Es irresponsable acusar al gobierno federal de esas muertes y las de tres personas más que viajaban en el helicóptero siniestrado.
Pero sí existe una carga sobre el nuevo gobierno al no aclarar ese percance mortal en el que murieron la gobernadora que el Presidente detestaba y el principal –si no es que el único– líder de oposición en el país.
En Morelos fue asesinado el dirigente opositor a la termoeléctrica de la Huexca, Samir Flores, tres días antes de la consulta para validar esa obra.
La prensa oficialista culpa del homicidio al gobierno de ese estado, pero la oposición de Samir Flores no era a un proyecto de Cuauhtémoc Blanco, sino a uno que le interesa echar a andar al Presidente.
Ante la falta de respuesta a ese crimen, en las manifestaciones de protesta se vuelven a leer las pancartas de “Fue el Estado”.
No reaccionar con rapidez y transparencia ante ese tipo de muertes le costó parte de la aceptación de su sexenio a Enrique Peña Nieto, por los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ojo, no hay teflón que dure seis años. Y la sangre es muy cara.
Ciento treinta y cinco personas murieron quemadas en Hidalgo y todavía no hay responsables castigados. Se le ha echado tierra al asunto.
Las autoridades tuvieron conocimiento del derrame de combustible cinco horas antes del estallido y no tomaron las precauciones mínimas para evitar la mortandad.
Si eso le hubiera ocurrido a Peña Nieto o a Felipe Calderón, las demandas estarían hasta en La Haya, cosa que no ha ocurrido ahora porque los manifestantes de aquella época ahora están en el gobierno.
El Presidente no tuvo la culpa del incendio, pero por supuesto que hay responsables. ¿Dónde están?
Feo ha sido el respaldo a Nicolás Maduro en desmedro de los derechos humanos del pueblo de Venezuela.
Maduro se reeligió en el poder mediante unas elecciones en las que no participó la oposición. Creó una Asamblea Constituyente con atribuciones por encima del Congreso. Tortura y encarcela a sus opositores y a sus ciudadanos los tiene comiendo de la basura.
Prácticamente todo el mundo libre desconoció esa reelección de Maduro y dio su respaldo al mandatario temporal designado por el Congreso, salvo México, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Rusia, Irán y Turquía.
La falta de solidaridad con el pueblo venezolano nos ha aislado políticamente del resto de las naciones libres y no sería remoto que paguemos las consecuencias cuando el Senado de Estados Unidos vote el T-MEC que sustituye al TLCAN.
Por congruencia a los tradicionales principios de nuestra política exterior, basados constitucionalmente en la promoción de los derechos humanos, debimos habernos puesto del lado de los demócratas venezolanos y no junto a un impresentable dictador.
Con la faramalla de un “diálogo” le dimos el tiempo que necesitaba el dictador para desmovilizar a la oposición y hacer los amarres internos con las fuerzas armadas de su país y sortear el temporal interno y externo.
Maduro se conserva en el poder por dos razones: la cohesión de la cúpula narco-militar en torno suyo, porque si cae el jefe van a juicio, y por el respaldo que tiene en foros internacionales de parte de un grupo naciones caracterizadas por su talante dictatorial.
México no es una dictadura, pero cerramos filas con Maduro por una razón que está a la vista del que quiera ver: los líderes de los dos partidos gobernantes en México, Yeidckol Polevnsky de Morena, y Alberto Anaya del PT, apoyan, promueven y defienden a regímenes dictatoriales del llamado “socialismo del Siglo XXI”.
Hacia allá nos quieren llevar esos dos partidos.
Ahí está lo feo de estos 100 días.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.
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