Alejandro Desfassiaux es un experto en seguridad en México. Es un hombre preparado y preocupado por los altos índices de inseguridad en nuestro país, por el enorme gasto, y por los pobres resultados que registra el estado en esta materia.
De ahí que ha decidido, por el amor que tiene a México, y por el agradecimiento que le ha dado tanto, escribir un libro titulado “Cómo poner un Alto a la Inseguridad en México,” donde formula cinco propuestas para terminar con este problema que parece no tener fin.
“Estoy seguro que este mal, que aqueja a México y a sus habitantes, se puede extirpar. Si países como China tienen una tasa de homicidios de 1.7 por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alguien me explique por qué en México no se puede”, señala el autor del libro, que a su vez, es propietario de la empresa de seguridad privada más exitosa llamada Multisistemas de Seguridad.
Desfassiaux analiza que al día de hoy se cometen en promedio 1.3 delitos por víctima. El costo de la inseguridad y violencia equivale, en promedio, a 5,547 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Asimismo, existe un impuesto que representa la violencia por cada ciudadano alrededor de 25,000 pesos por habitante. Se trata de un impuesto a la seguridad del país, que pagan los ciudadanos y que llega a superar el ingreso del trabajador mexicano promedio.
De ahí que Desafassiaux proponga cinco medidas para terminar con el problema de la inseguridad en nuestro país, y cito textual algunos párrafos del libro:
“Primero, instituir nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que el presidente Enrique Peña Nieto desapareciera el 3 de enero de 2013.
La misión de la policía, y no del Ejército o la Marina, es proteger la integridad y derechos de los ciudadanos, prevenir la comisión de delitos y salvaguardar la seguridad interna de nuestro país. La policía es, sin duda, el pilar del sistema de seguridad pública y justicia penal.
Además del secretario de Seguridad Pública federal, deberán nombrarse un secretario de Seguridad Pública estatal y un jefe de policía municipal en cada ayuntamiento. Este último le reportará a su presidente municipal, pero bajo un mando policiaco nacional. De esta manera se terminarían los casos de jefes de policías municipales o estatales que están coludidos con el crimen organizado o que ejercen prácticas corruptas.
El segundo paso es establecer un Servicio Policial Nacional (SPN) que integre todas las fuerzas policiacas del país, con el propósito de crear una sola policía. Todos los elementos policiales deberán contar con la formación básica indispensable para ser policía y con la formación específica para desempeñar adecuadamente las funciones y responsabilidades que se desprenden del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El entrenamiento debe ser igual para todos los policías del país, y con una base de valores. De esta forma se erradicaría la discrecionalidad con la que el policía cuenta para realizar su labor. Los policías activos podrían ingresar al SPN siempre y cuando aprueben los exámenes de habilidades y de confianza necesarios para ejercer su función.
Es de vital importancia tener una policía eficiente, bien entrenada, que comprenda su trabajo y que, ante todo, se vea como un servidor público. Además de que reciban mejores salarios y prestaciones.
El tercer paso para acabar con la inseguridad es establecer una política nacional de costo-beneficio que mida cuánto nos está costando la seguridad pública en cada estado y municipio y cuál es el retorno de inversión; es decir, qué tanto se están disminuyendo los delitos y cuánto se están reduciendo nuestros costos para combatirlos. Igual que sucede en las empresas, con este análisis costo-beneficio se evaluaría la rentabilidad de nuestra inversión en seguridad.
Si logramos que el costo policiaco nacional sea menor al 4% del PIB, que es lo que nos cuesta el crimen en México en la actualidad, según las estimaciones de las ONG y del propio Banco de México (Banxico), podríamos calificar nuestro modelo de seguridad como rentable.
Las posiciones de secretario de Seguridad Pública estatal y jefe de la policía municipal dependerán de los resultados obtenidos por su desempeño. Si no cumplen con sus objetivos, deberán ser relevados de sus posiciones; si obtienen excelentes resultados, podrían continuar con sus cargos, con una mejor remuneración y mayores beneficios económicos para su familia, o se les podría enviar a regiones más conflictivas, también con mejores beneficios.
Los ascensos y nombramientos no dependerán de situaciones políticas ni de amiguismos ni corruptelas, sino únicamente de resultados, como ocurre en el Ejército.
Cuarto, de manera paralela, tendría que diseñarse e instrumentarse un protocolo nacional de tolerancia cero para erradicar delitos menores, como obstruir las vías públicas de comunicación durante las manifestaciones. La ley debe aplicarse a todos por igual.
Si se aplica el plan de tolerancia cero, en el primer año se detendría al 80% del crimen organizado tan solo por utilizar la información recabada por faltas de tránsito administrativas. El autor propone la creación de un software que integre todos los datos de los ciudadanos a nivel nacional
Quinto, la reinserción social. Mi propuesta es crear un Sistema Nacional de Prevención y Reinserción Social, que realmente prepare a los reos para reintegrarse a la sociedad, transformándolos en ciudadanos positivos. Asimismo que los centros penitenciarios sean sustentables, incluso privados, donde los internos produzcan sus propios utensilios, y que trabajen.
El modelo de depuración policial ya existe. Es el Manual de Organización, Políticas y Procedimientos Generales de la Policía Judicial Federal. Sólo hay que lograr que se convierta en un estándar nacional.
Según mi propuesta, a partir del segundo año de instrumentación del modelo, comenzaría a reducirse el costo de la seguridad pública en términos del PIB. Para el quinto año, el costo de la seguridad pública debería andar en 0.5% del PIB, que es como estaba en 1980.
Sin embargo, para que esto funcione, se necesita del deseo y la voluntad del presidente de la República y de todos los senadores y diputados locales y federales, quienes hasta ahora no se han involucrado como la situación lo amerita. Lo hemos visto con un gobierno de un color, pero también con el de otro, porque la seguridad pública es una moneda política para ellos. Un ambiente de inseguridad sirve para que ellos obtengan beneficios a cambio, y tenemos que acabar con eso.”
Por último, el libro puede descargarse gratuitamente en la página www.siesposible.mx
De ahí que ha decidido, por el amor que tiene a México, y por el agradecimiento que le ha dado tanto, escribir un libro titulado “Cómo poner un Alto a la Inseguridad en México,” donde formula cinco propuestas para terminar con este problema que parece no tener fin.
“Estoy seguro que este mal, que aqueja a México y a sus habitantes, se puede extirpar. Si países como China tienen una tasa de homicidios de 1.7 por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alguien me explique por qué en México no se puede”, señala el autor del libro, que a su vez, es propietario de la empresa de seguridad privada más exitosa llamada Multisistemas de Seguridad.
Desfassiaux analiza que al día de hoy se cometen en promedio 1.3 delitos por víctima. El costo de la inseguridad y violencia equivale, en promedio, a 5,547 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Asimismo, existe un impuesto que representa la violencia por cada ciudadano alrededor de 25,000 pesos por habitante. Se trata de un impuesto a la seguridad del país, que pagan los ciudadanos y que llega a superar el ingreso del trabajador mexicano promedio.
De ahí que Desafassiaux proponga cinco medidas para terminar con el problema de la inseguridad en nuestro país, y cito textual algunos párrafos del libro:
“Primero, instituir nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que el presidente Enrique Peña Nieto desapareciera el 3 de enero de 2013.
La misión de la policía, y no del Ejército o la Marina, es proteger la integridad y derechos de los ciudadanos, prevenir la comisión de delitos y salvaguardar la seguridad interna de nuestro país. La policía es, sin duda, el pilar del sistema de seguridad pública y justicia penal.
Además del secretario de Seguridad Pública federal, deberán nombrarse un secretario de Seguridad Pública estatal y un jefe de policía municipal en cada ayuntamiento. Este último le reportará a su presidente municipal, pero bajo un mando policiaco nacional. De esta manera se terminarían los casos de jefes de policías municipales o estatales que están coludidos con el crimen organizado o que ejercen prácticas corruptas.
El segundo paso es establecer un Servicio Policial Nacional (SPN) que integre todas las fuerzas policiacas del país, con el propósito de crear una sola policía. Todos los elementos policiales deberán contar con la formación básica indispensable para ser policía y con la formación específica para desempeñar adecuadamente las funciones y responsabilidades que se desprenden del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El entrenamiento debe ser igual para todos los policías del país, y con una base de valores. De esta forma se erradicaría la discrecionalidad con la que el policía cuenta para realizar su labor. Los policías activos podrían ingresar al SPN siempre y cuando aprueben los exámenes de habilidades y de confianza necesarios para ejercer su función.
Es de vital importancia tener una policía eficiente, bien entrenada, que comprenda su trabajo y que, ante todo, se vea como un servidor público. Además de que reciban mejores salarios y prestaciones.
El tercer paso para acabar con la inseguridad es establecer una política nacional de costo-beneficio que mida cuánto nos está costando la seguridad pública en cada estado y municipio y cuál es el retorno de inversión; es decir, qué tanto se están disminuyendo los delitos y cuánto se están reduciendo nuestros costos para combatirlos. Igual que sucede en las empresas, con este análisis costo-beneficio se evaluaría la rentabilidad de nuestra inversión en seguridad.
Si logramos que el costo policiaco nacional sea menor al 4% del PIB, que es lo que nos cuesta el crimen en México en la actualidad, según las estimaciones de las ONG y del propio Banco de México (Banxico), podríamos calificar nuestro modelo de seguridad como rentable.
Las posiciones de secretario de Seguridad Pública estatal y jefe de la policía municipal dependerán de los resultados obtenidos por su desempeño. Si no cumplen con sus objetivos, deberán ser relevados de sus posiciones; si obtienen excelentes resultados, podrían continuar con sus cargos, con una mejor remuneración y mayores beneficios económicos para su familia, o se les podría enviar a regiones más conflictivas, también con mejores beneficios.
Los ascensos y nombramientos no dependerán de situaciones políticas ni de amiguismos ni corruptelas, sino únicamente de resultados, como ocurre en el Ejército.
Cuarto, de manera paralela, tendría que diseñarse e instrumentarse un protocolo nacional de tolerancia cero para erradicar delitos menores, como obstruir las vías públicas de comunicación durante las manifestaciones. La ley debe aplicarse a todos por igual.
Si se aplica el plan de tolerancia cero, en el primer año se detendría al 80% del crimen organizado tan solo por utilizar la información recabada por faltas de tránsito administrativas. El autor propone la creación de un software que integre todos los datos de los ciudadanos a nivel nacional
Quinto, la reinserción social. Mi propuesta es crear un Sistema Nacional de Prevención y Reinserción Social, que realmente prepare a los reos para reintegrarse a la sociedad, transformándolos en ciudadanos positivos. Asimismo que los centros penitenciarios sean sustentables, incluso privados, donde los internos produzcan sus propios utensilios, y que trabajen.
El modelo de depuración policial ya existe. Es el Manual de Organización, Políticas y Procedimientos Generales de la Policía Judicial Federal. Sólo hay que lograr que se convierta en un estándar nacional.
Según mi propuesta, a partir del segundo año de instrumentación del modelo, comenzaría a reducirse el costo de la seguridad pública en términos del PIB. Para el quinto año, el costo de la seguridad pública debería andar en 0.5% del PIB, que es como estaba en 1980.
Sin embargo, para que esto funcione, se necesita del deseo y la voluntad del presidente de la República y de todos los senadores y diputados locales y federales, quienes hasta ahora no se han involucrado como la situación lo amerita. Lo hemos visto con un gobierno de un color, pero también con el de otro, porque la seguridad pública es una moneda política para ellos. Un ambiente de inseguridad sirve para que ellos obtengan beneficios a cambio, y tenemos que acabar con eso.”
Por último, el libro puede descargarse gratuitamente en la página www.siesposible.mx
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