Pareciera que estamos en la peor etapa del último decenio. Los asesinatos aumentan, las desapariciones se cuentan por miles; los feminicidios son la “última noveda”, el delito de “moda” en el Estado de México; pero en otras entidades, como Veracruz, Guerrero, Michoacán o Tamaulipas, siguen también dándole “vuelo a la hilacha” los criminales.
Ya está por demás decir que nuevamente, la ONU le hizo al gobierno mexicano 14 recomendaciones en materia de derechos humanos, algo que ya es una bonita costumbre y que las autoridades han aprendido a “capotear”, sin que en realidad cambien las cosas.
Lo peor de todo esto –aunque parezca increíble, todavía hay peores-, es que ya es imposible esconder las evidencias de las participaciones de las fuerzas del orden en crímenes contra la sociedad.
De los más famosos, primero Tlatlaya, después Iguala, así como casos emblemáticos de Guerrero y Veracruz, en donde se ha comprobado la participación de policías –de cualquier nivel- involucrados en casos de secuestros y desapariciones forzadas de ciudadanos.
Pero Veracruz es un caso emblemático, ya que ha sido –y sigue siendo- el escenario de una las más crueles historias de desapariciones, asesinatos y entierros en fosas clandestinas, tal vez como nunca se ha visto en la historia de México.
Esto no sería nuevo, ya que Tamaulipas o Coahuila sucede algo parecido, pero lo que pasa en Veracruz es la muestra de cómo ha evolucionado la influencia y corrupción de los grupos criminales en las corporaciones policiacas.
“Los agentes del estado privaron de la libertad a decenas de personas y ocultaron el paradero de sus víctimas durante los últimos cuatro años, aunque fue a partir de junio de 2014 cuando legalmente se creó el delito de desaparición forzada en la entidad”, dijo El Universal.
En un reportaje llamado Impunidad. Policías de Veracruz, detrás de desapariciones, señala que de 2013 a octubre de 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas del estado, tienen 87 averiguaciones por estos delitos y en 54 de ellas hay señalamientos de la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Parece una cifra menor ante la ola de violencia que azota a Veracruz, pero es significativo cuando se coloca en un contexto donde el 92% de los casos de personas desaparecidas durante la última década en ese estado, ocurrió en la administración del gobernador prófugo de justicia, Javier Duarte de Ochoa.
En total, las cifras oficiales señalan que hay 706 registros de personas desaparecidas en Veracruz en los últimos seis años, pero organizaciones sociales como Solecito, señalan que en realidad son al menos el doble de casos, es decir, 1500 desapariciones.
Pero el punto trascendental aquí radica en el hecho de las organizaciones criminales no solamente infiltran a su gente en las organizaciones policiacas, sino que realidad se han convertido en los guardianes de la seguridad de la sociedad, pero a su manera; ellos deciden a quien matar, secuestrar o desaparecer.
Cabe recordar el caso de los Beltrán Leyva en Morelos, que infiltraron a la policía estatal a tal punto, que ellos controlaban todo lo que sucedía en materia de seguridad en la entidad. Y siguiendo esa escuela, Guerreros Unidos y Los Rojos –escisiones de este grupo-, siguieron utilizando este método y prueba de ellos es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De esta manera, ¿a quién puede acudir la sociedad para protegerse de los criminales? ¿A quién se le puede denunciar un delito y que esto no ponga en riesgo la vida de víctima? ¿Cómo confiar en los policías, si muchos de ellos son los “halcones” de los grupos criminales o en el peor de los casos, el grupo ejecutor de secuestros, asesinatos y ejecuciones?
Quiero creer que hay policías limpios, honrados y honorables, pero es obvio que ellos no han podido cambiar la tendencia que ha llevado a las instituciones de seguridad a un hoyo profundo de corrupción y violencia en todo el país.
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