Eso fue lo que le pasó a Luiz Inácio "Lula" da Silva, cuando apeló la sentencia de nueve años y medio de prisión y 19 de prohibición de ejercicio de cargos públicos por corrupción pasiva y lavado de dinero que el 1 de julio pasado le impuso el juez Sérgio Moro. Candidato a la presidencia en octubre próximo, Lula necesita exculparse de condena para participar en los comicios en los que, hasta el momento —asociándolo maniqueamente en el imaginario popular con la bonanza de sus dos períodos, real consecuencia del Big Push y “disculpándole” la corrupción—, es puntero.
La sentencia de Moro fue en Curitiba; la apelación fue en Porto Alegre, en el Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) donde tres jueces —Paulsen, Gebran Neto y Laus— decidirían si exoneraban a Lula —y le daban la posibilidad de candidatear, hasta ese momento al menos, porque Lula tiene otras siete causas pendientes— o, por el contrario, le complicaban más esa posibilidad. La apelación —debilitada porque su exministro de Finanzas Antonio Palocci, con prisión por doce años, admitió que las acusaciones contra su exjefe, eran ciertas— fue desestimada y reforzada las penas a 12 años y un mes de prisión.
Lula aún puede apelar ante el Supremo Tribunal Federal (STF) o ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pero la Ley de Ficha Limpia —promulgada por Rousseff y que impide que un postulante condenado en primera y segunda instancia compita por un cargo electivo— podría inhabilitarlo. Eso sería fatal para el PT y hasta el próximo 15 de agosto —plazo final para inscribir candidaturas— mantendrá en vilo a Brasil.
Comentarios
Publicar un comentario
Hacer un Comentario