En días pasados, el procurador encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, removió al fiscal designado por el Senado, Santiago Nieto. El hecho dio lugar a una intensa controversia política, legislativa y jurídica. El Senado había sido convocado, dado que estaba a prueba el sistema de contrapesos y la función de la Cámara alta sobre los actos de funcionarios del gobierno, para ratificar la remoción o para reinstalar al fiscal Santiago Nieto. Empero, el ex fiscal especial ha declinado su caso ante el Senado, lo que seguramente dejará sin materia el tema.
Partamos de algo que se olvida en el debate que este tema había generado: los órganos legislativos no fueron creados para impartir justicia. Lo hacen en situaciones excepcionales y casi siempre, aquí y en el resto del mundo, su actuación no es la que mejor se apega a las normas propias del proceso judicial. Así es porque en la democracia contemporánea, la forma de actuar de las Cámaras es mediante la intervención de los partidos políticos o grupos parlamentarios, movidos por intereses las más de las veces incompatibles con el espíritu de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. En esta tesitura especial de legisladores que representan también a sus partidos, la disciplina partidista es un tema controvertido, pero al final es funcional para la democracia representativa y el trabajo parlamentario. No se elige a una persona, sino a un representante a través de un partido. En todo caso, ahora existe la figura del candidato independiente para que sea el ciudadano quien avale a un representante sin apego partidario.
Hay temas fundamentales y excepcionales en los que el legislador cuenta con libertad: asuntos como los de conciencia. En mi opinión, también son aquellos cuando una comisión o el pleno de la Cámara se erige en juez. Por elemental lógica, no puede haber justicia si se somete al dictado partidario. La actuación de cualquiera de las Cámaras en temas de justicia son de tanta importancia que los legisladores deben actuar con libertad y, para ello, votar en secreto.
Lo importante, y la lección que deja el caso del fiscal, no es la manera en que se iba a votar, sino el sentido del voto. Considero que había elementos públicos que sustentaban suficientemente el caso de la remoción. El ex fiscal Santiago Nieto ha declinado en su causa. Más que sus razones en su misiva última, hay que ver que confesó haber permitido que un diario de importancia, en su primera plana, haya señalado que fue objeto de amenaza cuando él dice que eso no fue lo que declaró. No tuvo, en su oportunidad, el valor para desmentir o precisar una acusación que afectaba a un particular inculpado, lo que también compromete la imparcialidad del fiscal.
Hay otro aspecto que no se ha valorado en la opinión pública: el desacato a un amparo del 10 de octubre, que después habría de ser ratificado, en el que el juez ordenaba al fiscal especial, en un plazo de 24 horas, permitir que el inculpado accediera a la carpeta de investigación, hecho que no solo no ocurrió, sino que, por declaración del fiscal, un medio publica, sin ser cierto, que había presión indebida del inculpado.
Este último caso revista una situación sumamente grave toda vez que el desacato judicial es mucho más grave que la imprudencia verbal o la omisión, pues da lugar a responsabilidad penal. Ya el representante legal de Emilio Lozoya ha presentado denuncia ante la PGR. Santiago Nieto deberá enfrentar la justicia por el desacato a la instrucción del juez, independientemente de que por voluntad personal haya desistido de defender su cargo.
Para un sector de la oposición y para algunas organizaciones civiles, la remoción o ratificación del fiscal Santiago Nieto se ha apreciado, indebidamente, como una cuestión de sanción o impunidad respecto al caso del supuesto financiamiento de la campaña de 2012 por parte de la empresa brasileña Odebrecht. En realidad, no se está juzgando la investigación, sino la calidad ética y la legalidad del desempeño del fiscal Santiago Nieto. En todo caso, ha sido su conducta de protagonismo y excesiva imprudencia verbal ante los medios los que han complicado el caso.
La remoción fue una sanción a la ligereza u oportunismo mediático de un funcionario, cuyo desempeño debiera ser el de la discreción y bajo perfil. La pretensión de reinstalarlo representaba una afrenta a la razón; de prosperar, hubiera significado que funcionarios en responsabilidades críticas como la de un fiscal especial puedan mentir o dejar que otros mientan a su nombre. Con el retiro del caso, el Senado no llega a definir y perdemos una oportunidad valiosa para saber si las instituciones pueden procesar, en estos tiempos, esta clase de retos de gobernabilidad y de legalidad en los que no debería haber discusiones.
La tarea sigue adelante. Es deseable la pluralidad para designar Fiscal General de la República, o al menos Procurador, en tanto se llega al acuerdo sobre el primer nombramiento. No es recomendable que instituciones como las fiscalías generales o especiales estén a cargo de funcionarios sustitutos, por más competentes y eficientes que sean. El Senado debe asumir su responsabilidad como parte del Estado Mexicano y actuar con altura de propósito, al margen del impulso electoral, tan presente y tan dañino en esta circunstancia.
Se ha cerrado el caso del fiscal, pero el Senado tiene una. La Constitución y el régimen institucional le otorga responsabilidades que no deben declinarse ni posponerse. Seguir pensando como facción no es salida, sino ruta segura a la parálisis. Se requiere responsabilidad, visión y compromiso con el país. Una vez que deja de haber un tema que polarizaba la opinión, es de esperar una respuesta constructiva, inteligente y que acredite la funcionalidad de las instituciones de la democracia.
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Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
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