Además –agregó- “se suspenden sus derechos políticos y civiles por el tiempo de nueve años. Autorizo el decomiso de 40 propiedades ya descritas. Y por tratarse de delitos formales, queda exonerado de la reparación del daño”.
Con estas palabras concluyó el proceso contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y uno de los políticos más corruptos de la historia de México.
9 años de prisión que podrían reducirse a la mitad, es decir 4 años y medio y a estos, restarle el año y medio que lleva preso: el resultado, tres años de cárcel.
Tal vez fue una jugada maestra de sus abogados, el hecho de que se declarara culpable para que le impusieran la pena mínima que marca la ley por los dos delitos de “dirigir una organización criminal que operó en Veracruz, Guerrero y Ciudad de México, y a través de la cual se desviaron cantidades millonarias de recursos público utilizando para ello empresas fantasma y prestanombres”, dijo la PGR.
Pero además, esto lo hizo con “la finalidad de invertirlo en propiedades y otros bienes en beneficio de él, de su esposa y de su familia”. Y con la sentencia que recibió por esto, sin duda lo hizo con un gran beneficio personal.
No hay forma de comprender como estos delitos solo impliquen 9 años de prisión. Esto me hace pensar que la justicia es ciega pero también irresponsable.
Si Guatemala no da el permiso -esto debido a que el tratado de extradición con que fue repatriado Duarte, implica que solo se le puede juzgar por los delitos que le imputó la PGR-, para que pueda ser juzgado por los delitos de “uso ilegal de un helicóptero” y el desvío de 200 millones de pesos, procesos que están abiertos en su contra, entonces su gran fraude será la Gran Estafa Maestra.
Pero más allá del acto de juzgar a un culpable y llevarlo a prisión, que en este caso se cumplió, la realidad indica que hechos como este son más un ejemplo de lo provechoso que puede resultar ser un criminal de alto rango, que el escarmiento que pueda significar la condena misma.
Es algo parecido a lo que pasa con los narcotraficantes, sobre todo en Estados Unidos, que se declaran culpables, se le incautan algunos millones de dólares y bienes; canjean la cadena perpetua por colaboración y las penas de prisión resultan risibles.
Pareciera que la justicia está rebasada y por muy objetiva, fría y ciega que sea su impartición, ha dejado de sentar precedentes que inhiban el repetir esos actos criminales, dando como resultado un escenario mucho más favorable para los delincuentes que para las víctimas.
Criticaron y destrozaron a AMLO cuando propuso una amnistía para ciertos presos que han sido condenados por algunos delitos relacionados con el narcotráfico, pero en la práctica la condena para Javier Duarte es mucho peor que la propuesta del próximo presidente de México.
Ya que él gozó de toda la protección de la estructura del estado, fue protegido en su momento por el mismo Peña Nieto, operó con impunidad y a la vista de todos y recibió el mejor regalo que se pudo imaginar: la posibilidad de pasar solo tres años en prisión.
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