Castañón no tendría que haber aceptado, a bote pronto, la propuesta de AMLO. Y menos en esos términos, afirmando —para empezar— que “nosotros tampoco estamos con la corrupción”, en donde el tampoco legitima a quien no ha cesado de acusar —y amenazar— al sector empresarial que representa, un sector empresarial que necesita de certidumbre jurídica para seguir invirtiendo y generando empleos. Cuando quien se supone que debería de velar por los intereses de su gremio acepta la posibilidad de revisar —una vez más— una viabilidad técnica probada hace años, aunque sea tratando de demostrar que quien la cuestiona está equivocado, y al hacerlo pone en riesgo los intereses de sus representados, no les está cumpliendo a éstos, sino que está tratando de hacer política. Y no es que el Consejo Coordinador Empresarial no deba de hacer política, cuando ésa es, en realidad, una de sus razones de ser: lo que es inexplicable es que se haga una política que al único que beneficia es a López Obrador.
Al único. Como cuando —a principios de diciembre— Castañón declaró, tras una reunión privada con Luis Videgaray, que el plan económico de López Obrador era “un buen inicio de conversación”. Un “buen inicio” tras el que no sacó nada, pero que AMLO supo aprovechar y al que siguieron las acusaciones y amenazas que, ahora, han escalado al punto de que la mayor obra de infraestructura de los últimos años, evidentemente necesaria y cuya viabilidad ha sido más que probada, está en entredicho con la pueril excusa de que a los demás candidatos también se les invitó a cuestionarla. Por supuesto que no aceptaron —¿cómo iban a hacerlo?, tanto Anaya como Meade parecen entender un poco más las premisas esenciales del Estado de derecho— pero además, como era de esperarse al haberla situado en la incertidumbre jurídica —sin considerar quiénes eran, si no, los primeros interesados— la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) se ha pronunciado en contra de la mesa técnica acordada en el exabrupto con el que Juan Pablo Castañón alcanzó los titulares —¡bravo!— estrechando la mano del que sus representados ya saben quién es, y de quien —por cierto— le exigen que los proteja. Pero no. “Por supuesto”, le respondió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial a quien tan sólo esperaba una fotografía pero terminó encontrando una palanca con la cual apretar, un poco más, al gobierno federal. Qué suerte.
Lo que sigue no requiere de advertencia: Morena presentará a la mesa a cinco sofistas —de los buenos, aguerridos, de los de casa—, el CCE a cinco muy cándidos —pero también muy útiles— y el gobierno federal —pero “por supuesto”— no se prestará a la patraña. Andrés Manuel vociferará, y su nuevo aliado innecesario continuará la narrativa iniciada desde aquél “nosotros tampoco” y el “por supuesto” con el que, ahora, el sector empresarial se encuentra dividido.
División innecesaria —por completo— justo en el momento en el que López Obrador plantea como solución, “a la luz de los cambios que se necesitan” como lo dijo en el Hemiciclo a Juárez hace unos días, las políticas de Ortiz Mena —quien fue secretario de Hacienda y Crédito Público entre 1958 y 1970— sin entender que todo ha cambiado, mientras sus corifeos —entre ellos el menos esperado— le siguen aplaudiendo y, le califican los insultos como “buen inicio”, le responden las amenazas como “por supuesto”, le contestan los ataques con “nosotros tampoco”.
El CCE fue fundado en los setenta, para responder a los ataques de Luis Echeverría en contra de la libre empresa, por don Juan Sánchez Navarro. Un ejemplo a seguir, una congruencia a toda prueba, un hombre como ya no hay —por lo visto— tantos. Hay ausencias irreparables.
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