurar otras gubernaturas.
Es un proyecto político muy claro, que no ve sólo quien no quiere verlo. Es el gobierno de una sola persona, conectada mediante redes informales con la gente, a la que regala dinero a cambio de cariño, aprobación, votos. Para evitarse sustos, aunque los partidos de oposición estén muy dañados, de cualquier forma les quitarán recursos, que Morena no necesita con ese alud de programas sociales.
Estos cien días confirman un retroceso político: la democracia se diluye, y puede desaparecer por completo. Curiosamente por eso votaron, en democracia plena, la mayoría de los mexicanos. Con su pan.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.
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