En 2016 el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México -que coordino- empezó a estudiar las atrocidades cometidas por los Zetas en Allende, Coahuila en 2011. Sabíamos que se vengaban de una traición. Poco tiempo después supimos que la laureada periodista de investigación Ginger Thompson también revisaba el tema para el portal ProPublica y National Geographic. Empezamos a intercambiar pistas e hipótesis de trabajo.
En noviembre de 2016 El Colegio de México publicó En el desamparo, el cual detalla la responsabilidad de personajes públicos mexicanos en la tragedia de Allende. En tanto, Thompson presentó Anatomía de una masacre en junio de 2017. Una de sus principales revelaciones fue el papel jugado por la DEA (Administración para el Control de Drogas). La atrocidad ordenada por los jefes de los Zetas se desencadenó cuando la DEA reclutó a informantes del grupo criminal que le entregaron evidencia para capturar a los capos.
La información inició un periplo mortífero. Un funcionario de la DEA en Dallas se la entregó a un amigo de la DEA en México. Éste se la dio al supervisor mexicano de la poco conocida Unidad de Investigación Sensible de la Policía Federal. El federal mexicano la hizo llegar a los Zetas, quienes enfurecieron y ordenaron la ejecución o desaparición de todos los relacionados con los traidores. Murieron y desaparecieron entre 100 y 300 personas. Ni la DEA ni la Policía Federal establecieron responsabilidades individuales o institucionales. Los muertos mexicanos no cuentan.
El 14 de febrero Ginger Thompson se reunió durante cuatro horas, dos públicas y dos privadas, con los integrantes del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex. En la sesión, Ernesto López Portillo hizo una precisión fundamental. Los desaciertos individuales eran posibles por distorsiones institucionales que deben reconocerse para corregirse.
En los Estados Unidos lo están haciendo. En agosto de 2017, integrantes del Congreso exigieron a los departamentos de Justicia y Estado investigar el papel de la DEA en ese y otros operativos similares. Ginger Thompson explicó la reacción mexicana: las familias de las víctimas le agradecieron haber difundido lo sucedido; funcionarios y diplomáticos le hicieron reproches privados.
Enmarco el caso en las relaciones de seguridad de México y los Estados Unidos. En 1927 el embajador Dwight W. Morrow y el presidente Plutarco Elías Calles acordaron que sus gobiernos se apoyarían mutuamente y que todo aquello relacionado con la seguridad lo meterían al baúl de los olvidos. Fueron ocultando aberraciones y evitando rendir cuentas. Tengo evidencia de sobra para sustentar la tesis resumida en este párrafo.
Les funcionó hasta que los medios y la academia se interesaron en lo que pasaba. Allende lo ejemplifica. A medida que se entiende la venganza de los Zetas se hace evidente la manera como la DEA opera en México. El Estado mexicano debe asumir su obligación y acabar con la impunidad estableciendo la responsabilidad de la DEA en este y otros asuntos. Lo mismo tiene que hacerse con el contrabando de armas a México proveniente de Estados Unidos. La omisión es escandalosa.
Asúmanlo. Combatir al crimen organizado es responsabilidad de los dos países. Enrique Peña Nieto y los encargados de la política exterior han tolerado el discurso antimexicano de Donald Trump, aquel que jamás reconoce el papel jugado por los Estados Unidos en la tragedia humanitaria que padecemos. México tiene la obligación de recordárselo, puede tomar como caso ejemplar la masacre de Allende. La primera responsabilidad del presidente -y de quien lo suceda- es defender a los mexicanos. El silencio timorato ante Trump y los Estados Unidos no funciona. Para que nos respeten, tenemos que empezar por respetarnos y cuidar a los nuestros. Primero los mexicanos.
LA MISCELÁNEA
Durante un tiempo presidí el Comité de Ética de Iniciativa Ahora. Mis compromisos académicos me impedían cumplir con las exigencias del cargo honorífico. En noviembre de 2017 lo informé a quienes lo dirigen y, desde entonces, dejé de participar en esa organización.
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