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Así lo dijo a Excélsior el administrador general de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ernesto Luna Vargas, quien estimó que esas firmas de outsourcing “indebido” evadieron impuestos por 79 mil 236 millones 800 mil pesos, equivalentes a 40 por ciento del valor de los contratos, y afectando a unos 230 mil empleados.
Explicó que la evasión fiscal, estimada en 40 por ciento del valor de los contratos, es conservadora y resulta del no pago de una tasa promedio de 25 por ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otra de 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es la que regía antes de 2014, lo que sugiere que el fraude al fisco podría ser mayor.
Podríamos decir de manera, a lo mejor un tanto simplona, que de esos 198 mil 92 millones de pesos, pues estamos hablando de IVA acreditable del 15 por ciento de ese importe… y las retenciones de ISR, podríamos calcularlo –dependiendo de las diferentes tasas– pero poniendo una de 25 por ciento en promedio, eso podría darnos una cifra aproximada de evasión fiscal”, a lo que se debe sumar el no pago de cuotas al IMSS y al Infonavit.
–¿Entones estamos hablando de una evasión de por lo menos 40 por ciento del valor de los contratos, más lo que resulte por el no pago de cuotas patronales al IMSS y al Infonavit?, se le preguntó.
–“Es correcto. Más o menos, es un aproximado”, confirmó el funcionario.
Integran grupo institucional
Reveló que se conformó un grupo integrado por representantes del SAT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del
Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores y la Procuraduría para la Defensa de los Trabajadores (Profedet), el cual se reúne cada mes para intercambiar información y determinar acciones para combatir el problema, cada uno desde el ámbito de su competencia pero de forma integral.
Asimismo, dio a conocer que como resultado de dichas acciones, están en proceso 187 actos de fiscalización, se han realizado y concluido 819 auditorías, cobrado 900 millones de pesos y emitido créditos fiscales por alrededor de 28 mil millones de pesos.
Luna Vargas reveló que el outsourcing “indebido” se presenta en prácticamente todos los giros de la actividad laboral y se relaciona o está vinculado con la realización de operaciones simuladas que sanciona el artículo 69 b del Código Fiscal de la Federación.
Hay empresas que trasladan nómina a prestadores de servicios de tercerización laboral que realizan prácticas de outsourcing indebido pero también un gran número de supuestas compañías que ya ni siquiera trasladan nómina, sino que nacen exclusivamente para simular operaciones, dijo Luna.
En ese tema, ya hemos publicado 69 empresas prestadoras de servicios que se dedicaban a realizar operaciones simuladas por 112 mil 126 millones de pesos relacionadas con 10 mil 871 contribuyentes y aquí el perjuicio es de 30 por ciento en Impuesto Sobre la Renta y 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, 45 por ciento, en total” .
Problema vigente y creciente.
Los datos proporcionados por Luna Vargas sugieren que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, específicamente respecto al outsourcing, no resolvió la práctica ilegal de la tercerización, la cual implica, además de violación a los derechos de los trabajadores, evasión fiscal.
Según información proporcionada en 2011 por el propio SAT y por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), en México existen muchas empresas de servicios de personal que trabajan bajo esquemas desleales que en aquel entonces ya evadían 3 mil 800 millones de pesos al año por no enterar de las retenciones de salarios a los trabajadores.
Si se multiplica esa cantidad por siete, que es el número de años que comprende el periodo de 2008 a 2014 evaluado por Luna Vargas, da como resultado 26 mil millones de pesos, cantidad significativamente inferior a la evasión estimada por el funcionario para ese mismo lapso en más de 79 mil millones de pesos.
Al 31 de octubre de 2011, el SAT había generado más de 750 auditorías y determinado adeudos por cerca de 25 mil millones de pesos, pero estos números aumentaron a 819 y 28 mil millones de pesos, respectivamente, en 2014, según lo dicho por Luna Vargas, lo que sugiere que el SAT se esfuerza más por combatir el problema.
Ven fracaso de marco legal
Promulgada el 30 de noviembre de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, la nueva Ley Federal del Trabajo no ha tenido impacto en el tamaño, estructura y prácticas de la industria del outsourcing, según Héctor Márquez Pitol y Carlos de la Fuente, director comercial para México y Centro América de Manpower Group, y Carlos de la Fuente, socio director de Servicios de Seguridad Social de EY, respectivamente.
En julio de 2011, es decir, casi año y medio antes de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma, en México operaban entre dos mil y tres mil empresas de tercerización laboral, de las cuales sólo 693 estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo y de éstas nada más 16 estaban afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que presidía Mónica Flores, directora de Manpower México, y en conjunto generaban 125 mil empleos.
Actualmente operan entre dos mil y tres mil empresas de tercerización, de las cuales sólo alrededor de 693 están registradas ante la Secretaría del Trabajo, y de éstas nada más 18 están afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que preside Armando Leñero, y en conjunto generan aproximadamente 150 mil empleos equivalentes a casi 1 por ciento del total de plazas registradas en el IMSS.
Leñero y Mónica Flores no estuvieron disponibles para hablar con Excélsior.
De la Fuente aseguró que del universo total de empresas de tercerización que hay en México, sólo las afiliadas a la AMECH operan dentro del marco legal vigente en la materia y cumplen con el pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores, así como con las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit.
El subregistro
Al margen de éstas, es decir, fuera de la AMECH, existe todo un sector agresivo que todo mundo sabe que existe pero nadie ha censado porque cambia constantemente de dirección y de razón social, que opera al margen de la ley, viola los derechos de los trabajadores y elude e incluso evade el pago de cuotas al Infonavit y al IMSS.
Siendo muy precisos, todavía los resultados (de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, específicamente en materia de outsourcing) todavía no se ven”, concluyó el experto.
Respecto a la nueva Ley Federal del Trabajo, en particular sobre la parte que regula el outsourcing, Márquez Pitol comentó que “el mercado de tercerización laboral no ha crecido ni ha sido afectado por la ley… no hay una afectación al mercado ni negativa ni positiva.
Explicó que el universo de empresas que no forman parte de la AMECH, incluso las que no están registradas ante la Secretaría del Trabajo, no son ilegales en el estricto sentido de la palabra, porque operan bajo el amparo de alguna figura legal permitida, como pueden ser sindicatos, cooperativas, incluso despachos contables pero cuya actividad preponderante no es la tercerización laboral y por tanto no están obligadas a pagar sueldos y salarios a los trabajadores ni cuotas al IMSS y al Infonavit, lo que les permite no la evasión propiamente dicha, sino la elusión de las mismas.
Todas estas compañías son legales pero le pagan a la gente por honorarios, con pólizas de seguros, con premios de productividad laboral y de muchas otras formas, a través de sindicados, de cooperativas; en fin, lo que están haciendo es buscar y encontrar huecos en la ley para colarse por ahí para eludir el pago de impuestos”.
Vacíos de la ley
Según Márquez, es muy difícil que las autoridades demuestren que ese tipo de compañías, entre comillas, operan al margen de la ley, porque operan bajo una figura legal que les permite hacer lo que hacen sin consecuencias.
“El gran problema de fondo es que se hicieron tantos esquemas de sociedades y de pagos, que quienes buscan la forma de pagar menos impuestos o de no pagarlos, la encuentran de manera legal, pero no se vale quitarle la seguridad social y demás prestaciones al empleado.”
Estimó que el mercado de las empresas de tercerización que no están registradas ante la Secretaría del Trabajo es de 4 a 6 veces más grande, en comparación con el de aquellas que sí lo están.
Vía: Dinero.
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