Ya empezaron las descalificaciones a Santiago Nieto por protagonista. ¿Bajo qué condiciones deben los funcionarios públicos plegarse a las órdenes del jefe? ¿cuándo pueden o deben disentir?
Comencemos distinguiendo dos tipos extremos de protagonismo: el pensado para la autopromoción y el que también busca el bien común. En la cultura priista la obediencia y el silencio del subalterno se valoran más que el compromiso con la justicia. Un caso paradigmático es el de Carlos A. Madrazo quien, como líder priista, impulsó la democratización en la selección de candidatos a presidente municipal. Cuando los gobernadores se rebelaron, Gustavo Díaz Ordaz lo quitó del cargo en 1965. El priismo se lanzó contra él acusándolo de protagonismo.
Esa y otras historias del autoritarismo priista confirman la validez de los controvertidos experimentos de Stanley Milgram (psicólogo de Yale): cuando se actúa en grupo, los humanos pueden cometer atrocidades con tal de plegarse al impulso gremial y obedecer las órdenes de una figura de autoridad. Sin embargo, como señala Kathryn Sikkink en su libro más reciente (Evidence for Hope, 2017) la "presencia de un solo disidente con frecuencia altera la tendencia de los individuos al conformismo".
Al México del siglo XXI le urgen protagonismos democráticos. Son tan escasos que llama tanto la atención la carrera de Santiago Nieto, quien se ha distinguido por la independencia. Al poco tiempo de llegar a la Fiscalía electoral, Miguel de la Vega lo entrevistó para Reforma (15 de marzo de 2015). Le preguntó si sostenía lo escrito en Twitter meses antes: "nos faltan 43 normalistas rurales y nos sobran tantos funcionarios corruptos"; Nieto respondió, "evidentemente". Meses después desencadenó una tempestad cuando informó que había solicitado una orden de aprehensión contra Arturo Escobar, flamante y efímero subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de SEGOB.
El procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, asegura que despidió a Nieto por razones técnicas, no políticas. Transgredió, dice, lo "dispuesto en el Código de Conducta". Es un argumento liviano por la laxitud que la PGR ha mostrado hacia funcionarios que manosearon el caso Ayotzinapa, por la pobreza de la explicación oficial (el boletín de la PGR tiene 193 palabras) y porque estamos en año electoral. Mientras el Instituto Nacional Electoral está domesticado por el PRI y el Tribunal Electoral no disimula su corazón tricolor, la FEPADE ha mostrado independencia y voluntad para limpiar el cochinero electoral.
La FEPADE está investigando la posible transferencia de recursos a campañas del PRI de la empresa Odebrecht, del gobierno de César Duarte y de la constructora OHL. Si los comicios del Estado de México fueron un anticipo de 2018, la FEPADE es la única esperanza de que habrá algunos diques frente a la aplanadora peñanietista.
Es por ello que el protagonismo del fiscal Nieto está recibiendo un apoyo poco común. Lo respalda toda la oposición partidista (incluidos Morena y López Obrador), las fuerzas vivas (intelectuales, religiosos, periodistas, activistas, juristas y empresarios) y hasta algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la CDMX. Con este caso, Peña Nieto ha logrado conjuntar en su contra una coalición formidable.
La movilización de fuerzas importa porque, inédito, el fiscal Nieto ha decidido defenderse. Mientras el despedido da su versión, el peñanietismo guarda silencio y el procurador en funciones repite las mismas frases. Como en tantos otros asuntos, ignoramos el desenlace. Lo relevante es que un funcionario clave del gobierno peñanietista se plante frontalmente a una decisión presidencial. Es enorme la distancia recorrida por el sistema político en el medio siglo transcurrido desde la aventura de Carlos A. Madrazo.
Todo cambio requiere de personajes que sacudan la modorra, estrujen las leyes y fuercen definiciones. Es un momento definitorio porque el despido de Nieto es otro aviso de que el peñanietismo va con todo para imponerse en la elección de 2018. O los frenamos ahora o seguiremos viendo el desmantelamiento de las instituciones nacionales. No es momento para silencios cómplices, sino para legitimar y respaldar los protagonismos democráticos.
Comencemos distinguiendo dos tipos extremos de protagonismo: el pensado para la autopromoción y el que también busca el bien común. En la cultura priista la obediencia y el silencio del subalterno se valoran más que el compromiso con la justicia. Un caso paradigmático es el de Carlos A. Madrazo quien, como líder priista, impulsó la democratización en la selección de candidatos a presidente municipal. Cuando los gobernadores se rebelaron, Gustavo Díaz Ordaz lo quitó del cargo en 1965. El priismo se lanzó contra él acusándolo de protagonismo.
Esa y otras historias del autoritarismo priista confirman la validez de los controvertidos experimentos de Stanley Milgram (psicólogo de Yale): cuando se actúa en grupo, los humanos pueden cometer atrocidades con tal de plegarse al impulso gremial y obedecer las órdenes de una figura de autoridad. Sin embargo, como señala Kathryn Sikkink en su libro más reciente (Evidence for Hope, 2017) la "presencia de un solo disidente con frecuencia altera la tendencia de los individuos al conformismo".
Al México del siglo XXI le urgen protagonismos democráticos. Son tan escasos que llama tanto la atención la carrera de Santiago Nieto, quien se ha distinguido por la independencia. Al poco tiempo de llegar a la Fiscalía electoral, Miguel de la Vega lo entrevistó para Reforma (15 de marzo de 2015). Le preguntó si sostenía lo escrito en Twitter meses antes: "nos faltan 43 normalistas rurales y nos sobran tantos funcionarios corruptos"; Nieto respondió, "evidentemente". Meses después desencadenó una tempestad cuando informó que había solicitado una orden de aprehensión contra Arturo Escobar, flamante y efímero subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de SEGOB.
El procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, asegura que despidió a Nieto por razones técnicas, no políticas. Transgredió, dice, lo "dispuesto en el Código de Conducta". Es un argumento liviano por la laxitud que la PGR ha mostrado hacia funcionarios que manosearon el caso Ayotzinapa, por la pobreza de la explicación oficial (el boletín de la PGR tiene 193 palabras) y porque estamos en año electoral. Mientras el Instituto Nacional Electoral está domesticado por el PRI y el Tribunal Electoral no disimula su corazón tricolor, la FEPADE ha mostrado independencia y voluntad para limpiar el cochinero electoral.
La FEPADE está investigando la posible transferencia de recursos a campañas del PRI de la empresa Odebrecht, del gobierno de César Duarte y de la constructora OHL. Si los comicios del Estado de México fueron un anticipo de 2018, la FEPADE es la única esperanza de que habrá algunos diques frente a la aplanadora peñanietista.
Es por ello que el protagonismo del fiscal Nieto está recibiendo un apoyo poco común. Lo respalda toda la oposición partidista (incluidos Morena y López Obrador), las fuerzas vivas (intelectuales, religiosos, periodistas, activistas, juristas y empresarios) y hasta algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la CDMX. Con este caso, Peña Nieto ha logrado conjuntar en su contra una coalición formidable.
La movilización de fuerzas importa porque, inédito, el fiscal Nieto ha decidido defenderse. Mientras el despedido da su versión, el peñanietismo guarda silencio y el procurador en funciones repite las mismas frases. Como en tantos otros asuntos, ignoramos el desenlace. Lo relevante es que un funcionario clave del gobierno peñanietista se plante frontalmente a una decisión presidencial. Es enorme la distancia recorrida por el sistema político en el medio siglo transcurrido desde la aventura de Carlos A. Madrazo.
Todo cambio requiere de personajes que sacudan la modorra, estrujen las leyes y fuercen definiciones. Es un momento definitorio porque el despido de Nieto es otro aviso de que el peñanietismo va con todo para imponerse en la elección de 2018. O los frenamos ahora o seguiremos viendo el desmantelamiento de las instituciones nacionales. No es momento para silencios cómplices, sino para legitimar y respaldar los protagonismos democráticos.
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