En México hemos interiorizado la creencia de que tenemos derechos y se ha disparado el número de quienes se movilizan y organizan en torno a causas muy precisas; los problemas vienen cuando queremos defenderlos. El calvario vivido por Lydia Cacho y los 43 de Ayotzinapa serviría para redactar una enciclopedia sobre el arsenal de triquiñuelas empleadas por las instituciones del Estado para preservar la impunidad.
Con eso en mente, ubiquemos dos eventos protagonizados por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. En representación del Estado pidió perdón a Lydia Cacho por las tropelías cometidas en su contra, desde que hace 13 años denunció con lujo de detalles a una banda de pederastas enquistados en la cúspide del poder político y económico. Luego instaló la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
Las tribulaciones de Lydia Cacho y las madres y padres de Ayotzinapa se empalmaron con el intenso debate generado por la creación de la Guardia Nacional. Lo comento con una pregunta clave: ¿Por qué hubo tanto rechazo a que la Guardia fuera comandada por un militar, si según encuestas y discursos, los soldados y marinos cuentan con una alta aprobación y reciben tantos elogios?
La resistencia se apoya en la evidencia de que los militares también han sido perpetradores. Es ridículo ponerlos al mismo nivel de los cárteles y las corporaciones policíacas, pero sería un desacierto negar sus errores y excesos. Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los estudios de Alejandro Madrazo y Carolina Pérez Correa, entre otros, han demostrado con sucesos y cifras, que cuando los militares intervienen hay más muertos que heridos o detenidos, que superan en denuncias por maltratos y tortura a la Policía Federal y a las corporaciones de los estados.
También pudo haber influido la claridad que se tiene sobre los riesgos de una concentración excesiva de poder. Están cercanas las etapas en las cuales los presidentes utilizaban a las fuerzas armadas como instrumento para intimidar, golpear y eliminar opositores.
Estaría, finalmente, el hermetismo de los militares. Aun cuando han crecido la cantidad y calidad de las interlocuciones entre civiles y militares, se sabe bastante poco sobre lo que pasa en su interior y, lo desconocido, provoca inquietud y desconfianza.
En todo caso, el presidente cedió y sacó a la Guardia Nacional de la Sedena y la transfirió a la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Alfonso Durazo. También aceptó que sea comandada por un civil. Los titulares del Ejército y la Marina reaccionaron con una actitud positiva ante esa reducción simbólica en su poder.
Ya veremos qué tan profundo es el viraje, cuando la Comisión sobre Ayotzinapa solicite a la Sedena la información sobre lo hecho y dejado de hacer por el famoso 27o. Batallón de Infantería, durante los trágicos eventos de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Con lo relatado se elabora una agenda para el futuro. Los logros de Lydia Cacho y las madres y padres de Ayotzinapa son insuficientes para obtener verdad, justicia, reparaciones y garantía de no repetición. El actual gobierno tiene pendiente atender los reclamos de las decenas de miles de desaparecidos que está ignorando.
Poner a un civil al mando de la Guardia Nacional deja sin resolver los defectos del dictamen, ni atiende la urgencia de mejorar a corporaciones policiacas de estados y municipios. Será prioritario monitorear sus procedimientos, mientras se intenta mejorar el diálogo entre civiles y militares.
El respeto a los derechos humanos no se logrará por una graciosa concesión de la autoridad; será la consecuencia de lo hecho por una ciudadanía organizada que logra acuerdos con autoridades sensibles a la tragedia que enluta a centenares de miles de familias.
Ahora bien, sería tan absurdo festinar como minimizar lo sucedido en los últimos días. Se dieron pasos en la dirección correcta. Aunque falta muchísimo por recorrer, el balance de esta semana es positivo.—Boston, Massachusetts.
@sergioaguayo Investigador y analista político.
Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer.
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