La sociedad y sus enemigos

La sociedad tiene enemigos; han estado contra ella desde siempre. Son aquellos que con su conducta conspiran contra los derechos fundamentales de las personas y contra las libertades que nos son comunes a todos. No es, pues, algo nuevo; siempre ha habido criminales, aunque no siempre se les ha tratado de la misma manera. Se dice que el grado de civilidad de un país se mide por el trato que concede a sus delincuentes. Hoy en día, frente a la gravedad de los daños sociales ocasionados por la delincuencia, los modelos nacionales de atención al problema tienen que partir del imperativo de que la sociedad requiere de protección, y esa es la razón del Estado.

A lo largo de la historia, la base más elemental de la justicia penal ha sido la venganza. Es primitiva, y no atiende a lo fundamental. En esa perspectiva, quien la hace la paga y por eso más vale que sea el Estado el que la cobre. Dejarlo al agraviado entraña riesgos, como el exceso en la acción reivindicatoria del daño o que no se tengan garantías de una justa defensa. Por eso la civilidad se ha acompañado de las garantías del debido proceso. Es fácil acusar, más difícil es probar, y todavía más es llegar a la sentencia mediante una justicia imparcial y rigurosa. La justicia es imperfecta, pero mucho más su ausencia.

Estimo que el problema principal que tiene nuestro país, entre muchos otros, se relaciona con la incapacidad del Estado para proveer justicia, especialmente la de carácter penal. Una sociedad indefensa o impotente frente a quien le hace daño queda expuesta y genera incentivos perversos, como es la justicia bajo propia mano o el sometimiento del conjunto al más fuerte, al más violento, al más decidido a dañar y perjudicar.

Considero que el humor social de los pasados años tiene que ver con una realidad y una percepción que potenciaron el enojo y el rencor de muchos mexicanos. La realidad deriva de un hecho incontrovertible: la elevadísima impunidad que existe en muchos ámbitos de la vida social; la percepción, que las autoridades –de todos los poderes y órdenes de gobierno– no solo eran incapaces para proveer justicia, sino que participaban de una o de otra manera, por acción o por omisión, por impotencia o incompetencia, en las conductas delictivas.

Como muchos mexicanos, comparto la manera como la política disruptiva, particularmente la del proyecto de López Obrador, ha hecho de la denuncia un ya basta a la situación. Me aparto, sin embargo, de su visión, narrativa y respuesta a la actividad criminal. Considero que para ello es fundamental diferenciar los hechos de las percepciones; además, es sumamente riesgoso formular denuncias genéricas y no actuar en la justicia específica cuando se tiene todo el instrumental del Estado para hacerlo. Bajo ningún estándar es permisible, sensato y constructivo denunciar y simultáneamente perdonar, como tampoco asumir que quien delinque lo hace por necesidad.

Estimo, también como muchos mexicanos, que no se puede transitar por el peligroso camino de la absolución anticipada, ante nadie, pero sobre todo frente a los criminales más perniciosos. La lucha contra la impunidad demanda de acciones ejemplares frente a los enemigos de la sociedad por igual, sin excepción, lo mismo quienes crean situaciones de violencia en las comunidades, quienes extorsionan, quienes trafican con droga, que ex funcionarios que se hayan beneficiado indebidamente del cargo. Como lo ha dicho quien ahora es Presidente de la República, se trata de barrer la corrupción y la impunidad en todos los órdenes, de la manera más efectiva, de arriba hacia abajo.

El país exige justicia; abatir la impunidad es el mejor camino para la certeza de derechos y, especialmente, para la reconciliación social implícita en el actual programa político o la llamada cuarta transformación. El camino es actuar proactivamente y con determinación frente a quienes con su conducta amenazan a la sociedad, estén donde estén, sin importar jerarquía o condición. El sistema de justicia se vuelve fundamental en estos tiempos. También una nueva actitud hacia la ley por parte de todos. No solo es cuestión de valores éticos, es de cumplimiento con lo que determina la norma.

Caricaturizar al pasado desde la arenga política, sirve para legitimar al presente, pero no aporta por sí misma solución alguna, y lo que se requiere, una vez consolidado el consenso en torno al gobernante, es la eficacia para responder a la expectativa ciudadana con resultados que no requieran de retórica o explicación.

El presidente López Obrador no solo cuenta con niveles inéditos de respaldo, también en la sociedad hay un mayor optimismo, aunque el enojo al pasado persiste y mantiene expectativas generalizadas y en ocasiones desproporcionadas. En las formas ya ocurrió la transformación, no en los resultados. Por eso es deseable que el gobernante asuma que el cambio necesariamente transita en la atención del principal anhelo de los mexicanos frente a sus enemigos: justicia.

@liebano
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.