El proyecto oficial era completamente militarista, pero los senadores nos han dado una guardia civil en toda la línea.
Dicen que el proyecto aprobado por los senadores deja al Presidente la libertad de nombrar director de la Guardia a un militar.
El director de la Guardia, aunque provenga del Ejército o la Marina pasará a ser civil de manera automática. O pide licencia al instituto armado del que provenga, o pasa a retiro.
Cuando llegó la alternancia en el año 2000, el presidente Fox nombró como titular de la Procuraduría General de la República a un militar: el general Macedo de la Concha.
Macedo pasó a retiro y nadie dijo, entre los comentaristas y mucho menos en el gabinete del presidente Fox, que la PGR se había militarizado por tener al frente a un general recién pasado a retiro.
Si en la cabeza de la Guardia Nacional se pone a una persona que tenga carrera en el Ejército o la Marina, éste va a depender del secretario de Seguridad Pública, y no del titular de la Defensa Nacional.
El sueldo del director de la Guardia lo va a pagar la secretaría de Seguridad Pública.
Ya no habrá, como pretendía la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados, un Estado Mayor de la Guardia Nacional, encabezada mayoritariamente por las Fuerzas Armadas.
Habrá una instancia de colaboración inter institucional, como obviamente debe ser, pero el jefe de la Guardia dependerá del titular de Seguridad Pública.
A diferencia del proyecto militarista que habían aprobado los diputados, en la Guardia Nacional sólo habrá, para efectos legales, civiles.
Esto es, los miembros de la Guardia que provengan del Ejército o la Marina, deberán pedir licencia en sus respectivos institutos armados y para todos los efectos, legales, promociones, sueldo y prestaciones, serán civiles.
Se quita, pues, la reforma constitucional que les daba fuero militar a los integrantes de la Guardia que provinieran de las Fuerzas Armadas.
No habrá fueros especiales para los miembros de la Guardia Nacional. Todos regirán su conducta por las leyes y tribunales civiles.
Otro aspecto fundamental del proyecto aprobado por los diputados que cambiaron los senadores, es que no había temporalidad en la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Ahora, como la dejó el Senado, en la ley se establece que en un plazo de cinco años el Ejército y la Marina dejarán de prestar auxilio en tareas de seguridad pública.
Era indispensable ponerle una temporalidad, porque de lo contrario era prolongar hasta el infinito la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y sin un marco jurídico que permita su actuación.
Obviamente las Fuerzas Armadas no pueden ser retiradas de la noche a la mañana porque el país queda en la indefensión. Eso sólo lo pedía Morena, antes de las elecciones.
Además, la Guardia Nacional, que no es militar como se había planteado en la iniciativa original, no invadirá funciones de los gobiernos estatales y municipios, salvo solicitud expresa de estos.
Hay que admitirlo: fue un buen acuerdo.
Se trata de un fructífero esfuerzo político de todos los partidos, y una proeza parlamentaria de los líderes opositores en el Senado, Miguel Osorio y Mauricio Kuri, que lograron, desde su condición de minoría, evitar que Morena arrasara e impusiera una Guardia militarizada.
Especialmente de Osorio, que tenía encima la presión de los gobernadores de su partido que querían aprobar, sin cambios, la minuta que mandaron los diputados para venderle ese respaldo al Presidente.
De ahora en adelante la solución al problema de la inseguridad, que es la principal angustia de la población, estará en manos del gobierno.
Lo tiene todo para operar con éxito.
Y el país no se militariza por los siglos de los siglos con una Guardia dependiente de las Fuerzas Armadas.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.
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