La muerte trágica de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, abre un ciclo de indeseable desencuentro, más allá de lo que es común en la política, y deja en claro que las “benditas” redes sociales no lo son tanto cuando dan curso a la maledicencia y a la mala entraña. No parece ser una campaña articulada, con medios y recursos, para desprestigiar al gobierno y a su presidente asignando una responsabilidad a todas luces precipitada, y seguramente inexistente. Pero tampoco el presidente puede recriminar a un auditorio dolido por la pérdida, por sus expresiones poco amables con la titular de Gobernación, durante los funerales. En la tragedia lo más aconsejable es la serenidad y, desde luego, la información precisa. La experiencia nos enseña que la humildad y el estoicismo en este tipo de situaciones son del todo aconsejables.
Aunque es una vieja tradición en ocasión de muertes de personajes de la política en activo, en este y todos los casos debe indignar la especulación y todavía más que haya quien reparta culpas sin fundamento alguno. En los meses previos a la tragedia, el presidente de la República tuvo una conducta poco comedida con la gobernadora fallecida, por decir lo menos. Lo hizo como candidato, como candidato ganador, como presidente electo y después como presidente en funciones. Eso, sin embargo, no lo hace responsable de manera alguna, pero en el agravio por el deceso sus adversarios le echan en cara, por emoción o por interés, el infortunio de su conducta. Es lamentable tal actitud, pero eso no los hace ni conservadores, neofascistas o lo que sea. Lidiar con ello es ingrato, pero hay que hacerlo con la prudencia a la que obliga la circunstancia, y especialmente la investidura. Como contrapunto está la declaración de Morena de que no hará uso de su mayoría en el Congreso local para definir unilateralmente quien sería gobernador interino.
Bien que los funcionarios del más alto nivel informen a la opinión pública con oportunidad lo que esté al alcance en las investigaciones del siniestro. Sin embargo, hay procedimientos y protocolos que deben cumplirse, no solo por razones de prudencia, también porque hay normas de carácter nacional e internacional a las que deben someterse las indagatorias. Los medios y la sociedad demandan respuestas inmediatas, lamentablemente esto sólo puede documentarse con tiempo, método y la revisión escrupulosa de todos los elementos disponibles. Sólo de esa manera podrá prevalecer la verdad.
Por ello es que la omisión de las autoridades ha probado ser una falta capital y abre la puerta grande a la sospecha. Sin embargo, precipitar conclusiones en este tipo de situaciones no solo puede ser ilegal, también contraproducente. La maledicencia se alimenta no sólo del vacío de información, también de autoridades que se muestran vacilantes, a la defensiva o contradictorias. A la opinión técnica debe dársele siempre amplio espacio. El presidente de la República o los secretarios de despacho no deben ser voceros de los técnicos, tampoco éstos de aquéllos, simplemente que sean las autoridades competentes y calificadas las que informen.
La tragedia se enmarca en un entramado político muy complejo. El Estado de Puebla y el principal partido de oposición sufren un vacío institucional relevante de efectos impredecibles. Esto obliga a extremos de prudencia por parte de todos, particularmente el presidente de la República y los diputados locales, ya que es el escenario donde deberán resolverse y procesarse muchos de los temas institucionales derivados de la ausencia de gobernador constitucional. Debe haber, sin regateo alguno, un proceso de reconciliación y de solución a los diferendos sustantivos para dar paso a la designación del gobernador que habrá de llamar a elecciones extraordinarias.
El Estado habrá de ingresar a un nuevo periodo electoral. La competencia en este caso debe desarrollarse al margen del encono del pasado o del agravio del presente. La sociedad está lastimada por lo que parece ser un accidente. Lucrar con la tragedia como víctimas, o como viene haciéndose en redes, justificándola por el historial de los políticos fallecidos, es innoble y debe alejarse del horizonte. Insisto, es necesario que los actores políticos fundamentales den muestra de sensibilidad y de prudencia.
El agravio no se resuelve agraviando, menos cuando viene de autoridades. Los acuerdos son fundamentales, también el llamamiento a conciliar en lugar de confrontar. La pérdida no va a cuenta de quien es injusta y falsamente señalado como responsable, sino de las familias que perdieron a sus seres queridos. Un drama que excede al imaginario político y la disputa de unos y otros por lo que viene. Es una tragedia cuyo desenlace debiera ser la exaltación de los mejores valores personales y colectivos. Puebla merece transitar hacia un tiempo de concordia y entendimiento, justamente lo que no ocurrió en los meses previos.
@liebano
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Aunque es una vieja tradición en ocasión de muertes de personajes de la política en activo, en este y todos los casos debe indignar la especulación y todavía más que haya quien reparta culpas sin fundamento alguno. En los meses previos a la tragedia, el presidente de la República tuvo una conducta poco comedida con la gobernadora fallecida, por decir lo menos. Lo hizo como candidato, como candidato ganador, como presidente electo y después como presidente en funciones. Eso, sin embargo, no lo hace responsable de manera alguna, pero en el agravio por el deceso sus adversarios le echan en cara, por emoción o por interés, el infortunio de su conducta. Es lamentable tal actitud, pero eso no los hace ni conservadores, neofascistas o lo que sea. Lidiar con ello es ingrato, pero hay que hacerlo con la prudencia a la que obliga la circunstancia, y especialmente la investidura. Como contrapunto está la declaración de Morena de que no hará uso de su mayoría en el Congreso local para definir unilateralmente quien sería gobernador interino.
Bien que los funcionarios del más alto nivel informen a la opinión pública con oportunidad lo que esté al alcance en las investigaciones del siniestro. Sin embargo, hay procedimientos y protocolos que deben cumplirse, no solo por razones de prudencia, también porque hay normas de carácter nacional e internacional a las que deben someterse las indagatorias. Los medios y la sociedad demandan respuestas inmediatas, lamentablemente esto sólo puede documentarse con tiempo, método y la revisión escrupulosa de todos los elementos disponibles. Sólo de esa manera podrá prevalecer la verdad.
Por ello es que la omisión de las autoridades ha probado ser una falta capital y abre la puerta grande a la sospecha. Sin embargo, precipitar conclusiones en este tipo de situaciones no solo puede ser ilegal, también contraproducente. La maledicencia se alimenta no sólo del vacío de información, también de autoridades que se muestran vacilantes, a la defensiva o contradictorias. A la opinión técnica debe dársele siempre amplio espacio. El presidente de la República o los secretarios de despacho no deben ser voceros de los técnicos, tampoco éstos de aquéllos, simplemente que sean las autoridades competentes y calificadas las que informen.
La tragedia se enmarca en un entramado político muy complejo. El Estado de Puebla y el principal partido de oposición sufren un vacío institucional relevante de efectos impredecibles. Esto obliga a extremos de prudencia por parte de todos, particularmente el presidente de la República y los diputados locales, ya que es el escenario donde deberán resolverse y procesarse muchos de los temas institucionales derivados de la ausencia de gobernador constitucional. Debe haber, sin regateo alguno, un proceso de reconciliación y de solución a los diferendos sustantivos para dar paso a la designación del gobernador que habrá de llamar a elecciones extraordinarias.
El Estado habrá de ingresar a un nuevo periodo electoral. La competencia en este caso debe desarrollarse al margen del encono del pasado o del agravio del presente. La sociedad está lastimada por lo que parece ser un accidente. Lucrar con la tragedia como víctimas, o como viene haciéndose en redes, justificándola por el historial de los políticos fallecidos, es innoble y debe alejarse del horizonte. Insisto, es necesario que los actores políticos fundamentales den muestra de sensibilidad y de prudencia.
El agravio no se resuelve agraviando, menos cuando viene de autoridades. Los acuerdos son fundamentales, también el llamamiento a conciliar en lugar de confrontar. La pérdida no va a cuenta de quien es injusta y falsamente señalado como responsable, sino de las familias que perdieron a sus seres queridos. Un drama que excede al imaginario político y la disputa de unos y otros por lo que viene. Es una tragedia cuyo desenlace debiera ser la exaltación de los mejores valores personales y colectivos. Puebla merece transitar hacia un tiempo de concordia y entendimiento, justamente lo que no ocurrió en los meses previos.
@liebano
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