La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reaccionó como debía. A los dos días de la noticia sacó un pronunciamiento a la altura del problema. Por reunirse los "requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño", dictó medidas cautelares y anunció una investigación exhaustiva. Sigue demostrando estar decidida a remontar la mediocridad de los 15 años que fueron presidentes José Luis Soberanes y Raúl Plascencia.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) confirmó su vocación de emular al Instituto Nacional Electoral, el mejor ejemplo de un bulto burocrático. Se tardó una semana en sacar un boletín anunciando que investigará el asunto.
Antes de ese boletín, el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, evitó el compromiso. Arropándose en el espíritu de Cantinflas y Tin-Tán declaró al Economista que "será difícil, como autoridad, tomar decisiones" y que la institución a su cargo debía ser "juiciosa y cautelosa al momento de emitir consideraciones sobre este tema". Prefirió ignorar el boletín difundido con anterioridad por los diez integrantes del Consejo Consultivo del INAI: es "atribución del INAI vigilar y verificar […] garantiza[r] la protección de los datos personales de las y los mexicanos".
El INAI debe frenar su proclividad a la mediocridad. Es un crimen que tire al basurero de la historia el anhelo de transparencia pública. Un transitorio del pliego petitorio del Movimiento del 68 ya exigía un diálogo público entre autoridades y estudiantes y poco después de que la aternancia llegara a Los Pinos, se unieron 19 organismos públicos y 37 medios impresos para aprobar, en 2001, la Declaración de Oaxaca que condujo, un año después, a que el Congreso aprobara por ¡unanimidad! la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Con Juan Pablo Guerrero, María Marván y Jacqueline Peschard, entre otros, el IFAI (predecesor del INAI) tuvo un muy buen arranque. Al correr de los años se fue convirtiendo en testigo inerte y mudo de la opacidad. Haciendo un uso mañoso de la protección de datos personales ha sido cómplice del cierre de los archivos de las policías políticas del priismo. Y según nota de SinEmbargo validó que el Cisen reservara hasta 2027 los contratos que hizo con las empresas que le vendieron los programas de espionaje.
La claudicación del INAI, del INE y fardos similares son una carga adicional al difícil futuro que enfrenta nuestro país. Como argumenta David Brooks en una reciente columna para The New York Times vivimos en un mundo sin estructuras e identidades claras en el cual las instituciones de Estado son entes invertebrados que agravan la incertidumbre y la ansiedad, porque se despreocupan del interés de las mayorías. En México, su falta de compromiso aumenta el desamparo de los millones de víctimas reales o potenciales.
Para la protección de derechos, México ha creado uno de los sistemas burocráticos e ineficientes más grandes del mundo. Los miles de millones de pesos que consumen cada año sirven de bastante poco. Esta realidad redefine la agenda de la ciudadanía consciente. Sin obsequiar cheques en blanco tenemos que empezar a diferenciar entre las instituciones. Algunas, como la CNDH o el Consejo Consultivo del INAI, deben ser respaldadas y apoyadas para que profundicen en su compromiso a favor de las víctimas.
Están luego los bultos burocráticos que son candidatos a su refundación para que cumplan con su mandato. Las elecciones de Coahuila y el Estado de México muestran la urgencia de una cirugía mayor en los árbitros electorales. El Consejo General del INE ya hizo suficientes méritos para ser sustituido antes de la elección de 2018. Pese a su actual ofensiva de relaciones públicas es un peligro para la democracia; es un instrumento de la elección de Estado. Los siete comisionados del INAI tienen, en la investigación sobre espionaje, la oportunidad de iniciar su reconversión o confirmar su vocación de bulto.
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