Fue un gran acuerdo el alcanzado ayer en la Cámara de Senadores.
El presidente López Obrador tiene la mesa puesta para bajar la criminalidad como no la tuvo ningún presidente en los años previos.
Ni un solo partido político fue mezquino para pensar y actuar en beneficio de la población.
Tampoco hay partidos que quieren que le vaya mal a México para que les vaya bien a ellos.
De ahora en adelante, los resultados en materia de seguridad dependerán de la capacidad del Presidente y de sus secretarios.
Los legisladores le dieron todo lo que pedía, salvaguardando la autoridad civil sobre los mandos y códigos militares.
López Obrador debe aquilatar que en la oposición hay una buena actitud para avanzar en aquello que le conviene a México, y dejar de soltar insultos e improperios todas las mañanas a quienes piensan diferente.
También en su equipo hay gente capaz y tolerante, como Ricardo Monreal, que con diálogo y espíritu abierto supo escuchar y conciliar.
Monreal logró lo que muchos veían imposible: unanimidad para un acuerdo tan delicado como la Guardia Nacional con participación de elementos de las Fuerzas Armadas.
Y eso se alcanzó con buenos modales políticos, sin bravuconadas ni extorsiones a los legisladores y sus familiares.
En una sola línea: sí son posibles los acuerdos cuando el beneficiado es México y no un grupo.
Como dijimos ayer en esta columna, al fin se reconoce la necesidad del concurso de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen y a la inseguridad.
Ya no se les pone a los soldados como sinónimo de violadores de derechos humanos y asesinos de viejitas.
Son indispensables, por un tiempo.
Ahora tendrán un marco constitucional que los protege y regula su actuación.
El acuerdo es aplaudible por varias razones:
La primera es que se dota al Estado de un cuerpo de seguridad interior, que contará con la participación de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad que tiene a la ciudadanía temerosa, asediada y vejada.
Ese cuerpo de seguridad interior, la Guardia Nacional, contará con un mando civil.
Los mandos de dirección de la Guardia Nacional también serán civiles.
Todos los elementos de las Fuerzas Armadas que pasen a formar parte de la Guardia se regirán por los códigos civiles.
Se desechó la iniciativa de reforma al artículo 13 de la Constitución, por lo que no habrá fuero militar para sus integrantes, aunque provengan del Ejército o la Marina.
Habrá temporalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública: dentro de cinco años sus integrantes regresarán a los cuarteles.
Ahora no va a ocurrir esa paradoja que Magú ponía en evidencia: “militarizar para desmilitarizar”.
Con el acuerdo que se alcanzó en el Senado no habrá tal militarización.
La Guardia Nacional será una institución policial civil que va a depender de la secretaría de Seguridad Pública.
En el presupuesto se establecerán los recursos correspondientes para que los gobiernos estatales formen cuerpos policiacos profesionales. Serán evaluados y tendrán un calendario que cumplir.
Así es que, al fin, un gobierno podrá combatir a la delincuencia y pacificar al país, pues contará con las herramientas institucionales y operativas para hacerlo.
Falta que sean capaces y, por el bien de todos, ojalá que sí.
Y falta un gran evento de homenaje y desagravio a las Fuerzas Armadas que han estado bajo el fuego de la delincuencia y de la artillería mediática de quienes buscaron su desprestigio y fomentaron un clima de hostilidad en su contra.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.
Comentarios
Publicar un comentario
Hacer un Comentario