“Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Escuchen, si no se utiliza la termoeléctrica, tendríamos que seguirles comprando la luz a las empresas extranjeras y, aunque griten, aunque hayan gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. Claro que el pueblo sabe lo que conviene y lo que no conviene. El pueblo es sabio, y hay que tenerle respeto al pueblo”. Señalaba apenas hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una visita a Cuautla, Morelos, donde anunció que el proyecto de la construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Huesca de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se irá a consulta pública este fin de semana en aquel estado.
Para desgracia de la sociedad y para el Proyecto Integral Morelos (PIM), el líder social de los opositores del gasoducto, Samir Flores Soberanes, fue asesinado afuera de su casa. El pueblo de Amilcingo acusa al gobierno municipal, estatal y federal de ser los responsables de este hecho. Organizaciones como el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Consejo Indígena de Gobierno (CIG), y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en un comunicado de prensa responsabilizaron “al mal gobierno y sus patrones que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir”.
Mientras que el Fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, apunta a una relación con el crimen organizado, señaló que “hay indicios de que hubo un mensaje en una cartulina en relación con temas de ese carácter”, y que no existe ningún indicio de que su muerte esté ligada a su activismo en contra de la termoeléctrica (Sic); de hecho apunta a que el “Comando Tlahuica”, grupo que se había desarticulado previamente, podría estar detrás de este asesinato.
Lo curioso del caso es que apenas el lunes por la mañana asesinaron también a otro líder opositor al proyecto de Huexca, Rubén Fajardo de Anda. En este caso, un par de sujetos pasaron junto a él a bordo de una motocicleta en el municipio de Jiutepec y lo acribillaron a tiros. Otro crimen sin esclarecimiento y sin mucha cobertura y mención como el caso de Samir.
En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador lamentó el asesinato, y señaló que “es un crimen vil, cobarde, esa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen, reprobable, lamentable(…). La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla.”
Pero ¿Quién podría estar detrás de ambos asesinatos?, ¿A quién o quiénes les benefician?, ¿Quién tendría interés de callar a la oposición a través de ejecuciones o en accidentes “muy desventajosos”?. Ciertamente, todas estas muertes en extrañas circunstancias “son malas noticias”, como así lo señaló López Obrador, para nuestro país.
Vincular al crimen organizado algunas ejecuciones siempre ha sido una estrategia o una excusa rápida para explicar la violencia y la delincuencia que azota a nuestro país, y la incapacidad del gobierno para resolver los casos. Así ocurrió con la desaparición de los 43 estudiantes de Aytozinapa, los hallazgos de cuerpos descuartizados, secuestros, hasta asesinatos de activistas sociales y periodistas. Lo cierto es que más del 95 por ciento de los casos se quedan en la impunidad.
Sin embargo, para los amigos de Samir y de otros activistas y defensores de la comunidad, el líder social y fundador de una radio comunitaria, fue asesinado por su lucha social. Para el presidente López Obrador, una de las posibilidades de este crimen podría ser la afectación a la consulta que se llevará a cabo este fin de semana en el estado de Morelos sobre la construcción de la termoeléctrica y un gasoducto.
“La consulta lleva sangre” señalan algunos activistas de la comunidad, y piden se cancele la consulta de este fin de semana. Enfatizan que no creen que el crimen organizado esté detrás del asesinato. Para la fiscalía de Morelos el modus operandi, el calibre de las armas y la cartulina que dejaron en el lugar del asesinato, la investigación apuntan a este tema.
Pero suponiendo que es verdad, y otorgándole el beneficio de la duda, que estuviera el crimen organizado detrás de la muerte de ambos activistas sociales y otros asesinatos ¿Debiéramos preocuparnos por la estabilidad política y social de nuestro país?, ¿Sería entonces un mensaje para desestabilizar el gobierno de López Obrador, al igual que el extraño accidente del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla y su esposo el senador Rafael Moreno Valle?, ¿El crimen organizado quiere callar a la oposición?, ¿Por qué y para qué?.
Este fin de semana habrá otra consulta en el estado de Morelos para definir el futuro del PIM, ni Samir ni Fajardo estará ahí para atestiguar el resultado de la misma. De ganar el apoyo para la construcción, la lectura debiera ser que no importa si se pierden vidas ¿Lo que importa es el fin último del interés común en este tipo de proyectos, de acuerdo con la visión del gobierno?, si la respuesta es “no” a la consulta ¿Estaríamos frente a un escenario donde el crimen organizado lograría la desestabilización del régimen?, ¿Sería un antecedente para los resultados de otras consultas?. Ya lo sabremos este domingo, pero por lo pronto pudiera haber alguien que se beneficie de estos crímenes, silenciando a la “oposición”.
Para desgracia de la sociedad y para el Proyecto Integral Morelos (PIM), el líder social de los opositores del gasoducto, Samir Flores Soberanes, fue asesinado afuera de su casa. El pueblo de Amilcingo acusa al gobierno municipal, estatal y federal de ser los responsables de este hecho. Organizaciones como el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Consejo Indígena de Gobierno (CIG), y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en un comunicado de prensa responsabilizaron “al mal gobierno y sus patrones que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir”.
Mientras que el Fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, apunta a una relación con el crimen organizado, señaló que “hay indicios de que hubo un mensaje en una cartulina en relación con temas de ese carácter”, y que no existe ningún indicio de que su muerte esté ligada a su activismo en contra de la termoeléctrica (Sic); de hecho apunta a que el “Comando Tlahuica”, grupo que se había desarticulado previamente, podría estar detrás de este asesinato.
En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador lamentó el asesinato, y señaló que “es un crimen vil, cobarde, esa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen, reprobable, lamentable(…). La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla.”
Pero ¿Quién podría estar detrás de ambos asesinatos?, ¿A quién o quiénes les benefician?, ¿Quién tendría interés de callar a la oposición a través de ejecuciones o en accidentes “muy desventajosos”?. Ciertamente, todas estas muertes en extrañas circunstancias “son malas noticias”, como así lo señaló López Obrador, para nuestro país.
Vincular al crimen organizado algunas ejecuciones siempre ha sido una estrategia o una excusa rápida para explicar la violencia y la delincuencia que azota a nuestro país, y la incapacidad del gobierno para resolver los casos. Así ocurrió con la desaparición de los 43 estudiantes de Aytozinapa, los hallazgos de cuerpos descuartizados, secuestros, hasta asesinatos de activistas sociales y periodistas. Lo cierto es que más del 95 por ciento de los casos se quedan en la impunidad.
Sin embargo, para los amigos de Samir y de otros activistas y defensores de la comunidad, el líder social y fundador de una radio comunitaria, fue asesinado por su lucha social. Para el presidente López Obrador, una de las posibilidades de este crimen podría ser la afectación a la consulta que se llevará a cabo este fin de semana en el estado de Morelos sobre la construcción de la termoeléctrica y un gasoducto.
“La consulta lleva sangre” señalan algunos activistas de la comunidad, y piden se cancele la consulta de este fin de semana. Enfatizan que no creen que el crimen organizado esté detrás del asesinato. Para la fiscalía de Morelos el modus operandi, el calibre de las armas y la cartulina que dejaron en el lugar del asesinato, la investigación apuntan a este tema.
Pero suponiendo que es verdad, y otorgándole el beneficio de la duda, que estuviera el crimen organizado detrás de la muerte de ambos activistas sociales y otros asesinatos ¿Debiéramos preocuparnos por la estabilidad política y social de nuestro país?, ¿Sería entonces un mensaje para desestabilizar el gobierno de López Obrador, al igual que el extraño accidente del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla y su esposo el senador Rafael Moreno Valle?, ¿El crimen organizado quiere callar a la oposición?, ¿Por qué y para qué?.
Este fin de semana habrá otra consulta en el estado de Morelos para definir el futuro del PIM, ni Samir ni Fajardo estará ahí para atestiguar el resultado de la misma. De ganar el apoyo para la construcción, la lectura debiera ser que no importa si se pierden vidas ¿Lo que importa es el fin último del interés común en este tipo de proyectos, de acuerdo con la visión del gobierno?, si la respuesta es “no” a la consulta ¿Estaríamos frente a un escenario donde el crimen organizado lograría la desestabilización del régimen?, ¿Sería un antecedente para los resultados de otras consultas?. Ya lo sabremos este domingo, pero por lo pronto pudiera haber alguien que se beneficie de estos crímenes, silenciando a la “oposición”.
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