Atisbos de justicia

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se declaró culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa. Al hacerlo, pudo lograr la pena mínima para ambos delitos, nueve años de prisión, una pequeña multa y la entrega de 40 inmuebles asociados a ellos. En algunos medios y en las redes, se consideró esta pena como algo nimio, considerando que podría tener derecho a salir antes. Sin embargo, también puede analizarse este resultado como algo muy importante: un gobernador se reconoció culpable de dos delitos no menores, porque estimó que, de seguir el juicio, el resultado sería todavía peor para él.

La avalancha social contra la corrupción, evidente a partir de la elección de 2016, justo en la que Javier Duarte perdió el control de su entidad, paulatinamente ha ido dando algunos resultados –siempre pocos comparado con lo que quisiéramos, pero mucho mayores que en cualquier otra época previa. No sólo Duarte está detenido y está siendo juzgado (ahora ya declarado culpable), sino también varios otros exgobernadores. Desafortunadamente, no todos los que se han hecho ricos con recursos públicos han logrado provocar suficiente indignación pública. No faltan funcionarios menores, alcaldes y otros gobernadores que han acumulado fortunas impensables para cualquier persona normal en México. Hoy mismo tenemos algunos que han dejado el puesto recientemente, están amparados en la Cámara de Senadores e inician aventuras de negocios que requieren una gran inversión, insisto, alejada de la vida normal.

Pero el que ya se haya logrado procesar, y presionar, lo suficiente a uno de ellos como para que acepte declararse culpable no es cosa menor. Además, Javier Duarte no logra con esta sentencia resolver todos sus problemas legales. Consiguió obtener la pena mínima al declararse culpable de los dos delitos, pero siguen sus causas por varios otros más, asociados al manejo de recursos públicos, e incluso por la desaparición de personas. Para quienes somos de Veracruz, el derrumbe de la entidad con los últimos dos gobernadores, Fidel Herrera y Javier Duarte, es de tal magnitud que unos pocos años de cárcel para uno de ellos nos parece poco. La espiral de violencia, las desapariciones, las fosas clandestinas, no son algo que pueda repararse. Y la desaparición de recursos, menos importante, tampoco podrá subsanarse con 40 o cien propiedades, mal habidas, que recupere el erario.

Como sabemos, parte del impulso que le permitió el triunfo al nuevo gobierno fue esta corrupción desatada, asociada en muchos lugares al crecimiento de la violencia. Es importante que ya estemos viendo resultados, así sean insuficientes, en los procesos seguidos a quienes debían haber velado por la prosperidad de una entidad federativa, y no sólo no lo hicieron, sino que las encaminaron a la tragedia de corrupción y violencia que hoy vemos en Veracruz, pero también en Tamaulipas, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y, en menor medida, en otras partes. Es de la mayor importancia que haya una investigación seria alrededor del huachicoleo, por ejemplo, que no pudo haber crecido como lo ha hecho sin complicidad interna en Pemex, y de las autoridades de ciertos municipios, tanto en Puebla como en Guanajuato.

El proceso contra Duarte ha sido recibido por muchos, decíamos, como una burla más. Por las razones expuestas, creo que puede ser el inicio de algo diferente. Lo sabremos conforme avancen las otras causas de Duarte, y las de los otros gobernadores que deberían seguir el mismo camino: el reconocimiento de culpabilidad, la cárcel, el desprecio público.

Para el nuevo gobierno, puede ser un pilar de legitimidad sin costo político alguno. Y lo será si le va sumando todos esos funcionarios con riquezas inexplicables o desfalcos documentados, y no sólo unos pocos chivos expiatorios.

Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.