“No es fácil, ante una multitud, hacer prevalecer el orden”. López Obrador tiene toda la razón. Los cuerpos volaron por los aires destazados, decenas quedaron irreconocibles. Mujeres, niños, de todo, corriendo de un lado al otro convertidos en auténticas teas. ¿Podía el Ejército hacer algo más? Dos docenas de elementos no pueden contener la decisión y la furia de cientos. Hacer prevalecer el orden, para utilizar la expresión presidencial, solo se logra cuando hay una mayoría de ciudadanos convencidos de que la ley es la mejor fórmula de convivencia. La vieja campana de Gauss: una minoría que siempre la respeta, otra que nunca lo hace. Pero lo relevante es hacia dónde se inclina la mayoría. En México gana la ilegalidad.
La defensa del Estado de derecho, de la legalidad, surge de adentro para afuera, por la conciencia se llega a la actuación. Allí están los estudios de Lawrence Kohlberg —un brillante teórico de Harvard— pionero en estudios sobre la relación entre el ciudadano y la legalidad. En el corte de caja al respecto del INE de 2016 solo un 38% de la población respeta la ley por convencimiento. Tlahuelilpan debe mover a reflexión. El Estado de derecho se construye en el hogar, las aulas, en las fuentes de trabajo, en la vía pública. Pero sobre todo desde el gobierno debe emanar congruencia: nadie por encima de la ley. Lo ha dicho el Presidente, pero entonces cómo explicar la recuperación de la CNTE convirtiéndola de nuevo en actor importante en la vida educativa y en la política. Es sabido que, en los genes doctrinales de esa agrupación, la violencia es aceptada. La CNTE siempre ha validado una dosis de violencia que la 4T hace suya. Si de congruencia se trata, AMLO jamás debió de condonar a las decenas de miles de mexicanos que roban electricidad. Hoy los huachicoleros son el gran enemigo, pero los “diablitos” son premiados. El otro gran anclaje del Estado de derecho surge del exterior, de la disminución al máximo posible de la impunidad. A toda acción una reacción, solo con esa expectativa el Estado es fuerte. Quien infrinja alguna norma debe sufrir una consecuencia proporcional a su falta. Si algún bien jurídico debería recibir la máxima protección es la vida, pero en esto tampoco somos congruentes. Impunidad/cero ha registrado como en Oaxaca, Guerrero, Morelos y Tamaulipas más del 90% de los homicidios dolosos no tienen consecuencia alguna. Es más riesgoso poner un negocio que matar a alguien. ¿Estado de derecho?
Pareciera una labor titánica, no lo es si se actúa con congruencia. Invertir es imprescindible. Impunidad/cero ha documentado una clara correlación: a una mayor inversión en seguridad pública y en los poderes judiciales, corresponde una clara disminución de la impunidad. Necesitamos más y mejores policías, investigadores, jueces bien pagados y con las condiciones para poder enfrentar a los narcos y a los huachicoleros que con frecuencia están vinculados. ¿No sería mejor para México ahorrarnos las multimillonarias inversiones en Santa Lucia y el actual aeropuerto y permitir que siga el proyecto autofinanciable del Naicm? Ese dinero, que es muchísimo, podría invertirse en el fortalecimiento del aparato de seguridad y justicia.
Para garantizar una total independencia de los poderes judiciales lo primero es garantizarles un ingreso mínimo (por número de habitantes, de expedientes, fórmulas hay muchas) para que así los gobernadores no puedan presionar a los judiciales locales. Según datos de la OCDE el gasto en seguridad pública de México es cinco veces menor que en EE.UU., y entre tres y cuatro veces menor que en Chile y Colombia. ¿No sería mejor invertir los 150 mil mdp del Tren Maya en justicia? para que las decenas de miles —alrededor de 110 mil mexicanos— que están “guardados” esperando sentencia puedan recibirla y obtener su libertad, si es el caso.
Además de educación, de congruencia en las señales, de la disminución al máximo de la impunidad, el Estado de derecho en el siglo XXI reclama fortaleza de los órganos autónomos. El índice Gallardi la mide y es indicador clave para los inversionistas extranjeros. De haber congruencia la actual administración debería de respetar totalmente al Poder Judicial, no lanzar diatribas en su contra; debería permitir que cada uno de esos órganos establezca sus requerimientos presupuestales. Cada uno en su especialidad, sabe mejor cuánto necesita, pienso en el INE, Banxico, en Cofece, en la CNDH, en el INEE.
“No se puede enfrentar el mal con el mal”, correcto. Ojalá que el de Tlahuelilpan, genere reflexión. Por respeto a la vida, seamos congruentes.— Ciudad de México
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
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