Los dichos de una testigo de lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014:
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban…
“Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’ (…) luego los paraban así en hilera y los mataban (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban sus quejidos”. Es la versión de lo ocurrido a las 3 de la madrugada según “Julia” –nombre falso- y fue publicada en la revista Esquire el 19 de septiembre pasado.
Esto ya se ha convertido en un problema serio para el presidente Peña Nieto porque pone en entredicho el ya muy cuestionado sistema de seguridad pública en el que interviene el Ejército Mexicano y genera la pregunta de, si esta versión es verdad ¿cuántos hechos como este pudieron haber ocurrido ya en la lucha del gobierno federal en contra del crimen organizado?
Lo cierto hasta ahora es que ese día en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, en una bodega hubo 22 muertos (21 hombres y una joven de 16 años); todos los varones, según la versión oficial, miembros de la delincuencia organizada que enfrentaron al Ejército. Un militar herido leve. En tanto que se liberó a tres mujeres a las que “se tenía secuestradas”. Una de ellas, madre de la joven muerta, es la testigo presencial.
El dilema también estriba en que el Ejecutivo no querrá tener problemas con el mando militar, con el que se maneja con extremo cuidado; mientras que el Ejército no estará dispuesto a caer en el entredicho de su actuación fuera de los límites de los derechos humanos, los que, según el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dice garantizar.
La investigación que se lleva a cabo deberá garantizar que no se rompa el hilo conductor y que, al mismo tiempo se haga justicia.
También está en entredicho la participación informativa de los medios en México: impresos, electrónicos o digitales: la información de lo ocurrido comenzó a publicarse fuera del país en tono más de reportaje que de nota informativa –como ocurrió aquí-. Los controles informativos de la Presidencia de la República hacen mella en la credibilidad del gobierno.
La Revista Esquire asignó a Pablo Ferri Tórtola para la investigación periodística que de inmediato se divulgó en el mundo. Antes, el primero de julio, apenas ocurridos los hechos, el diario español El País, publicó el envío de sus corresponsales en México: “El Ejército mexicano mata a 22 narcos en un enfrentamiento”… Nota que a lo largo de las semanas fue ampliando en base a los dichos de la testigo presencial. The Associated Press tomó el tema y lo distribuyó a los diarios estadounidenses más influyentes. Y de ahí la pregunta al presidente Peña Nieto en Nueva York durante su visita allá.
Así que tuvo que tronar la bomba fuera de México para que su impacto tuviera que ser atendido aquí. Acostumbrado como está el gobierno mexicano del señor Enrique Peña Nieto a guardar silencio informativo, o al control informativo, creyó que pasado el tiempo se habría de olvidar lo ocurrido en Tlatlaya.
The Associated Press le preguntó al presidente Peña Nieto respecto de los 22 muertos en Tlatlaya: “La Procuraduría General de la República está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta al tema”, prometió Ejecutivo mexicano.
Graves señalamientos todos estos. El Ejército mexicano se ha defendido e insiste en que lo ocurrido fue un enfrentamiento en el que murieron todos los presuntos delincuentes. Aun así, el viernes 26 de septiembre se supo que un oficial –teniente- y siete soldados que participaron en los hechos del 30 de junio, fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los ocho militares se encuentran en la prisión del Campo Militar número 1, en el D.F., y que será la Procuraduría General de Justicia Militar la encargada de llevar el expediente sobre el caso.
Todo esto “por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.
En Washington se sumaron las exigencias por esclarecer los hechos: Human Rights Watch y Amnistía Internacional pero, sobre todo, el Departamento de Estado de EUA, recordó a México que es necesario hacer una investigación “factible y creíble” a cargo de autoridades civiles.
Conviene esclarecer los hechos. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene en sus manos la posibilidad de mantener el alto índice de aceptación social mediante la verdad de los hechos y la puesta en ley de quienes hubieran cometido la presunta masacre.
El gobierno federal mexicano, al que le duele sobre todo la opinión exterior, tendrá que informar la verdad de lo ocurrido y su puesta en ley.
Es el mismo gobierno mexicano que hace apenas unos días prometió que enviará a miembros del Ejército mexicano a apoyar en labores humanitarias a la Organización de las Naciones Unidas, sin el permiso del Senado de la República aun. Vaya, pues.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban…
“Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’ (…) luego los paraban así en hilera y los mataban (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban sus quejidos”. Es la versión de lo ocurrido a las 3 de la madrugada según “Julia” –nombre falso- y fue publicada en la revista Esquire el 19 de septiembre pasado.
Esto ya se ha convertido en un problema serio para el presidente Peña Nieto porque pone en entredicho el ya muy cuestionado sistema de seguridad pública en el que interviene el Ejército Mexicano y genera la pregunta de, si esta versión es verdad ¿cuántos hechos como este pudieron haber ocurrido ya en la lucha del gobierno federal en contra del crimen organizado?
Lo cierto hasta ahora es que ese día en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, en una bodega hubo 22 muertos (21 hombres y una joven de 16 años); todos los varones, según la versión oficial, miembros de la delincuencia organizada que enfrentaron al Ejército. Un militar herido leve. En tanto que se liberó a tres mujeres a las que “se tenía secuestradas”. Una de ellas, madre de la joven muerta, es la testigo presencial.
El dilema también estriba en que el Ejecutivo no querrá tener problemas con el mando militar, con el que se maneja con extremo cuidado; mientras que el Ejército no estará dispuesto a caer en el entredicho de su actuación fuera de los límites de los derechos humanos, los que, según el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dice garantizar.
La investigación que se lleva a cabo deberá garantizar que no se rompa el hilo conductor y que, al mismo tiempo se haga justicia.
También está en entredicho la participación informativa de los medios en México: impresos, electrónicos o digitales: la información de lo ocurrido comenzó a publicarse fuera del país en tono más de reportaje que de nota informativa –como ocurrió aquí-. Los controles informativos de la Presidencia de la República hacen mella en la credibilidad del gobierno.
La Revista Esquire asignó a Pablo Ferri Tórtola para la investigación periodística que de inmediato se divulgó en el mundo. Antes, el primero de julio, apenas ocurridos los hechos, el diario español El País, publicó el envío de sus corresponsales en México: “El Ejército mexicano mata a 22 narcos en un enfrentamiento”… Nota que a lo largo de las semanas fue ampliando en base a los dichos de la testigo presencial. The Associated Press tomó el tema y lo distribuyó a los diarios estadounidenses más influyentes. Y de ahí la pregunta al presidente Peña Nieto en Nueva York durante su visita allá.
Así que tuvo que tronar la bomba fuera de México para que su impacto tuviera que ser atendido aquí. Acostumbrado como está el gobierno mexicano del señor Enrique Peña Nieto a guardar silencio informativo, o al control informativo, creyó que pasado el tiempo se habría de olvidar lo ocurrido en Tlatlaya.
The Associated Press le preguntó al presidente Peña Nieto respecto de los 22 muertos en Tlatlaya: “La Procuraduría General de la República está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta al tema”, prometió Ejecutivo mexicano.
Graves señalamientos todos estos. El Ejército mexicano se ha defendido e insiste en que lo ocurrido fue un enfrentamiento en el que murieron todos los presuntos delincuentes. Aun así, el viernes 26 de septiembre se supo que un oficial –teniente- y siete soldados que participaron en los hechos del 30 de junio, fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los ocho militares se encuentran en la prisión del Campo Militar número 1, en el D.F., y que será la Procuraduría General de Justicia Militar la encargada de llevar el expediente sobre el caso.
Todo esto “por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.
En Washington se sumaron las exigencias por esclarecer los hechos: Human Rights Watch y Amnistía Internacional pero, sobre todo, el Departamento de Estado de EUA, recordó a México que es necesario hacer una investigación “factible y creíble” a cargo de autoridades civiles.
Conviene esclarecer los hechos. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene en sus manos la posibilidad de mantener el alto índice de aceptación social mediante la verdad de los hechos y la puesta en ley de quienes hubieran cometido la presunta masacre.
El gobierno federal mexicano, al que le duele sobre todo la opinión exterior, tendrá que informar la verdad de lo ocurrido y su puesta en ley.
Es el mismo gobierno mexicano que hace apenas unos días prometió que enviará a miembros del Ejército mexicano a apoyar en labores humanitarias a la Organización de las Naciones Unidas, sin el permiso del Senado de la República aun. Vaya, pues.
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