 |
Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014 cuando policías municipales atacaron a un grupo de normalistas que circulaban en cinco camiones por calles de Iguala.
El saldo fue de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
El 28 de septiembre de ese mismo año son detenidos 22 policías. Para el 30 de septiembre se fugó el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
El 4 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del caso Iguala.
El 17 de octubre fue detenido el líder del grupo ‘Guerreros Unidos’, Sidronio Covarrubias, presunto autor intelectual de la desaparición.
El 22 de octubre, la PGR responsabilizó al alcalde de Iguala y su esposa de la represión.
El 23 de octubre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció a su cargo.
El 29 de octubre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto se reunió con padres de las víctimas.
El 4 de noviembre, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, son detenidos.
Para el 7 de noviembre, la PGR da por muertos a los desaparecidos, luego que tres miembros de ‘Guerreros Unidos’ confesaran que los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, Guerrero.
El 7 de diciembre, un laboratorio de Innsbruck identificó a Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos.
El 27 de enero de 2015, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam estableció lo que llamó ‘la verdad histórica’, que aseguró que los 43 fueron asesinados e incinerados en Cocula.
El 26 de febrero, Murillo Karam dejó la Fiscalía tras las críticas por la investigación.
El 1 de marzo, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a México para estudiar el caso.
El 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) cuestionó la verdad histórica.
El 24 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con familiares de los 43 y anunció la creación de una fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos.
El 9 de febrero de 2016, el equipo argentino de Antropología Forense no halló evidencias de la incineración de los 43 en Cocula.
El 28 de febrero de 2016 inició un nuevo peritaje en el basurero.
El 1 de abril se realizó un nuevo peritaje por seis expertos y señaló que al menos 17 personas fueron incineradas en el basurero.
El 19 de agosto, padres de los 43 rompen diálogo con el gobierno y exigen la destitución de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal.
El 13 de septiembre, expertos demuestran que los 43 no fueron incinerados en el basurero.
El 14 de septiembre renunció Tomás Zerón.
El 8 de julio de 2017, autoridades mexicanas reconocieron ante la CIDH que nueve celulares de algunos de los 43, estuvieron activos después de la desaparición.
El 4 de junio de 2018, un Tribunal de Tamaulipas ordenó investigar de nuevo el caso y establecer una Comisión de la Verdad.
El 13 de julio, 74 de los 140 estudiantes de la generación 2014-2018, a la que pertenecían los 43 desaparecidos, se gradúan.
Este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto comentó: “A cuatro años de los muy lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el Gobierno de la República está comprometido con la justicia y con los familiares de las víctimas”.
 |
Comentarios
Publicar un comentario
Hacer un Comentario