Se adueñaron de la vida pública en un proceso detectable en las reformas a la Constitución. En 1917 los partidos ni siquiera aparecían; en 1977 se les distingue como "entidades de interés público" y el Estado (en realidad el presidente) promete darles un "mínimo de elementos" materiales; en 1996 el mínimo se quintuplica argumentando que así se les blindaría de la corrupción privada. Los montos eran tan excesivos que el PAN y el PRD se niegan inicialmente a recibir los incrementos; luego, voltean al cielo mientras extienden la mano. Se hacen adictos al dinero público.
Codiciosos, reforman la Constitución en 2007 y con 27 palabras aseguran la bonanza. Las prerrogativas se calcularán "multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal". En otras palabras, sus ingresos siempre crecerán porque población, padrón y salario mínimo se incrementan cada año. Por cierto, son las únicas instituciones que tienen garantizado constitucionalmente un aumento anual en el presupuesto federal.
El modelo ha sido ominoso para la salud democrática. Además de las carretadas de dinero público, colectan dinero de empresarios interesados en hacer negocio y de criminales organizados que buscan tener cabezas de playa en las instituciones. Su militancia se ha empobrecido porque poquísimos dan cuotas voluntarias para el sostenimiento de las organizaciones; a un partido se ingresa para ganar bien y hacer negocios. A la degradación ha contribuido el Instituto Nacional Electoral y los tribunales en la materia; han sido y son incapaces de meter orden. El resultado aparece en las encuestas: hay un divorcio total entre los partidos y una ciudadanía mejor informada que organizada.
El año electoral inició en medio de los temblores. Es por tanto natural el clamor exigiendo que parte del dinero público entregado a los partidos se utilice en la atención de las víctimas y en la reconstrucción de los daños. Conociéndolos pensé que reaccionarían con silencio o con cinismo, como siempre. Me equivoqué, pues iniciaron una puja para ver cuál regresa más prerogativas o hace la reforma más profunda. Interesa poco si lo hacen por oportunismo, altruismo o ganas de diferenciarse. Lo importante es que se hace viable la corrección de uno de los errores más graves de la transición.
Es un camino inédito e incierto pero indispensable. Es urgente reconstruir la democracia redefiniendo la manera como funcionan los partidos en la arquitectura institucional. Será igualmente necesario analizar la manera como han estado funcionando el INE y el Tribunal Electoral. El ejercicio será difícil porque implicará cambios en la manera como "hacen política" (comidas interminables, pelotones de asistentes y empleados generalmente subempleados, privilegios de todo tipo). Algunos políticos se resistirán y otros inventarán excusas; el papel de la sociedad consciente será acompañar a partidos y árbitros electorales en la traumática desconexión del dinero público.
Ese recorrido se empalma, afortunadamente, con la cruzada nacional en contra de la corrupción. Es imposible establecer ahora la prioridad que debe concederse a partidos y andamiaje electoral, pero no hay duda de su importancia. Mejorar la calidad de quienes gobiernan repercutirá rápidamente en prácticas disfuncionales; es el caso con la corrupción urbanística exhibida por los terremotos. Hay conciencia plena que las tragedias naturales se magnifican por la corrupción asociada con las construcciones defectuosas.
Vivimos una convergencia poco común entre sociedad y Estado en torno a prioridades que trascienden ideologías, clases sociales y coyunturas. Hay consenso a favor de reestructurar el presupuesto de los partidos y están dadas las condiciones para pedir castigo a los responsables de edificios mal construidos. En el fondo, se insinúa un acuerdo en torno a la necesidad de salvar a un Estado hasta ahora empeñado en su autodestrucción.
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