La embestida gubernamental contra el robo de combustible es una tarea apremiante. Su crecimiento en los últimos años plantea un desafío institucional que demanda determinación de autoridades y respaldo público. Los datos duros en torno a esta actividad ilícita permiten dimensionar el tamaño del reto que se enfrenta, pero sus efectos colaterales van mucho más allá del cuantioso daño al patrimonio nacional.
Y es que ese flagelo provocó violencia en territorios antes relativamente pacíficos y muy prósperos, involucró a comunidades enteras en actividades criminales, corrompió a funcionarios y trabajadores de la industria petrolera, es muy probable que haya penetrado a la red de distribución formal y comprometió la integridad de autoridades municipales y locales y, seguramente, encontró la manera de financiar candidatos y campañas políticas.
Lo secundario no puede prevalecer sobre lo fundamental. Ciertamente, los problemas de abasto generan frustración y enojo en la población, además del daño que provocan a la actividad cotidiana de personas y negocios. Es un tema que debió preverse y atenderse con mayor eficacia y es posible y deseable que en los próximos días se mitigue la escasez en los territorios con mayor dificultad de suministro.
Sin embargo, visto el todo, francamente sería una pena que las autoridades tuvieran que ceder en la determinación de esta lucha, por la presión social originada ante la incompetencia de los funcionarios a cargo de esta parte del asunto.
Acabar con el crimen obliga a trabajar en todos los frentes. El Presidente acierta al reconocer y agradecer a quienes participan en esta lucha en un momento difícil por el explicable disgusto e inconformidad que genera la insuficiencia de combustible. Es mucho lo que hay por delante en la batalla contra el llamado huachicol.
La estrategia debe tener como objetivo cerrar los circuitos de ilegalidad de ese negocio, desde luego el robo, pero también la comercialización y el beneficio financiero. Se requiere de una labor de inteligencia que, al parecer, ha profundizado en lo primero, pero por lo que se conoce no ha atendido lo segundo y desde luego tampoco las finanzas del crimen.
Las cifras revelan que fue en estos dos últimos años cuando el huachicoleo adquirió preocupantes dimensiones. Existieron acciones contra el robo de combustible, pero el origen del problema estaba en otro lugar, además de que la cantidad de combustible robada no podía colocarse exclusivamente a través de la venta clandestina.
Es necesario que las autoridades investiguen con rigor su comercialización por la red formal de distribución, de otra forma los ladrones siempre contarán con un medio para volver dinero lo robado. Por cierto, los voceros de los expendedores de combustible han apoyado sin reserva la acción del gobierno contra el robo de éste; ojalá y sea por responsabilidad y no por temor a ser investigados.
Acabar con el negocio requiere de acción legal ejemplar y cuidadosa. Actuar de la cúspide hacia la base. Hay que subrayar -y esto vale para el gobierno actual y los anteriores- que una autoridad que tiene conocimiento de un acto delictivo y de una posible o presunta responsabilidad criminal la hace solidariamente corresponsable y, por lo mismo, no es discrecional u optativo actuar, se debe hacer a partir del compromiso fundacional de cumplir y hacer cumplir la ley. La aplicación de la ley y la persecución de los delitos es asunto de interés público y no es opcional ni para el Presidente mismo.
Cerrar filas en medio del enojo social, por supuesto, no es fácil, pero es fundamental hacer valer lo relevante: abatir la impunidad y reivindicar el imperio del derecho. La coincidencia se ha logrado y ha creado consenso.
Por eso el gobierno no debe confundir el miedo, frustración o reclamo ciudadano como un aval al robo y a la corrupción. Se puede avanzar en la lucha contra el crimen sin llevar a la población a un sacrificio que resulta de la ineficacia o impericia de funcionarios.
La determinación es lo que debe llegar hasta sus últimas consecuencias para que quienes se han enriquecido con el robo del patrimonio público enfrenten la acción de la justicia. Desarticular la red criminal con acciones de inteligencia e investigación ejemplares.
En otras palabras, se trata de algo fundamental, en lo que no hay diferencias porque puede ser el parteaguas que necesitamos para empezar a ser un país distinto: que el que la hace, la pague.
@liebano
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
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