El 10 de diciembre se pararon —frente a sus edificios— jueces, magistrados y secretarios de acuerdo. En la capital, el presidente de la recién nacida Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Luis Vega Ramírez, se convirtió en el vocero que, en su discurso, negó privilegios y justificó los ingresos que garantizan la independencia judicial. También habló de un acoso del Ejecutivo y del Legislativo controlados por Morena. Al día siguiente, la International Bar Association publicó un desplegado de media página en “Reforma” reforzando el alegato de los letrados.
El encontronazo se enmarca en un ambiente adverso a los jueces. Alejandro Moreno recordó que según la encuesta nacional de noviembre de “El Financiero”, 63% de la población tiene poca o nula confianza en la Suprema Corte. Tras el rechazo está un hecho irrebatible: en los últimos años, los jueces federales han recibido carretadas de dinero sin haber erradicado los vicios que lastran el mundo de la toga.
En su apasionada defensa de los jueces mexicanos, la International Bar Association se olvidó del estudio que ellos publicaron en 2016 sobre “Los sistemas judiciales y la corrupción” en 31 países. México recibió una atención especial porque su cuestionario fue respondido por más de tres mil personas de ese ambiente. Nuestro país sale mal, muy mal parado. En la categoría de “respeto al estado de derecho” estamos en el lugar 27; abajo de Rusia. Y para el 82% de los entrevistados, la justicia se mueve con la cadencia del soborno; esa cifra nos coloca en un vergonzoso primer lugar en América Latina.
Tampoco hablaron del nepotismo. En un informe de 2017 y en otro de 2018, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sistematizó y profundizó en lo encontrado por el consejero de la Judicatura Federal Felipe Borrego Estrada, quien reunió información sobre 1,031 juzgados en todo el país (Ciudad de México fue excluida) y encontró que los jueces y magistrados de 501 tribunales contrataron hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y suegras.
Es necesaria una precisión. La discusión de las últimas semanas se ha centrado en la justicia federal, olvidándose de la local, donde la capa de mugre es bastante más densa. En diferentes ocasiones he escrito sobre la manera como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, presidido por Yasmín Esquivel Mossa, ha favorecido a los desarrolladores que han depredado a Ciudad de México. Otro pendiente para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Sin quitarle importancia a la discusión sobre la austeridad y los salarios, es indispensable que en las próximas batallas aborden el tema de una reforma a profundidad. Ya hay voces proponiéndolo. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo menciona en su entrevista a René Delgado (“Reforma”, 13 de diciembre) y el vocero de los jueces, Vega Ramírez, reconoció muy de pasada que como toda “institución humana, el Poder Judicial de la Federación es perfectible,” y aceptó la “conveniencia de revisar nuestras normas, nuestras prácticas y recursos”.
Él mismo propuso que la revisión deben hacerla los jueces de “forma autónoma e independiente”. Dado que ya preservaron sus ingresos y privilegios para 2019, deberán dedicar tiempo a castigar a los colegas corruptos y proponerle al Legislativo las correcciones a leyes y reglamentos pensados para controlar a la ciudadanía en beneficio de los poderosos. Para defender mis derechos he recurrido en diversas ocasiones a la justicia capitalina y federal, y es una pesadilla. Aun cuando se tenga la suerte de encontrarse con un juez honesto y profesional, se tienen que acatar normas caducas. Necesitamos una legalidad pensada en el ciudadano y en las víctimas.
Esta batalla entre poderes confirma lo insuficiente de invocar la austeridad o la santidad de la independencia judicial. Los jueces tienen que demostrar con hechos que la autonomía que demandan la utilizarán para limpiar su casa y adecuar sus leyes y prácticas a las necesidades de un país democrático. Por ahora, la principal conclusión es que el Poder Judicial mexicano tiene mucho qué corregir y poquísimo de qué presumir.— Boston.
@sergioaguayo
Investigador y analista político. Colaboró Iván Edai Espinosa Russi
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