De los recientes sucesos relacionados con la Reforma Educativa y el proceso de evaluación, las protestas de la CNTE son las más recordadas (68%). Medianamente se sabe tanto del aval de la Suprema Corte de Justicia a la evaluación magisterial (enterados, 46%) como también del rechazo del máximo tribunal a los amparos presentados por la disidencia magisterial (enterados, 45%). La aplicación a escala nacional de la evaluación para optar por puestos directivos y de supervisión es algo menos conocida (42%).
El aval de constitucionalidad de la Suprema Corte a la evaluación magisterial es ampliamente respaldado (acuerdo/en parte, 78%) (gráfica 1). De igual manera se recibe bien la negativa de este tribunal a los amparos presentados por la CNTE (acuerdo/en parte, 76%) (gráfica 2).
Como reflejo de lo anterior, la evaluación educativa puesta en marcha por las autoridades de la SEP y el INEE es ampliamente respaldada por la opinión pública. 7 de cada 10 la apoyan (gráfica 3). Incluso se rechaza que el gobierno federal haya suspendido el reciente proceso evaluador en Oaxaca y partes de Michoacán y Chiapas por prudencia ante las protestas de la CNTE (decisión inadecuada, 59%) (gráfica 4). Es ampliamente conocido que la evaluación para ascensos a director o supervisor no se logró realizar en todo el país, pero también se identifica que la falta de aplicación de las pruebas sólo ocurrió en algunos estados (Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas).
Existe un sólido consenso entre los mexicanos en que el nuevo sistema de asignación de plazas basado en evaluación de conocimientos, habilidades y competencias es mejor que el anterior sistema de puntaje sobre méritos realizados y capacitaciones recibidas (87%) (gráfica 5).
Pese a que se sabe de la puesta en marcha de las evaluaciones al magisterio, la idea de que las plazas docentes se asignan por exámenes o evaluaciones dista todavía de predominar. Si bien 31% cree que se otorgan así, 35% sostiene que se dan en función de influencias, por “herencia” o porque se venden. Otro tercio no sabe cuál es el criterio que se emplea (gráfica 6). En el caso específico de los ascensos para ser directores o supervisores, de igual manera no existe una percepción predominante sobre cómo se otorgan. 17% piensa que se adjudican por examen, otro 17% cree que se dan por influencias y en menor medida también se opina que se asignan por algún criterio de mérito o capacitación, por antigüedad y escalafón o por herencia o compra.
Paulatinamente retrocede la impresión de nivel deficiente de la educación pública, percepción que había venido prevaleciendo en lo que va del sexenio. Actualmente 38% opina que la instrucción en escuelas públicas es mala o muy mala, 13 puntos menos que en septiembre de 2013. 30% piensa que es buena o muy buena y 28% la califica como regular (gráfica 7).
Vía: Excélsior.
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