La secretaria de la Función Pública dice que no lo dijo, pero lo puso sobre la mesa: no es de extrañarse que, incluso ante la evidencia irrebatible, califique la simple repetición de sus propias palabras como fake news. “No tenemos por qué brincar desde el Estado, los funcionarios, los senadores, los jueces y los magistrados a llegar a los salarios del mercado, más bien los salarios del mercado, los honorarios y los ingresos del mercado tendrían que ajustarse a nueva moralidad y a una nueva ética pública de salarios justos, no mediocres, no mermados, no reducidos, pero justos”. La mira está puesta, para lo que sigue, sobre los empresarios.
Sobre los empresarios, como antes fue puesta sobre el Poder Judicial, sobre los servidores públicos, sobre los órganos autónomos. Es un camino que, lamentablemente, conocemos: la austeridad republicana como bandera en contra de un grupo determinado, las generalizaciones basadas en el ejemplo de unos cuantos, las etiquetas y los insultos y, para quien se resiste a los mandamientos de la nueva moralidad, la violencia de la turba enardecida. Las imágenes de las agresiones al director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura son espeluznantes. “¡Traidores a la patria!”, gritaban quienes acorralaron al que pensaban era un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un aviso, nada más: ahora ya sabemos lo que puede ocurrir a quien sea mostrado como enemigo del pueblo bueno.
“Yo creo que así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y sumarse a alguna política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios”. Ahí está: la austeridad republicana como bandera en contra de un grupo determinado, esta vez los empresarios. Ahora vendrán las generalizaciones, las etiquetas, los insultos, la violencia y, tras otra —ya anunciada— consulta a modo, la sujeción a proceso de “miembros del sector privado que participaron en el periodo neoliberal y causaron esta crisis”, según las palabras del Presidente de la República. La amenaza está cantada.
Y de qué manera. Dentro de lo que dice que no dijo, afirmó con claridad: “nadie dice que no haya derecho a que, en un sistema de mercado, podríamos decir en un sistema capitalista, las ganancias bajen o se mermen, pero los salarios del mercado o los ingresos del mercado quizá sí se tendrían que ajustar”. ¿Nadie dice que no hay derecho a que las ganancias bajen o se mermen? ¿Qué fue lo que no quiso decir?
“Nosotros no tenemos incidencia sobre las empresas”, dijo al tratar de exculparse. No, no la tienen: tampoco la tienen sobre el Poder Judicial. Pero eso no ha impedido que pretendan tenerla de cualquier manera, y se haga uso del escarnio, de las falacias, de la violencia. La presión es, en estos momentos, sobre la Corte: la presión será, después, sobre los empresarios.
Sobre los empresarios, sobre los directivos: sobre los burgueses. Sobre los explotadores que se han apropiado de las plusvalías, en detrimento de los salarios del proletariado. Marxismo de primer grado, que explica las decisiones —a primera vista— irracionales en materia económica: si no existen plusvalías, no existe inversión de capital, y el sistema desciende de crisis en crisis hasta lograr la revolución del proletariado. Por eso el aeropuerto cancelado sin importar el precio, por eso el desprecio por los inversionistas, por eso la creación de conciencia de clase al señalar constantemente a los fifís y a los traidores a la patria: ya veremos cuánto tiempo se tardan en duplicar la PTU.
La secretaria de la Función Pública dice que no lo dijo, pero lo puso sobre la mesa, como en su momento se puso lo que se convirtió en el ataque a los órganos autónomos, a los burócratas, a la Corte: a nadie le extrañe que en un par de semanas salgan los primeros ejemplos de empresarios corruptos, las cifras exhorbitantes, los escándalos en redes sociales. El anatema en contra de un sector que, a final de cuentas, no le interesa: como se les ha dicho a todos los demás, si no les gusta, que se vayan a otro lado.
Lo que dice que no dijo dice mucho. Estamos en el camino a la dictadura del proletariado.
Sobre los empresarios, como antes fue puesta sobre el Poder Judicial, sobre los servidores públicos, sobre los órganos autónomos. Es un camino que, lamentablemente, conocemos: la austeridad republicana como bandera en contra de un grupo determinado, las generalizaciones basadas en el ejemplo de unos cuantos, las etiquetas y los insultos y, para quien se resiste a los mandamientos de la nueva moralidad, la violencia de la turba enardecida. Las imágenes de las agresiones al director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura son espeluznantes. “¡Traidores a la patria!”, gritaban quienes acorralaron al que pensaban era un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un aviso, nada más: ahora ya sabemos lo que puede ocurrir a quien sea mostrado como enemigo del pueblo bueno.
“Yo creo que así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y sumarse a alguna política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios”. Ahí está: la austeridad republicana como bandera en contra de un grupo determinado, esta vez los empresarios. Ahora vendrán las generalizaciones, las etiquetas, los insultos, la violencia y, tras otra —ya anunciada— consulta a modo, la sujeción a proceso de “miembros del sector privado que participaron en el periodo neoliberal y causaron esta crisis”, según las palabras del Presidente de la República. La amenaza está cantada.
Y de qué manera. Dentro de lo que dice que no dijo, afirmó con claridad: “nadie dice que no haya derecho a que, en un sistema de mercado, podríamos decir en un sistema capitalista, las ganancias bajen o se mermen, pero los salarios del mercado o los ingresos del mercado quizá sí se tendrían que ajustar”. ¿Nadie dice que no hay derecho a que las ganancias bajen o se mermen? ¿Qué fue lo que no quiso decir?
“Nosotros no tenemos incidencia sobre las empresas”, dijo al tratar de exculparse. No, no la tienen: tampoco la tienen sobre el Poder Judicial. Pero eso no ha impedido que pretendan tenerla de cualquier manera, y se haga uso del escarnio, de las falacias, de la violencia. La presión es, en estos momentos, sobre la Corte: la presión será, después, sobre los empresarios.
Sobre los empresarios, sobre los directivos: sobre los burgueses. Sobre los explotadores que se han apropiado de las plusvalías, en detrimento de los salarios del proletariado. Marxismo de primer grado, que explica las decisiones —a primera vista— irracionales en materia económica: si no existen plusvalías, no existe inversión de capital, y el sistema desciende de crisis en crisis hasta lograr la revolución del proletariado. Por eso el aeropuerto cancelado sin importar el precio, por eso el desprecio por los inversionistas, por eso la creación de conciencia de clase al señalar constantemente a los fifís y a los traidores a la patria: ya veremos cuánto tiempo se tardan en duplicar la PTU.
La secretaria de la Función Pública dice que no lo dijo, pero lo puso sobre la mesa, como en su momento se puso lo que se convirtió en el ataque a los órganos autónomos, a los burócratas, a la Corte: a nadie le extrañe que en un par de semanas salgan los primeros ejemplos de empresarios corruptos, las cifras exhorbitantes, los escándalos en redes sociales. El anatema en contra de un sector que, a final de cuentas, no le interesa: como se les ha dicho a todos los demás, si no les gusta, que se vayan a otro lado.
Lo que dice que no dijo dice mucho. Estamos en el camino a la dictadura del proletariado.
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