Es claro que la reforma a la Constitución –para integrar un sistema nacional “anticorrupción” aprobada en lo general recientemente por el congreso– es un movimiento mediático más del congreso para ganar legitimidad en un contexto de putrefacción del imaginario legislativo; en especial en un periodo electoral tan importante como el actual.
Son innumerables los casos de corrupción que han manchado la honorabilidad del legislativo y del ejecutivo. Escándalos tan vergonzosos que no tiene caso enlistar pero que representan la inverosímil realidad del estado mexicano y que van desde casos de promiscuidad, hasta fraudes e incluso trata.
En un sistema partidista cada vez más centralizado, donde los del partido “ecologista” son cazadores, los “conservadores” son exhibidos en video-escándalos sexuales, la “izquierda” tiene a ilustres ignorantes y corruptos y el #PRI... es el PRI, no se puede esperar que el cambo parta de la supuesta institucionalidad de los partidos.
Dice Noroña que clasificar a los políticos en el mismo rango de corrupción es erróneo y podríamos aceptar el argumento. En el servicio público pueden existir personas honorables y valiosas, no obstante, está claro que el sistema gubernamental atraviesa una crisis estructural, lo cual implica que el aparato del estado tenga deficiencias y limitaciones que le impiden renovarse a sí mismo. Más aún, como lo han señalado los teóricos de la nueva gestión pública, el sistema es incapaz en sí mismo de proveer bienestar social por sus propios medios; necesita de forma indiscutible la participación ciudadana.
Si hablamos de rendición de cuentas (accountability), definitivamente el estado no puede exponer toda su información. En materia de seguridad existen innumerables razones para que el estado mantenga la secrecía. No obstante hoy más que nunca es imprescindible que los gastos de los gobiernos, los procesos de licitación y la transparencia de las acciones de los actores políticos sea una realidad. Es una obscenidad que el presidente tenga una casa de la constructora favorita de sus gobiernos y que esta firma esté asociada con gobernadores presuntamente implicados en casos de enriquecimiento ilícito; es grotesco que los alcaldes terminen su mandato en la opulencia absurda y los municipios con endeudamientos millonarios y que los puestos de elección popular estén destinados a la oligarquía que se favorece de sus opacos acuerdos.
Según lo anterior es importante tomar en cuenta dos aspectos importantes:
Son innumerables los casos de corrupción que han manchado la honorabilidad del legislativo y del ejecutivo. Escándalos tan vergonzosos que no tiene caso enlistar pero que representan la inverosímil realidad del estado mexicano y que van desde casos de promiscuidad, hasta fraudes e incluso trata.
En un sistema partidista cada vez más centralizado, donde los del partido “ecologista” son cazadores, los “conservadores” son exhibidos en video-escándalos sexuales, la “izquierda” tiene a ilustres ignorantes y corruptos y el #PRI... es el PRI, no se puede esperar que el cambo parta de la supuesta institucionalidad de los partidos.
Dice Noroña que clasificar a los políticos en el mismo rango de corrupción es erróneo y podríamos aceptar el argumento. En el servicio público pueden existir personas honorables y valiosas, no obstante, está claro que el sistema gubernamental atraviesa una crisis estructural, lo cual implica que el aparato del estado tenga deficiencias y limitaciones que le impiden renovarse a sí mismo. Más aún, como lo han señalado los teóricos de la nueva gestión pública, el sistema es incapaz en sí mismo de proveer bienestar social por sus propios medios; necesita de forma indiscutible la participación ciudadana.
Si hablamos de rendición de cuentas (accountability), definitivamente el estado no puede exponer toda su información. En materia de seguridad existen innumerables razones para que el estado mantenga la secrecía. No obstante hoy más que nunca es imprescindible que los gastos de los gobiernos, los procesos de licitación y la transparencia de las acciones de los actores políticos sea una realidad. Es una obscenidad que el presidente tenga una casa de la constructora favorita de sus gobiernos y que esta firma esté asociada con gobernadores presuntamente implicados en casos de enriquecimiento ilícito; es grotesco que los alcaldes terminen su mandato en la opulencia absurda y los municipios con endeudamientos millonarios y que los puestos de elección popular estén destinados a la oligarquía que se favorece de sus opacos acuerdos.
Según lo anterior es importante tomar en cuenta dos aspectos importantes:
1. Un sistema corrupto no se compone a sí mismo. El sistema está dañado de forma estructural por la corrupción y de éste escenario infestado no puede surgir (per se) un nuevo escenario de transparencia, son los ciudadanos organizados los que tienen la posibilidad de contribuir a la reestructuración del estado, pasando así de una democracia deficiente a una democracia verdaderamente floreciente.
2. La recomposición del estado mexicano tiene que ir de lo micro a lo macro. La macro-propaganda de un sistema mejor, ayuda a las células municipales a activarse, pero son éstas, las que deben activar el cambio en México. Es en la municipalidad donde pueden surgir de forma más evidente las expresiones de participación ciudadana, exigencias de rendición de cuentas, exigencias de parte de la sociedad para que se creen los mecanismos adecuados de participación de los actores ciudadanos.
La movilización, más que en las calles debe virar hacia las casa de los ciudadanos, estableciendo redes y exigiendo a los candidatos a puestos de elección popular entrevistas y debates públicas. La ciudadanía debe silenciar a los paleros de los partidos que intenten “reventar” éste tipo de expresiones democráticas.
Si los mexicanos estamos dispuestos a avecinarnos a los ríos de la democracia debemos asumir que el modo de hacer política debe cambiar. En este escenario, es vergonzoso que la visita de los candidatos a las colonias, sea organizado por el mismo equipo del candidato y que la presencia de los candidatos esté ataviada por una lógica de panem et circenses. En una democracia competitiva, los ciudadanos deben prepararse para recibir a los candidatos, no para esperar de ellos una dádiva, ni para aplaudir indiscriminadamente, sino para hacer acuerdos reales que constituyan plataformas factibles de desarrollo en acciones concretas.
La única posibilidad de una verdadera accountability sólo puede emanar de una sociedad organizada con ciudadanos honestos que diseñen los métodos de vigilancia y fiscalización claros. Fuera de esto, la democracia estará perdida.
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