Reconozco los aspectos positivos del Plan. ¡Cómo menospreciar el ataque frontal a la desigualdad y a la corrupción, el énfasis en la dimensión empresarial y financiera, la atención a las víctimas, el control de prisiones y la legalización de algunas drogas! entre otros buenos propósitos.
Desafortunadamente optaron por una presentación incomprensiblemente breve. En 20 láminas —al estilo Power Point— enunciaron las tesis centrales y adoptaron decisiones muy polémicas, pero ni las desarrollaron, ni las fundamentaron, ni establecieron asociaciones entre ellas, ni tampoco marcaron el orden de prioridades. Entregaron un folleto promocional, cuando dada la envergadura del proyecto, necesitamos conocer los planos arquitectónicos y la letra chiquita. Me dejó la impresión de ser un documento pergeñado a última hora, para sustituir un plan mucho mejor elaborado. Lógicamente, en las reacciones han prevalecido las críticas que, en algunos casos, podrían deberse a las insuficiencias del planteamiento.
También llama la atención que solo dedicaran dos párrafos al factor externo, cuando la inseguridad también se alimenta de acontecimientos más allá de nuestras fronteras. Ignorarlo, atenta contra la regla de oro de los análisis de riesgo: explicar las amenazas, dándoles el peso justo. Al optar por minimizar lo externo, se ignora la violencia en el Triángulo Sur centroamericano, que incide sobre nuestra seguridad, por ejemplo, con las caravanas.
Tampoco abordan la importancia de los Estados Unidos en nuestra seguridad, pese a la enormidad de retos creados por esos tres mil kilómetros de frontera. Esa parte de la relación sigue asentada en un entendimiento informal alcanzado en 1927 por el embajador de los Estados Unidos, Dwight D. Morrow, y el presidente Plutarco Elías Calles. La norma ha sido que, en asuntos de seguridad, los gobiernos pueden disentir en público, pero apoyándose en privado.
Ese entendimiento es caduco y ha sido rebasado por los acontecimientos. En lugar de reconocerlo, han optado por cerrar los ojos y el entendimiento. El gobierno de Enrique Peña Nieto simplemente sacó a la potencia de la ecuación y en la agenda de riesgos del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 fueron borradas aquellas instituciones o políticas estadounidenses que amenazan nuestra seguridad.
Era imposible que en el Plan aquí comentado apareciera la fórmula mágica que resolvería de un plumazo una relación endemoniadamente complicada; sí se esperaba una actitud más dispuesta a reconocer la urgencia de reestructurar la relación de seguridad con los Estados Unidos. Algunas de sus políticas nos lastiman. El caso más evidente es el contrabando de armas a México —que no aparece en el Plan— pese a la urgencia que hay de reducir la capacidad de fuego criminal. La explicación más plausible de esa omisión es que optaron por el silencio, para no incomodar a los Estados Unidos de Donald Trump.
¿A qué se debe la debilidad del Plan? Una posible explicación estaría en los forcejeos en el interior del círculo lopezobradorista. En la última etapa de la formulación del Plan, tal vez prevaleció la línea dura, porque se empalmó con la decisión de la Suprema Corte de anular la Ley de Seguridad Interior; el Plan Nacional de Paz y Seguridad terminó por transformarse en un mecanismo de compensación de las fuerzas armadas.
¿Cómo resolverlo? Partamos de un hecho: estamos en una emergencia nacional y sería mezquino regatear el apoyo a un gobierno que se comprometió a hacer algo diferente. Tampoco es saludable que mantengan la ambigüedad y superficialidad del Plan. Un paso lógico sería que proporcionen algunos de los estudios que sustentaron al esquema presentado. Estoy seguro de que cuando tengamos ese material, se entenderán mejor decisiones tan polémicas como el protagonismo concedido a las fuerzas armadas, el papel de la Guardia Nacional o la relación que habrá entre las coordinaciones estatales y regionales.
En otras palabras, es imperativo recomponer la convergencia entre Estado y sociedad, porque son enormes las amenazas a la seguridad ciudadana y nacional. Empezará el próximo sexenio con un Plan de Paz y Seguridad enclenque. ¿Es lo único que hay? — Boston, Massachusetts
@sergioaguayo
Investigador y analista político. Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer
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