El lunes de esta semana se publicó en un diario de circulación nacional un desplegado del actual Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, solicitando la intervención urgente del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que actúe en contra de las acciones que está tomando el Gobernador Javier Duarte en el estado para blindarse de todos sus actos de corrupción.
No recuerdo haber leído algo similar en la prensa, ni cuando Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales en contra del PRI, ni cuando el PRI recuperó la Presidencia de manos de Felipe Calderón.
En el paquete legislativo, el gobernador de Veracruz pretende nombrar a uno de sus incondicionales como “Fiscal para Combatir la Corrupción” (sic), inamovible por 5 años. Asimismo, pretende el nombramiento de 3 Magistrados de una “Sala Especializada para combatir la corrupción” (sic) a partir de una sola terna propuesta por el propio Gobernador, inamovibles por 10 años. De igual forma, el gobierno veracruzano se niega a entregar la Cuenta Pública 2015 y pretende reformar la Constitución para adelantar la fecha de aprobación de la misma, de tal forma que sea la actual Legislatura de mayoría priista la que la revise y no la siguiente Legislatura, que será de integración plural. Yunes acusa a Duarte de negarse a proporcionarle información para iniciar la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, que debe aprobarse por la nueva Legislatura en noviembre.
En materia financiera, Duarte pretende incrementar mediante una reforma constitucional el presupuesto de diversas instituciones públicas con cifras absolutamente imposibles de cubrir por el propio gobierno, al que se entregará un Veracruz en bancarrota. De igual forma pretende dejar de base a todos los trabajadores del Estado a partir de Subdirector, lo que implicaría un incremento imposible de cubrir en términos de sueldos y prestaciones y mantendría en la nómina a decenas de miles de “aviadores”. También pretende exentar el pago de impuestos, disminuyendo las posibilidades de recaudación del gobierno entrante, y se niega a entregar la Cuenta Pública 2015 al Congreso del Estado, lo que provocó que el pasado 17 de junio la calificadora HR Ratings bajara la calificación de la deuda de Veracruz y señalara la posibilidad de incremento de tasas de interés y vencimientos anticipados, lo que representaría una afectación irreparable a las finanzas de los veracruzanos.
Javier Duarte pretende destruir el Estado de Veracruz. Un estado donde la Auditoría Superior de la Federación ha detectado el desvío de más de 50 mil millones de pesos de recursos públicos. Duarte pretende no rendir cuentas y salir impune de su gobierno. Yunes pide a través de su cuenta de twitter la intervención del Presidente Peña, sin que hasta el momento haya ninguna respuesta.
En Quintana Roo está sucediendo lo mismo, Roberto Borge pretende salirse con la suya a través de la aprobación de diversos paquetes legislativos para designar nombramientos a modo. El gobernador electo Carlos Joaquín llama en un video a los diputados del Congreso a no traicionar la democracia, la voz del pueblo, sin embargo no fue escuchado.
No recuerdo haber leído algo similar en la prensa, ni cuando Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales en contra del PRI, ni cuando el PRI recuperó la Presidencia de manos de Felipe Calderón.
Yunes Linares enumeró y puso por escrito cada uno de los actos de corrupción que está llevando a cabo Javier Duarte:
En el paquete legislativo, el gobernador de Veracruz pretende nombrar a uno de sus incondicionales como “Fiscal para Combatir la Corrupción” (sic), inamovible por 5 años. Asimismo, pretende el nombramiento de 3 Magistrados de una “Sala Especializada para combatir la corrupción” (sic) a partir de una sola terna propuesta por el propio Gobernador, inamovibles por 10 años. De igual forma, el gobierno veracruzano se niega a entregar la Cuenta Pública 2015 y pretende reformar la Constitución para adelantar la fecha de aprobación de la misma, de tal forma que sea la actual Legislatura de mayoría priista la que la revise y no la siguiente Legislatura, que será de integración plural. Yunes acusa a Duarte de negarse a proporcionarle información para iniciar la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, que debe aprobarse por la nueva Legislatura en noviembre.
En materia financiera, Duarte pretende incrementar mediante una reforma constitucional el presupuesto de diversas instituciones públicas con cifras absolutamente imposibles de cubrir por el propio gobierno, al que se entregará un Veracruz en bancarrota. De igual forma pretende dejar de base a todos los trabajadores del Estado a partir de Subdirector, lo que implicaría un incremento imposible de cubrir en términos de sueldos y prestaciones y mantendría en la nómina a decenas de miles de “aviadores”. También pretende exentar el pago de impuestos, disminuyendo las posibilidades de recaudación del gobierno entrante, y se niega a entregar la Cuenta Pública 2015 al Congreso del Estado, lo que provocó que el pasado 17 de junio la calificadora HR Ratings bajara la calificación de la deuda de Veracruz y señalara la posibilidad de incremento de tasas de interés y vencimientos anticipados, lo que representaría una afectación irreparable a las finanzas de los veracruzanos.
Javier Duarte pretende destruir el Estado de Veracruz. Un estado donde la Auditoría Superior de la Federación ha detectado el desvío de más de 50 mil millones de pesos de recursos públicos. Duarte pretende no rendir cuentas y salir impune de su gobierno. Yunes pide a través de su cuenta de twitter la intervención del Presidente Peña, sin que hasta el momento haya ninguna respuesta.
Presidente @EPN, si en verdad quiere combatir la corrupción, en Veracruz le tomamos la palabra. #QueNoSeEscapeDuarte https://t.co/47hXFspctd— Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) 27 de junio de 2016
En Quintana Roo está sucediendo lo mismo, Roberto Borge pretende salirse con la suya a través de la aprobación de diversos paquetes legislativos para designar nombramientos a modo. El gobernador electo Carlos Joaquín llama en un video a los diputados del Congreso a no traicionar la democracia, la voz del pueblo, sin embargo no fue escuchado.
Recientemente, el Congreso local a modo, con mayoría priista, del partido verde y el Panal, sesionó bajo fuertes medidas de seguridad y a puerta cerrada en el lujoso hotel Royalton Riviera Cancún, donde se designó a Javier Félix Zetina González, primo del ex gobernador y actual senador Félix Arturo González Canto, como titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo. En la misma sesión, se ratificó al actual Procurador Carlos Arturo Álvarez Escalera por siete años en la recién creada Fiscalía General del Estado, y ahí podría quedarse otros nueve años. Sobre ambos pesan acusaciones de corrupción y violación a los derechos humanos.
En Chihuahua se cocina otra dosis similar. El gobernador electo, el panista Javier Corral amenaza con quitarle a César lo que no es del César, en clara alusión al gobernador priista César Duarte. El blanquiazul quiere castigar el enriquecimiento inexplicable del tricolor, además del endeudamiento del Estado.
Estas artimañas de aprobar “paquetes de impunidad” se viven en los tres estados donde los gobernadores electos prometieron meter a la cárcel a los actuales por delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y los que resulten. El gobierno federal no debe de guardar silencio, ni mucho menos apoyar este tipo de iniciativas. Hoy la sociedad exigimos mayor transparencia, menor corrupción, ya veremos si somos escuchados o triunfa de nueva cuenta la impunidad en este país.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Comentarios
Publicar un comentario
Hacer un Comentario