Desde hace décadas no se habían presentado en México 44 huelgas de un solo golpe.
Ocurre en Tamaulipas, donde 44 maquiladoras se fueron a paro, 14 regresaron ya a trabajar, tres cerraron y más de veinte continúan en huelga.
Comenzamos a oír, en el círculo morenista, expresiones como “victoria proletaria”, “avance obrero”, y huelgas producto de la “enorme desigualdad que padecemos”, en palabras de la diputada Dolores Padierna.
La desigualdad no siempre se atenúa con huelgas ni con reivindicaciones del “proletariado”, sino con mejor educación y crecimiento económico.
A juzgar por las iniciativas que se votarán en el Congreso a partir de la próxima semana, en este sexenio no tendremos ni mejor educación ni mayor crecimiento económico.
Es fácil repartir el dinero que dejó el impulso económico de las administraciones anteriores, y de manera graciosa echarles la culpa a ellas de los fracasos del presente. Pero esos recursos se acaban.
No hay atajos: para que haya empleos tiene que haber inversión privada, empresarios que arriesguen su capital en la creación de riqueza.
Y para que haya inversión tienen que haber garantías y reglas claras que se cumplan.
El hecho es que en todo el sexenio de Vicente Fox hubo 49 huelgas.
En el de Felipe Calderón 40.
Y en el de Enrique Peña Nieto 23.
Ahora, en 60 días, llevamos 44 y el fenómeno amenaza con extenderse, y de hecho así sucederá.
La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, dice que los paros en la frontera son un asunto local y les desea pronta conciliación.
No es así. Las huelgas estallaron por una medida federal: subir 100 por ciento el salario mínimo en esa región del país.
Los maquiladores acataron la medida, aumentaron el sueldo al doble, pero suspendieron bonos y compensaciones salariales, con lo cual los trabajadores salieron perdiendo.
En un dos por tres se rompió la estabilidad laboral que habíamos mantenido por décadas, con cientos de miles de renegociaciones salariales exitosas.
No va a parar ahí. Un porcentaje de los que van a entrar a trabajar en el marco del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, fueron seleccionados en un censo levantado, no por el INEGI, sino por Morena.
La beca que van a obtener se la deben a un partido político. Concretamente al Instituto de Formación Política de Morena, cuyos consejeros son John Ackerman, Pedro Miguel y otros próceres de la lucha de clases.
Es decir, no pocas empresas tendrán en su seno a células de agitadores (no en todos los casos, desde luego) que van por reivindicaciones ideológicas y la beca que les dará el gobierno.
Paralelamente a ello se promueve una campaña para acabar con liderazgos sindicales “antidemocráticos, acostumbrados a todo menos a atender las necesidades de sus agremiados”, dice la diputada Padierna aquí en El Financiero.
Suena bien, y en efecto tiene razón la diputada en muchos casos. Sólo que esta desestabilización de sindicatos es para entregarle el poder en el sector obrero a Napoleón Gómez Urrutia.
Van por el control político. La estabilidad laboral, la productividad y la inversión privada no les importan.
Ahí está el caso de las millones de toneladas de productos varadas por el bloqueo que hace la CNTE a las vías férreas en Michoacán.
Mil millones de pesos en pérdidas diarias.
Y ese dinero no lo pierde el aire, sino empresas, y repercute en cierre temporal de fuentes de empleo, detención de obras y falta de abasto de algunos productos –por ahora– para la industria.
La secretaría de Comunicaciones y Transportes le echa la culpa al gobierno estatal por permitir ese latrocinio económico. Sin embargo el artículo tercero de la Ley General de Vías de Comunicación dice: “Las vías generales de Comunicación y los modos de Transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales”.
Más claro, ni el agua.
Está claro: el gobierno federal no va a actuar contra la CNTE ni contra ninguno de los aliados de su partido.
Su objetivo prioritario no es la producción ni poner las condiciones para que el país funcione, sino el control político.
Un control político basado en la premisa ideológica de que los empresarios son malos y explotadores (sin duda los hay, pero no es la regla).
Las empresas extranjeras nos vienen a chupar la sangre, “como pretenden hacer en Venezuela”, dicen en La Jornada.
Polarización. Agudización de las contradicciones entre capital y trabajo.
Se acabó la paz laboral.
La crisis ya empezó en la frontera, a menos de dos meses de iniciado el nuevo gobierno.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.
Ocurre en Tamaulipas, donde 44 maquiladoras se fueron a paro, 14 regresaron ya a trabajar, tres cerraron y más de veinte continúan en huelga.
Comenzamos a oír, en el círculo morenista, expresiones como “victoria proletaria”, “avance obrero”, y huelgas producto de la “enorme desigualdad que padecemos”, en palabras de la diputada Dolores Padierna.
La desigualdad no siempre se atenúa con huelgas ni con reivindicaciones del “proletariado”, sino con mejor educación y crecimiento económico.
A juzgar por las iniciativas que se votarán en el Congreso a partir de la próxima semana, en este sexenio no tendremos ni mejor educación ni mayor crecimiento económico.
Es fácil repartir el dinero que dejó el impulso económico de las administraciones anteriores, y de manera graciosa echarles la culpa a ellas de los fracasos del presente. Pero esos recursos se acaban.
No hay atajos: para que haya empleos tiene que haber inversión privada, empresarios que arriesguen su capital en la creación de riqueza.
Y para que haya inversión tienen que haber garantías y reglas claras que se cumplan.
El hecho es que en todo el sexenio de Vicente Fox hubo 49 huelgas.
En el de Felipe Calderón 40.
Y en el de Enrique Peña Nieto 23.
Ahora, en 60 días, llevamos 44 y el fenómeno amenaza con extenderse, y de hecho así sucederá.
La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, dice que los paros en la frontera son un asunto local y les desea pronta conciliación.
No es así. Las huelgas estallaron por una medida federal: subir 100 por ciento el salario mínimo en esa región del país.
Los maquiladores acataron la medida, aumentaron el sueldo al doble, pero suspendieron bonos y compensaciones salariales, con lo cual los trabajadores salieron perdiendo.
En un dos por tres se rompió la estabilidad laboral que habíamos mantenido por décadas, con cientos de miles de renegociaciones salariales exitosas.
No va a parar ahí. Un porcentaje de los que van a entrar a trabajar en el marco del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, fueron seleccionados en un censo levantado, no por el INEGI, sino por Morena.
La beca que van a obtener se la deben a un partido político. Concretamente al Instituto de Formación Política de Morena, cuyos consejeros son John Ackerman, Pedro Miguel y otros próceres de la lucha de clases.
Es decir, no pocas empresas tendrán en su seno a células de agitadores (no en todos los casos, desde luego) que van por reivindicaciones ideológicas y la beca que les dará el gobierno.
Paralelamente a ello se promueve una campaña para acabar con liderazgos sindicales “antidemocráticos, acostumbrados a todo menos a atender las necesidades de sus agremiados”, dice la diputada Padierna aquí en El Financiero.
Suena bien, y en efecto tiene razón la diputada en muchos casos. Sólo que esta desestabilización de sindicatos es para entregarle el poder en el sector obrero a Napoleón Gómez Urrutia.
Van por el control político. La estabilidad laboral, la productividad y la inversión privada no les importan.
Ahí está el caso de las millones de toneladas de productos varadas por el bloqueo que hace la CNTE a las vías férreas en Michoacán.
Mil millones de pesos en pérdidas diarias.
Y ese dinero no lo pierde el aire, sino empresas, y repercute en cierre temporal de fuentes de empleo, detención de obras y falta de abasto de algunos productos –por ahora– para la industria.
La secretaría de Comunicaciones y Transportes le echa la culpa al gobierno estatal por permitir ese latrocinio económico. Sin embargo el artículo tercero de la Ley General de Vías de Comunicación dice: “Las vías generales de Comunicación y los modos de Transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales”.
Más claro, ni el agua.
Está claro: el gobierno federal no va a actuar contra la CNTE ni contra ninguno de los aliados de su partido.
Su objetivo prioritario no es la producción ni poner las condiciones para que el país funcione, sino el control político.
Un control político basado en la premisa ideológica de que los empresarios son malos y explotadores (sin duda los hay, pero no es la regla).
Las empresas extranjeras nos vienen a chupar la sangre, “como pretenden hacer en Venezuela”, dicen en La Jornada.
Polarización. Agudización de las contradicciones entre capital y trabajo.
Se acabó la paz laboral.
La crisis ya empezó en la frontera, a menos de dos meses de iniciado el nuevo gobierno.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.
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